El principal perpetrador de los ataques contra defensores del medio ambiente, por segundo año consecutivo, fue el Gobierno mexicano en cualquiera de sus tres niveles, al ser partícipe en 45 de los 108 eventos de agresión registrados por la asociación.
Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).– En el 2021 se registraron al menos 238 acciones agresivas en contra de defensores del medio ambiente en México, un incremento del 164.44 por ciento con respecto al 2020, según un informe realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda), por lo cual dicho año fue el más violento en el país desde 2014.
De acuerdo con la edición 2021 del «Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales», los eventos de agresión entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 fueron, al menos, 108 –un incremento del 66.15 por ciento con respecto al año anterior–, pero dentro de cada uno de estos eventos se pueden perpetrar varias agresiones de diversos tipos, lo que lleva la cifra de las acciones en sí a un total de 238.
En 16 de los eventos de agresión, se identificó al Gobierno federal como el perpetrador de los ataques; en 11 eventos al Gobierno junto con empresas; en 10 eventos a los gobiernos estatales; en nueve ocasiones a la delincuencia organizada, en seis a empresas privadas, en cinco a gobiernos municipales y en 42 no se pudo identificar al presunto agresor.
Es decir, en total, 45 de los 108 eventos de agresiones documentados, el Estado, en los tres órdenes y actuando por su cuenta o conjunto a otro agente, participó en los hechos; es decir, 41.7 por ciento de las veces del total. «Esto lo convierte, por segundo año consecutivo, en el agente agresor con mayor concurrencia en la perpetración de las agresiones contra las personas y comunidades defensoras ambientales», notó Cemda.
Luis Morales, defensor del estado de Morelos e hijo de Rodrigo Morales, defensor asesinado en septiembre de 2021, habla sobre la lucha de su padre y pide a las autoridades que den una respuesta y el caso no quede impune. pic.twitter.com/qmXtGFxuZu
— CEMDA (@CEMDA) March 29, 2022
Las y los integrantes de Cemda detallaron que la agresión más persistente fue la intimidación, con 65 registros (27.31 por ciento del total), seguida por el hostigamiento con 36 registros (15.13 por ciento), las amenazas con 31 registros (13.03 por ciento), las agresiones físicas con 24 registros (10.08 por ciento) y los homicidios con 22 registros (9.24 por ciento).
Se trata del tercer año consecutivo en el que incrementa el número de personas defensoras ambientales asesinadas, siendo 21 el número total de víctimas, siete más que en 2020.
«De esta manera, el año 2021 se ubica como el segundo lugar en agresiones letales desde el inicio de la labor de investigación del Cemda (2014), solo por detrás de las 29 personas defensoras víctimas de homicidio registradas en el 2017. Es así que, al menos, 58 personas defensoras ambientales han sido asesinadas en lo que va de la actual administración federal» de Andrés Manuel López Obrador, indicó la asociación en un comunicado.
El homicidio del defensor comunitario, Fidel Heras Cruz, no debe quedar impune. Sigue a Educa – Oaxaca en @laminuta para exigir justicia. https://t.co/CicW9KmmS4
— Centro Prodh (@CentroProdh) February 2, 2021
La mayor cantidad de homicidios se registraron en Oaxaca, con ocho personas asesinadas, de las cuales dos se tratan de «probables ejecuciones extrajudiciales». Se trata de Fidel Heras Cruz, Raymundo Robles Riaño, Noé Robles Cruz, Gerardo Mendoza Reyes, Jaime Jimenez Ruiz, Manuel Cartas Pérez, Jacinto Hernández Quiroz e Isidoro Hernández.
Después, siguen los estados de Guerrero con cuatro víctimas (Isaías Elacio Palma, Carlos Marqués Oyorzábal, Marco Antonio Arcos y Ramiro Ventura Apolonia), Sonora igualmente con cuatro (José de Jesús Robledo Cruz, María de Jesús Gómez Vega, Luis Urbano Domínguez Mendoza y Tomás Rojo Valencia, estos últimos dos pertenecientes a la nación Yaqui), y tres en Morelos (José de Jesús Sánchez García, Rodrígo Moralez Vázquez y Alejandro García Zagal).
Asimismo, Oaxaca encabeza la lista de mayores agresiones de otro tipo con 24, seguido de Yucatán y Sonora con 10 cada uno, y Guerrero y Morelos con ocho agresiones cada uno.
«El 46.3 por ciento de las agresiones fueron dirigidas hacia miembros de comunidades indígenas, seguido de un 27.8 por ciento dirigido hacia integrantes de organizaciones de la sociedad civil y, en tercer lugar, un 17.6 por ciento orientado hacia personas defensoras independientes», apuntó Cemda.
El mayor número de agresiones se registró en el sector minero, que representa el 17.6 por ciento del total documentado. El segundo lugar fue el sector hídrico con 18 (16.7 por ciento); seguido del sector de energía eléctrica con 17 (15.7 por ciento); en cuarto lugar el sector de vías de comunicación con 14 (13 por ciento) y en quinta posición se identificó al sector forestal con 12 eventos de agresión (11.1 por ciento del total).
Sin embargo, el número de ataques letales fue mayor en el sector de energía eléctrica, al registrarse ocho asesinatos, seguido del sector forestal con cinco, de las cuales dos se creen ser ejecuciones extrajudiciales.
CEMDA IDENTIFICA OBSTÁCULOS PARA DEFENSORES
La asociación indicó que algunos factores que explican la grave situación de violencia contra las comunidades y personas defensoras se encuentran: procesos en materia ambiental que no se realizan de manera legal, falta de respeto al derecho a la información, la participación y la autonomía, y una falta de apego al estándar de protección constitucionalmente instaurado.
Cemda destacó el decreto presidencial del 22 de noviembre de 2021, en el cual la administración federal «blindó» los proyectos estelares del Gobierno al considerarlos «como de interés público y seguridad nacional, así como prioritarias y estratégicas para el desarrollo nacional».
En segundo lugar, se registró la «lentitud y omisión del Poder Judicial para resolver los conflictos socioambientales que han sido llevados ante tribunales», que en algunos casos «contribuye a convalidar actos de criminalización en contra de personas defensoras». Finalmente, notó en un tercer lugar fiscalías que son omisas en su obligación de investigar los hechos de violencia y la ineficacia de los mecanismos de protección de personas defensoras.
