Armando Linares rechazó los escoltas locales porque es habitual que la seguridad proporcionada por el mecanismo de protección del Gobierno federal esté vinculada a quienes amenazan.
CIUDAD DE MÉXICO, 17 de marzo (AP).— El periodista mexicano Armando Linares rechazó salir de su región tras el homicidio de uno de sus compañeros en enero, como le propusieron las autoridades federales, por lo que se quedó sin protección, aseguró el jueves el Subsecretario de Seguridad Publica de México.
Linares, asesinado a balazos en su domicilio el martes en la localidad occidental de Zitácuaro, es el noveno comunicador que matan en México en lo que va de año.
Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública federal, insistió el jueves en que Linares, director del portal Monitor Michoacán, rechazó «cualquier medida de protección» a diferencia de dos compañeros que fueron sacados del estado. «Desafortunadamente Armando, no obstante las múltiples gestiones que se hicieron, no quiso sujetarse a este mecanismo».
Sacar a un defensor o periodista de su lugar de origen suele ser una de las medidas contempladas por el mecanismo federal de protección pero en algunos casos los afectados no quieren. También es habitual que puedan rechazar escoltas locales porque los consideran vinculados a quienes les amenazan.
Balbina Flores, representante de la ONG Reporteros Sin Fronteras en el país, aclaró que lo que Linares rechazó fue la «extracción», es decir, que lo sacaran de Michoacán. «Cuando un periodista no acepta desplazarse, cosa que sucede, recomendamos inmediatamente implementar otras medidas: escoltas, chalecos antibalas y seguridad en su domicilio», explicó a la AP. «En otros casos hemos logrado que se den estas medidas pero el mecanismo privilegia la extracción».
La familia reconoció que no quería irse y él mismo en un video tras el asesinato de su compañero se mostraba dispuesto a seguir informando desde su pueblo. «No sé qué vaya a pasar», decía, pero «vamos a seguir señalando corrupciones… aunque la vida nos vaya en ello».
En aquel momento, la noche del 31 de enero, horas después del asesinato Roberto Toledo, colaborador de Monitor Michoacán, Linares dijo a The Associated Press, que las amenazas continuaban y que las autoridades le habían activado el mecanismo de protección asignándole efectivos de la Guardia Nacional para su custodia. Rosa Elena Pedraza, su esposa, confirmó el miércoles a la AP que la seguridad la tuvo por un mes, pero luego se la retiraron alegando que «si todo está tranquilo, quitan la protección».
A unos metros de su féretro y con ojos llenos de lágrimas, Pedraza recordó que «mis hijos siempre le decía que se fuera, que no se quedara aquí», pero que Linares siempre les respondía «pues no me voy a callar, me quedo».
