La esposa del exgobernador de Nuevo León alegó en su amparo la posible ejecución de una orden de aprehensión, detención y comparecencia en su contra, por lo que la demanda fue admitida.
Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo).- Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a Adalina Teresa Dávalos Martínez, esposa de Jaime Rodríguez Calderón, «El Bronco«, exgobernador de Nuevo León. Esta medida impide que se ejecute alguna orden de aprehensión en su contra por aquellos delitos que no requieren prisión preventiva.
Víctor Hugo Alejo Guerrero, Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León, fue quien admitió a trámite la demanda de garantías y posteriormente concedió el amparo, conocido como «buscador», para que no se le presente y sea obligada a comparecer.
La esposa del exgobernador alegó en su amparo la posible ejecución de una orden de aprehensión, detención y comparecencia en su contra, por lo que la demanda fue admitida.
El Juez llevará a cabo la audiencia constitucional el próximo 27 de abril para definir si el amparo se concederá o no. La audiencia incidental, en la que será definido si la suspensión debe permanecer vigente hasta que se dicte la sentencia de amparo, se hará hasta el 31 de marzo.
Este 22 de marzo, una Jueza federal admitió a trámite un nuevo amparo promovido a favor de Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco” y por ser exgobernador de Nuevo León, donde se impugna la privación ilegal de la libertad.
Ileana Guadalupe Eng Niño, Jueza Segundo de Distrito en Materia Penal con residencia en Monterrey, admitió a trámite la suspensión del plano quejoso planteado por el exgobernador.
En la demanda de amparo fue solicitada la protección de la justicia contra el Juez de Control de Oralidad Penal del Poder Judicial del estado de Nuevo León y otras autoridades.
Además, la Jueza otorgó un plazo de tres días para que Calderón Rodríguez ratifique el amparo y pidió a distintas autoridades a que rindan informes justificados.
Asimismo fue fijado para el 29 de marzo la celebración de la audiencia incidental en la que será definido si se concede la suspensión definitiva.
El pasado 17 de marzo, un Juez federal otorgó una suspensión al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, en contra de cualquier medida que pretenda mantenerlo incomunicado o que sea sometido a tortura.
Víctor Hugo Alejo Guerrero, Juez Primero de Distrito en Materia Penal de Nuevo León, concedió la demanda, no obstante, dejó en claro que dicha medida no implica que el exmandatario estatal pueda salir en libertad si la orden fue emitida por autoridades competentes.
“Por otro lado, en caso de haber surtido flagrancia o detención en caso urgente, entonces el quejoso deberá ser puesto de inmediato a disposición del Ministerio Público a efecto de que éste a su vez lo pongan a disposición del Juez competente, en un plazo que no podrá exceder de 48 o en el de 96 horas”, añadió el impartidor de justicia.
Jaime Rodríguez “El Bronco” fue vinculado a proceso por un Juez de control del Penal de Apodaca, en Nuevo León, por presunto desvío de recursos públicos, humanos y materiales para la recolección de firmas durante su campaña presidencial de 2018.
Sin embargo, aún queda pendiente el establecimiento de las medidas cautelares que determinaría el Juez, es decir, si el imputado enfrentará su proceso en libertad o en prisión como medida preventiva.
Jaime Rodríguez fue detenido el pasado 15 de marzo, en el municipio de General Terán.
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León fue quien realizó la aprehensión del exmandatario estatal cuando salía de un rancho, esto como resultado de la denuncia que presentó Samuel García Sepúlveda, actual Gobernador de la entidad, cuando era Senador por el supuesto desvío de recursos para las llamadas “broncofirmas”.
Tras su retención en el Penal de Apodaca, “El Bronco” obtuvo un amparo directo del Juzgado Primero de Distrito en Monterrey.
El arresto del exgobernador se ha dado por un caso conocido como el de las “broncofirmas” -que llevaba años en manos de la justicia-. Se trata de un supuesto desvío de recursos humanos y materiales para usar a funcionarios públicos del estado para captar las firmas necesarias para que Jaime Rodríguez pudiera contender a las elecciones a la Presidencia de México de 2018.
