En un obligadísimo gesto de honradez, coherencia y austeridad republicana, el Congreso de la Unión, integrado por las cámaras de diputados y senadores, que inició sesiones el pasado martes 1 de febrero, deberían promover reformas constitucionales para poner límites al abusivo y tramposo financiamiento que año con año se destina a los partidos políticos.

Una iniciativa de tal naturaleza, que un amplio segmento de la sociedad exige, tendría que ser respaldada por los diputados de todos los partidos políticos, para poner freno al despilfarro, abuso y frivolidad que han desvirtuado a esas organizaciones, convertidas en verdaderas cofradías privilegiadas, que se nutren con el dinero que los contribuyentes aportan para su sostenimiento, como presuntas entidades de interés público.

Para que este propósito de sana austeridad pudiera concretarse, sería esencial cambiar la fórmula definida en el artículo 41 constitucional que establece que “el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.

Esa disposición constitucional fue aprobada por diputados y senadores el 14 de septiembre del 2007, según refiere un estudio denominado “La reducción del financiamiento público de los partidos políticos nacionales como resultado de la iniciativa de reforma al artículo 41 constitucional”, análisis publicado en septiembre del 2007 por el Centro de Documentación y Análisis de la 60 Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

La explicación, triunfalista, es la siguiente: “La nueva fórmula de financiamiento público para los partidos políticos nacionales aprobada por el Congreso de la Unión es menos volátil y más simple de estimar, que la existente actualmente, presenta las siguientes características: Para su cálculo, solamente contempla dos factores: el 65 por ciento del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal multiplicado por el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral”.

Agrega: “El resultado permitirá que el monto total de dinero público a distribuir entre los partidos políticos experimente una reducción de aproximadamente un 10 por ciento a partir de la entrada en vigor de la reforma, respecto del monto actual; pero lo más importante es que esa bolsa no crecerá, como ha sido hasta hoy, por el aumento en el número de partidos políticos”.

El documento justifica que “esta nueva fórmula es menos volátil que la vigente -en 2007-, debido a que deja de depender del número de partidos políticos representados en el Congreso de la Unión; del tiempo que duran las campañas (…); y del número de Diputados Federales y Senadores de la República que integran el Congreso de la Unión, entre otras variables”.

Sin embargo, de origen, la fórmula contemplada en la reforma constitucional del 2007 nace viciada, pues toma como referencia para establecer el financiamiento a los partidos políticos el Padrón Electoral, cuando lo más razonable hubiera sido referenciar ese financiamiento con respecto a los votos reales captados por todos los partidos políticos en los comicios anteriores más recientes.

De esta forma, el financiamiento correspondería, justamente, a la verdadera fuerza electoral de los partidos políticos y al respaldo sincero de los ciudadanos en las urnas.

La pretensión de reducir y ahorrar en el financiamiento a los partidos políticos no tenía un sustento real en la reforma constitucional del 2007 por dos razones elementales: el Padrón Electoral crece año con año y el salario mínimo de referencia, que después fue sustituido por la Unidad de Medida y Actualización (UMA) se incrementa año con año, generando una espiral alcista sin freno.

Los datos son muy ilustrativos, luego de esa reforma. Tomemos como referencia el financiamiento a partidos políticos en los más recientes cinco años en los cuales hubo procesos electorales: en 2009 los partidos políticos recibieron tres mil 631 millones de pesos; en 2012 fueron cinco mil 142 millones de pesos; en 2015 gastaron cinco mil 199 millones de pesos; en 2018 el financiamiento a partidos políticos fue de seis mil 788 millones de pesos y en 2021 ascendió a siete mil 226 millones de pesos.

CAMBIO DE FÓRMULA

El martes 9 de febrero de 2021 la Senadora tabasqueña de Morena, Mónica Fernández Balboa, con el respaldo de toda la bancada de su partido en la Cámara Alta, presentó una iniciativa de reforma al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reducir en un 50 por ciento el financiamiento a los partidos políticos, propuesta que hasta la fecha no ha prosperado.

La iniciativa de los senadores de Morena propone que “el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y dos punto cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.

Sin embargo, esa propuesta sigue teniendo una referencia abusiva: ¿Por qué razón tendría que seguirse calcularse el financiamiento a los partidos políticos multiplicando el 32.5 por ciento de la Unidad de Medida de Actualización (UMA) por el total del Padrón Electoral del país?

Lo más razonable, justo y honrado sería que ese porcentaje de la UMA se multiplicara por el total de votos reales que los partidos políticos obtuvieran en la elección inmediata anterior de diputados federales.

Según estadísticas del Instituto Nacional Electoral, en 2009 la participación de los ciudadanos en las elecciones fue del 44.76 por ciento; en 2012 fue del 63.08 por ciento; en 2015 fue del 47.72 por ciento; en 2018 ascendió al 63.4 por ciento y en el 2021 fue del 52.66 por ciento. El promedio de votación de esos cinco procesos electorales es del 54.32%.

Este año los partidos políticos recibirán cinco mil 543 millones pesos de subsidio.

Con corte al 28 de enero de 2022, el Padrón Electoral tenía inscritos 93 millones 129 mil 48 ciudadanos. Este año la UMA tiene un valor de 96.22 pesos. El 32.5 por ciento de la UMA, equivale a 31.27 pesos.

Ese porcentaje de la UMA propuesto, del 32.5 por ciento, multiplicado por el Padrón Electoral, habría arrojado un total de dos mil 912 millones pesos de financiamiento para los partidos políticos en 2022.

Pero si ese mismo porcentaje de la UMA, se hubiese multiplicado por los votos reales captados en las urnas en el 2021 por todos los partidos políticos, en la votación de diputados federales, un total de 49 millones 151 mil 320 sufragios (el 52.66 por ciento de 93 millones 328 mil 771 potenciales votantes), habría representado un financiamiento total para los partidos políticos de 1 mil 536 millones pesos en 2022.

La diferencias habría sido enorme, el ahorro muy grande y el financiamiento más razonable.

Ya es tiempo de poner freno al despilfarro en el financiamiento de los partidos políticos, que deben asumir con racionalidad, pulcritud y honradez el gasto del dinero que el pueblo generosamente les confía.

Además, los partidos políticos tendrían que hacer un esfuerzo serio y profesional, para inspirar la confianza en la sociedad y para motivar a sus militantes a aportar trabajo y dinero para la realización de sus labores de proselitismo, adoctrinamiento y organización.

Y por supuesto, presentar mejores candidatos, con mejores propuestas para motivar y emocionar a los ciudadanos en los comicios, pues sólo de esa manera habría más participación, más votos y un financiamiento que tendría un sustento legítimo para quienes verdaderamente trabajaran y se esforzaran en servir al pueblo.

Pedro Mellado Rodríguez

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Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace más de tres décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Es profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.

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