Ricardo Anaya es acusado de crimen organizado, soborno y lavado de dinero, delitos vinculados a un presunto soborno de 6.8 millones de pesos en 2014.
Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- La audiencia de Ricardo Anaya Cortés, quien este lunes comparecería por las acusaciones de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa, se aplazó hasta el 14 de febrero luego que el Juez Marco Antonio Fuerte Tapia diera positivo a COVID-19, informó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
De acuerdo con un breve reporte del órgano, debido a las condiciones de salud del juzgador, quien vería el caso, la cita judicial fue reprogramada, por lo que será en febrero que la Fiscalía General de la República (FGR) buscará imputar al excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) por la supuesta recepción de un soborno de seis millones 800 mil pesos para aprobar la Reforma Energética en 2014, según declaró en 2020 el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
«Buenas noches, les informo que el Juez del Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) del Reclusorio Norte, que tenía programada la audiencia de mañana de Ricardo Anaya resultó positivo a COVID. En razón de ello, toda vez que sus condiciones de salud no le permitirían llevarla de la manera debida, se está notificando su reagendamiento al 14 de febrero», notificó el CJF.
Esta es la tercera ocasión que se aplaza la audiencia de Ricardo Anaya pues en octubre pasado, el Juez había tomado la decisión de que la audiencia inicial se reprogramara para el 8 de noviembre debido a que la FGR entregó de última hora al panista mil fojas más que forman parte de la carpeta de investigación.
Posteriormente, la audiencia prevista para ese día se difirió hasta el 31 de enero a las 09:00 horas, debido a que «no alcanzaron a imponerse la totalidad de las constancias».
Al excandidato presidencial se le ordenó acudir de forma presencial a la audiencia a petición del Juez Marco Antonio Fuerte Tapia.
El caso contra Anaya derivó de la denuncia presentada por Emilio Lozoya, en la que señaló a 70 personas de corrupción. En ese entonces, el exjefe de Pemex indicó que el exsecretario Luis Videgaray le instruyó darle 6.8 millones de pesos a Anaya para sus aspiraciones políticas en Querétaro.
“Quiero aclarar que no se trató de una negociación, sino que claramente fue una extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi persona con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras”, aseveró Lozoya en su denuncia.
En total, afirmó Lozoya, el grupo de legisladores del PAN recibió 80 millones de pesos entre 2013 y 2014 por medio de un asesor de nombre Rafael Caraveo Opengo, quien apareció en un video filtrado junto con Guillermo Gutiérrez recibiendo paquetes de dinero de un presunto colaborador de Pemex.
