A la par de que el país debate sobre si privados o públicos deben controlar la energía, un cuarto de los hogares mexicanos no tiene acceso a alguna necesidad energética básica como luz, estufa o refrigerador. Hasta el momento, la Reforma Eléctrica no tiene en el centro el combate a esta pobreza energética, por lo que académicos recomiendan que se agregue una política integral de generación distribuida en comunidades.
Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).– Pese al potencial solar y eólico del país, en casi cuatro de cada diez hogares (Colef, 2016) sus habitantes no pueden satisfacer necesidades energéticas básicas, esto es, en 11 millones 93 mil casas, sobre todo en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, no tienen luz eléctrica, cocinan con leña en fogones abiertos pese al daño respiratorio o carecen de un refrigerador, aire acondicionado y/o calentador, lo que puede derivar en enfermedades o incluso la muerte por deshidratación o hipotermia.
En el marco del parlamento abierto de la Reforma Eléctrica y la crisis climática, investigadores urgen a que el combate a la pobreza energética esté en el centro de la política energética nacional, ya que priva de otros derechos como la salud, el agua, la educación, la vivienda digna, la comunicación, la movilidad y un medio ambiente sano.
«En México el 99 por ciento tiene acceso a la electricidad, sin embargo no es suficiente porque muchísimos hogares no tienen acceso a los diferentes servicios que brinda la electricidad. Aún así, no hay una política pública específica que aborde el problema de pobreza energética», dijo Rigoberto García-Ochoa, investigador del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente de El Colegio de la Frontera (Colef) y autor de la investigación sobre pobreza energética por regiones climáticas.
Mientras la ciudadanía se polariza entre si el sector público o privado debe gestionar la energía (fósil y renovable), 4 millones 855 mil hogares (11.3 por ciento) consumen leña o carbón para calentar agua y alimentos por arraigo cultural y/o ser más baratos que el gas LP; en otras palabras, 13.5 millones de personas se exponen a la toxicidad de esos combustibles, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020). Particularmente en Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Estado de México, Tabasco y Yucatán.
«Una vez fui a un doctor y me preguntó si fumaba mucho porque tenía el pulmón muy ahumado. Le dije que no. Entonces me dijo que era por el humo de las tortillas, del comal [con leña]», comentó María, habitante de Nocutzepo, Michoacán, quien ahora usa estufas ecológicas impulsadas por la asociación civil Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada (GIRA), que con una chimenea dirige el humo hacia afuera de la casa. Pero es una alternativa aislada que además requiere mantenimiento constante.
Aunque hay programas estatales de entrega de estufas y calentadores solares, Omar Masera Cerutti, especialista en bioenergía y ecotecnologías, planteó que son aislados y requieren de mayor seguimiento y participación comunitaria para quitarles su carácter de asistencialistas.
REFORMA DEBE INCLUIR GENERACIÓN DISTRIBUIDA
Desde 2016, la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske de la Sierra Norte de Puebla coordina la instalación de paneles solares comunitarios y familiares sobre techos en Cuetzalan, pueblo conocido por su cultivo de café. «Ya no gastamos dinero para usar estas energías dentro de nuestras viviendas», destacó Viviana Vázquez, integrante de la cooperativa.
Esto, dijo el investigador Omar Masera, es sólo un ejemplo de cuántas comunidades podrían beneficiarse si los legisladores deciden incluir a la generación social distribuida en la Reforma Eléctrica en vísperas de discutirse luego de que el parlamento abierto concluya el 28 de febrero.
«En Chiapas hay gigantes centrales hidroeléctricas que llevan energía al centro y las comunidades alrededor no tienen electricidad. Lo que necesitamos es un modelo de energías renovables que no sean sólo de grandes empresas, sino que viremos hacia la generación distribuida a escala mediana con un sistema de biodigestores, estufas, aerogenerador y paneles pequeños para las necesidades energéticas de la comunidad», planteó. «La CFE debería orientar –más de lo que actualmente hace– al desarrollo de estos sistemas y que la Reforma le dé un peso a la generación comunitaria de electricidad con cooperativas».
La Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, involucrada en una investigación sobre presuntos sobornos millonarios a legisladores para aprobarla, prometió que al abrir las puertas a la iniciativa privada las tarifas de luz y gasolinas bajarían, pero los datos muestran lo contrario y además instaló la técnica nociva del fracking.
La contrarreforma ofrece nacionalizar el litio de cara a la electromovilidad y prioriza a las empresas energéticas estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre lo privado, pero hasta el momento no aborda la ampliación de la red de transmisión ni generación distribuida para el acceso de las áreas rurales y urbanas marginadas.
Ana Lilia Moreno, que coordinó el documento «Vivir a oscuras» (2021) de la organización México Evalúa, aseguró que ambas reformas reconocen la necesidad de suministrar energéticos a la población, pero no establecen la vía para un acceso efectivo, asequible y limpio, por lo que, dijo, lo que se requiere es que la Secretaría de Energía (Sener) genere una política energética integral que esté interconectada con la política de desarrollo económico-social (empezando por los subsidios) y del ambiente.
Reconoció que la reforma peñista abonó con el Fondo de Servicio Universal Eléctrico, un fideicomiso comandado por la Sener y la CFE que se alimenta de aportaciones del mercado eléctrico mayorista para dotar de electricidad a poblaciones desconectadas extendiendo líneas de distribución o con paneles solares aislados.
«Funciona y no debería de perderse, pero si la Reforma Eléctrica pasa con los términos actuales, el mercado eléctrico mayorista desaparecería, lo que implicaría que este fideicomiso se quedaría descapitalizado», previó. «Sería una pena que desapareciera el único programa que atiende a la pobreza energética, al menos con la electricidad, pero de qué te sirve tener electricidad si no puedes usarla [para cocinar con estufa o calentarse ante nevadas con un calefactor eléctrico]».
Además, documenta el Inegi, al menos 1.2 millones de mexicanos que viven en zonas rurales sin acceso a la red o en zonas urbanas marginadas no tienen ni siquiera acceso a energía eléctrica para refrigerar alimentos, hacer llamadas telefónicas, conectarse a internet, entre otras necesidades básicas ni mucho menos de entretenimiento.
«Ni la Reforma Energética de Peña Nieto ni esta contrarreforma abordan al sistema energético de manera integral. Sólo se está discutiendo el papel que deben desempeñar el sector privado y el Estado sobre la generación y distribución de electricidad (oferta), pero no se han enfocado en el consumo per cápita (demanda) y en cómo contribuir a un desarrollo económico, social y respetuoso del medio ambiente», expresó Rigoberto García-Ochoa del Colef .
Desde el norte mexicano, recordó que hay un gran potencial para aprovechar la radiación solar para calentar el agua o para cocinar. «Además del beneficio ambiental, el impulso a las energías renovables brindarían una seguridad energética porque ya no dependeríamos tanto de los precios internacionales del petróleo y no faltaría la energía en tantos hogares», comentó.
Pero en el sur o centro también es posible. Acapantzingo, una comunidad de unas 600 familias ubicada en Iztapalapa, Ciudad de México, instaló con sus recursos paneles solares sobre las azoteas de los edificios de vivienda para obtener energía para alimentar a la planta tratadora de agua que a su vez riega los huertos con los que cuentan. Se organizan en 28 comisiones y todas las decisiones las toman en asamblea.
Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México, planteó que las grandes ventajas que ofrecen las tecnologías renovables es que los medios de producción de energía pueden descentralizarse y llevarse de las manos de los grandes capitales privados o del Estado a las manos de las comunidades donde están las carencias energéticas, como el caso de Cuetzalan o Acapantzingo.
«La energía debe de estar en manos de la gente que la necesita, pero –matizó Ramírez– se requiere financiamiento público porque siguen siendo tecnologías caras. No podemos avanzar hacia adelante mirando hacia atrás. Se requiere dejar de subsidiar a energías sucias y –como ocurre con el fideicomiso mencionado por la investigadora Ana Lilia– pasar ese dinero público a mecanismos de este tipo de sistemas conectados a la red nacional o aislados».
Mientras tanto, el parlamento abierto sobre la Reforma Eléctrica seguirá hasta finales de mes.
