A pesar de que el expresidente Donald Trump ha apelado al «privilegio ejecutivo» para mantener documentos fechados al 6 de enero de 2021 —momento de la insurrección al Capitolio— como clasificados, el Presidente Joe Biden rechazó dicho argumento porque, de mantenerlo así no convendría «a los intereses de Estados Unidos».
Por Colleen Long
WASHINGTON, 17 de febrero (AP).— El Presidente Joe Biden ordenó el miércoles la entrega del registro de visitantes a la Casa Blanca durante la Presidencia de Donald Trump a la comisión legislativa que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021, rechazando una vez más el argumento del privilegio ejecutivo esgrimido por el expresidente.
La comisión legislativa ha pedido una serie de documentos a los Archivos Nacionales y Administración de Documentos de Estados Unidos, incluidos documentos que Trump quiso mantener confidenciales. Los documentos a entregar ahora son registros que revelan información sobre las personas a las que se autorizó el ingreso a la Casa Blanca el día de la insurrección.
En una carta enviada el lunes a los Archivos Nacionales, la abogada de la Casa Blanca, Dana Remus dijo que Biden tomó nota del argumento de Trump, de que por ser él Presidente en la época del ataque, los documentos debían considerarse confidenciales, pero decidió que eso “no convenía a los intereses de Estados Unidos”.
También observó que el Gobierno de Biden “revela voluntariamente esos registros de visitantes cada mes”, como se había durante la presidencia de Barack Obama, y que la mayoría de los apuntes que abarca el reclamo de Trump pasarían al dominio público bajo la política vigente.
Un vocero de Trump no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones.
La Ley de Archivos Presidenciales dispone que los documentos creados por un presidente y su personal se conserven en los Archivos Nacionales. Un presidente que finaliza su mandato es responsable de que los documentos lleguen al archivo. Trump intentó sin éxito impedir que documentos de la Casa Blanca llegaran a la comisión, en una disputa resuelta finalmente por la Corte Suprema.
Biden ha dicho claramente que no invocará el privilegio ejecutivo en lo relativo a la investigación legislativa a menos que no le quede otra opción. Ha entregado mucha información solicitada por el comité, que además de estudiar los documentos, obtiene declaraciones de testigos, en algunos casos renuentes.
La comisión investiga las acciones de Trump el 6 de enero, cuando dejó pasar horas antes de decirles a sus seguidores que desistieran de la violencia y abandonaran el Capitolio. Indaga también en la organización y financiación de un acto en Washington la mañana de la insurrección, cuando Trump dijo a sus seguidores que “luchen como demonios”.
Los investigadores también quieren las comunicaciones entre los Archivos Nacionales y los colaboradores de Trump acerca de 15 cajas de documentos hallados en el resort de Trump en Florida para conocer su contenido.
Los registros de llamadas de la Casa Blanca obtenidos hasta ahora por la comisión no incluyen las llamadas de Trump cuando seguía por televisión el desarrollo de la violencia el 6 de enero ni las llamadas directas al presidente.
La falta de información sobre las llamadas personales de Trump es un reto especial para los investigadores que quieren saber qué hacía el entonces presidente cuando sus partidarios irrumpieron en el Capitolio e interrumpieron la certificación por el Congreso del triunfo electoral del demócrata Joe Biden.
Puede haber diversas explicaciones para las lagunas en los registros, que no reflejan, entre otras, las conversaciones que mantuvo Trump el 6 de enero con diversos legisladores republicanos. Se sabe que Trump usaba un teléfono celular personal, o posiblemente un colaborador le pasó un teléfono. La comisión sigue recibiendo documentos de los Archivos Nacionales y otras fuentes que podrían brindar información adicional.
