El partido oficial y sus aliados aprobaron un decreto que redefine el concepto de Propaganda Gubernamental, por lo cual aquella información que servidores públicos den sobre la Revocación de Mandato no sería considerada como contraria a la ley durante la veda electoral. El dictamen pasará al Senado de la República para su discusión.
Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).– La bancada de Morena y aliados en la Cámara de Diputados aprobaron en fast-track una iniciativa que permite que el partido oficial y el Presidente Andrés Manuel López Obrador promuevan la Revocación de Mandato, al haber establecido que la difusión de la consulta no es considerada propaganda.
Según el decreto, el concepto de Propaganda Gubernamental no engloba aquella «información de interés público», por lo que, argumenta el documento, los y las servidoras públicas podrían hablar sobre la Revocación de Mandato, programada para el próximo 10 de abril.
La iniciativa fue aprobada en lo general con 268 votos a favor de Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); 213 en contra y cero abstenciones.
Después de la discusión, el Partido Acción Nacional (PAN) interpuso una reserva, misma que fue desechada por el oficialismo y aliados, por lo que el dictamen pasará a discusión en el Senado de la República.
Inicia la discusión, en lo particular, del proyecto de decreto que interpreta el alcance del concepto de Propaganda Gubernamental, contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en la Ley Federal de Revocación de Mandato. https://t.co/v0D1vm3PXk
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 10, 2022
El proyecto fue presentado por los diputados Mario Rafael Llergo Latourerie, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE); el coordinador parlamentario Moisés Ignacio Mier Velazco y el Presidente de la Mesa Directiva, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, todos del partido oficialista.
Según lo aprobado, la Propaganda Gubernamental se entenderá como: «el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas, bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin, por un ente público».
Asimismo, se hizo énfasis en que «las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables» y la «información de interés público» no constituyen Propaganda Gubernamental.
Gutiérrez Luna aclaró que la propuesta contempla que la Propaganda Gubernamental está relacionada con el uso de recursos públicos, por lo que aquellas opiniones, manifestaciones o comentarios emitidos por servidores públicos no se contemplará como tal. De esta manera, expresó, se privilegia el acceso a la información de interés público y el derecho a la libertad de expresión.
Jorge Álvarez Máynez, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), presentó una moción suspensiva para el decreto bajo el argumento de que existe una prohibición de cambiar la ley electoral 90 días antes de un proceso, y la propuesta fue presentada a menos de 30 días de la consulta de Revocación de Mandato.
La única reserva que sí fue aceptada fue la de los diputados morenistas Pablo Amílcar Sandoval y Mario Llergo, quienes propusieron un cambio de forma y no de fondo que lee:
«La debida aplicación de recursos públicos, entendidos como la instrucción a personas servidoras públicas subordinadas por el cargo que se ejerce; la aplicación de recursos financieros para el pago directo de, o la ocupación de cualquier tipo de bien material propiedad pública bajo su cargo o con acceso a éste. Lo anterior deberá cumplirse de manera absolutamente ajena a la realización de reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, aquellos actos que impliquen apoyo a personas aspirantes, precandidatas, candidatas o a partidos políticos antes, durante o después de campañas electorales, además de las que mencionen expresamente ambas leyes”.
