La organización indicó que el Poder Legislativo de México no ha tomado las medidas necesarias para garantizar la recuperación de especies sobreexplotadas, a pesar de que sigue otorgando permisos sin asegurar que haya «qué pescar».
Moscú, 17 de febrero (RT).– La organización ambientalista Oceana demandó al Congreso mexicano por «omisión legislativa», después de que hace 15 años se aprobara la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, sin establecer garantías para evitar el deterioro de las especies marinas.
En la demanda de amparo, que fue presentada ante el Juzgado de Distrito número 6 en materia Administrativa Federal, la oficina en México de Oceana —una organización internacional dedicada a proteger los océanos del mundo— argumentó cinco omisiones del Poder Legislativo.
La omisión más importante es que el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron una legislación que habla de volumen, productividad y participantes del mercado, pero no garantiza la recuperación de las especies sobreexplotadas. El texto, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de julio de 2007, tampoco ha sido modificado para corregir ese rezago en seis legislaturas.
«Este abandono se lo estamos acreditando al Poder Legislativo (…) por su omisión de no garantizar que va a haber peces en el agua», dice el director de Pesquerías de Oceana, Esteban García-Peña, en entrevista con RT.
El especialista refiere que a diferencia de las leyes de Desarrollo Forestal y Aguas Naturales, la de Pesca y Acuacultura Sustentables es la única legislación «que tutela un recurso natural y que no establece el mandato de recuperar ese recurso natural».
Desde la organización acusan que la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca), la autoridad encargada de administrar y gestionar la actividad pesquera, se centra en «dar permisos para pescar, sin saber si hay peces».
ESPECIES EN GRADO DE DETERIORO
García-Peña explica que, en promedio, el 40 por ciento de las especies de importancia pesquera se encuentran en algún grado de deterioro, ya sea por sobreexplotación o porque sus poblaciones «no aguantan el esfuerzo pesquero».
El daño no afecta por igual a todas las actividades o especies. En el caso de la pesca industrial —como el camarón, la sardina y el atún—, existe una cuota de captura y planes de manejo. No obstante, el deterioro afecta al 75 por ciento de las especies pesqueras, de las cuales dependen, en su mayoría, «los pescadores más pobres de este país, que son los pescadores artesanales», apunta García-Peña.
En el informe de Oceana de 2019, titulado «Auditoría pesquera: pescando a ciegas», la organización documentó una contradicción de las autoridades en el sector. La Carta Nacional Pesquera (CNP), que concentra la información técnica de las especies y, por lo tanto, determina el manejo pesquero con base en los recursos disponibles, recomendó no incrementar el esfuerzo pesquero en al menos 80 por ciento de las pesquerías —las sobreexplotadas y las aprovechadas al máximo—.
Sin embargo, a partir de 2011 se registró un incremento exponencial en la extracción pesquera, y en 2016 fue el año en que Conapesca otorgó más permisos de pesca (5 mil 115) y autorizó el mayor número de embarcaciones (26 mil 720).
EL MERO
García-Peña pone como ejemplo el caso del mero, una especie de gran importancia para los pescadores artesanales del estado de Yucatán, al sureste de México, y de cuya actividad dependen unas 20 mil familias.
«Desde hace 22 años se encuentra clasificado en la Carta Nacional Pesquera como en deterioro y no se ha implementado una sola técnica para su recuperación, a tal grado que hace 20 años se capturaban un promedio de 12 mil toneladas anuales de mero; los últimos años no han llegado ni a las mil 500 toneladas», dice el especialista.
Es en este contexto que García-Peña califica como un «absurdo» que la Conapesca únicamente se dedique a dar permisos, «pero no se asegura de que va a haber qué pescar».
La demanda de amparo que presentó Oceana fue admitida por un Juez de distrito en los cinco actos reclamados y la organización está a la expectativa del proceso. Aún resta la audiencia constitucional, el desahogo de pruebas y el recurso de revisión, en caso de no recibir una respuesta favorable.
«Estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para garantizar que el Legislativo va a hacer una ley que recupere la riqueza del mar», concluye García-Peña.
