I

Como en todos los inicios de año, se da un ambiente propicio para hacer una prospectiva de los asuntos y cuestiones relevantes por desarrollarse en los siguientes doce meses, es el caso que para nuestro país el año 2022 se avizoran varios eventos de gran importancia.

Algunos de ellos se vierten en el ambiente claramente político, como es la realización de la llamada revocación de mandato (ejercicio que establecerá un precedente en la evaluación de mandatarios permitiendo a la ciudadanía determinar su conclusión antes del término presidencial de seis años), asimismo de las elecciones para gobernadoras o gobernadores en seis estados de la República, a saber: Quintana Roo (en poder del PRD), Hidalgo y Oaxaca (PRI) y Aguascalientes, Durango y Tamaulipas (gobernados por el PAN). Al respecto, vale comentar que las encuestas de diversos medios indican una tendencia favorable para Morena entre 4 y 5 de esos procesos de elección. Desde luego ya se sabe que estos pronósticos pueden variar dependiendo de quienes sean postulados como candidatos, las alianzas partidistas, rupturas internas, las campañas mismas, etcétera. Ya veremos el desenlace de ello.

Otro punto de interés será la conclusión de algunos de los proyectos insignia de la actual administración, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, que deberán estar en funcionamiento en este año; mientras que el llamado Tren Maya y el paso Transístmico deberán tener avances muy notorios, pues de acuerdo a los informes que semanalmente se presentan en torno a estas obras, es muy probable que se cumplan con los tiempos programados.

Otros temas sobre los cuales hay menos certezas serán la evolución de la pandemia del Covid-19, fenómeno que afecta a todo el mundo, al igual que ciertos ajustes en la economía en cuanto a los índices de inflación, igualmente ligado a un contexto internacional.

Desde luego habrá retos que tienen que ver con otros mega proyectos, la seguridad nacional, la democracia sindical, etcétera. Sin embargo, uno que debe solventarse próximamente y que es fundamental para el desarrollo del país, es el relativo a la realización de una reforma de orden energético.

II

Como se sabe el Presidente y su administración, han manifestado desde los años de campaña presidencial (tres para ser exactos), que la conservación y recuperación de los bienes vinculados al sector energético sean considerados estratégicos para la nación por su contribución al desarrollo actual y como un legado que debe preservarse para las generaciones venideras.

En ese sentido se ha insertado la política de fortalecimiento de las industrias vinculadas a la producción energética. Tomemos como referente el hecho de que en el año pasado la inversión física en PEMEX y CFE (Comisión Federal de Electricidad) aumentó alrededor del 20.9 por ciento con relación al 2020, además de que en esos mismos rubros se concentrará poco más del 21 por cieinto del Gasto Neto Programable del 2022. Otros hechos importantes de esta recuperación del sector energético, es el fortalecimiento de la industria petrolera con la construcción de una nueva refinería en el municipio de Dos Bocas y la compra de otra en Deer Park, Texas. La idea es que con ello se pueda orientar la industria hacia la autosuficiencia en materia de refinados del petróleo. Sólo para tener una idea tómese en cuenta que hacia 1982 las importaciones de gasolina ascendieron a 2,480 millones de dólares que para 2014 se habían convertido en 16,000 millones de dólares pues la capacidad de refinación se había estancado mientras la demanda habría aumentado. Con estas medidas se pretende orientar la producción a la transformación, al consumo interno y a disminuir las exportaciones de crudo. De tal forma se considera que para el año 2024 México habrá de recuperar la autosuficiencia en producción de petróleo y derivados, al igual que en gas. Algo de ello se empieza a observar pues en los últimos dos años PEMEX ha logrado balanzas comerciales favorables, por ejemplo 8,523 millones de dólares en el 2021.

En este mismo plano se inscribe la propuesta de una reforma enviada a la Cámara de Diputados en octubre del 2021, con la intención de fortalecer la presencia estatal en la industria eléctrica. Es importante recordar que la CFE fue fundada en 1937 por Lázaro Cárdenas y posteriormente la industria eléctrica sería nacionalizada en 1960 por el Presidente Adolfo López Mateos. Al igual que la industria petrolera, la eléctrica fue sufriendo un proceso de privatización hasta poner en riesgo la autonomía del país en esta materia.

La actual iniciativa de reforma postula la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, para fortalecer a la CFE. Como se señala en el desplegado “La electricidad era nuestra y la vamos a recuperar”: “Esta iniciativa propone un nuevo sistema eléctrico en el cual el Estado recupera la conducción del sector energético, se hace responsable de su planeación y control, en el ejercicio de funciones y en su administración”. La reforma considera a la electricidad y otras formas de energía y bienes naturales (como la energía nuclear, el litio, el petróleo y otros minerales) como un área estratégica y parte fundamental de la soberanía nacional al integrar los procesos de generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de la energía eléctrica, la cual debe recuperarse después de que la Reforma energética del año 2013 propició el desmantelamiento de esta industria. De acuerdo a la reglamentación de entonces, la distribución eléctrica quedó sometida a la Comisión Reguladora de Energía y al Centro Nacional de Control de la Energía, ambos permeados por los intereses de empresas privadas (la mayoría de capital extranjero), que resultaron las verdaderas beneficiadas de esta nueva legislación. De esta virtual privatización, la población mexicana no percibió ningún beneficio, pues las promesas de abatir los costos de energía eléctrica quedaron en el olvido.

De tal forma la consolidación de la CFE garantizaría el aprovisionamiento de energía a poco más de 46 millones de usuarios con la meta de que sea con tarifas por debajo de los índices inflacionarios, manteniendo la rectoría de esta industria para el país.

III

Esta propuesta de reordenamiento ha propiciado la reacción de sectores refractarios al actual gobierno (algunos empresarios y sus organismos, como el Instituto Mexicano para la Competitividad, el Consejo Coordinador Empresarial, etc., los partidos de oposición y los opinólogos de rigor).

En su argumentación se ha insistido que la reforma energética tiene visos expropiatorios y que constituye un golpe a las inversiones privadas; sin embargo, la realidad es que la actual propuesta contempla que la CFE genere y controle el 54% de la energía eléctrica mientras que el 46 por ciento entraría en la jurisdicción del capital privado; es decir, que la rectoría sería del Estado, pero de ninguna manera se configura el escenario de un monopolio.

También se ha indicado que se apuesta por formas de producción contaminantes basadas en energéticos fósiles (por cierto, que estos señalamientos provienen de círculos empresariales y de opinadores profesionales que nunca antes habían mostrado su preocupación ambientalista y que por el contrario aplaudieron la reforma energética de 2013 basada en la explotación petrolera, sólo que a cargo de capitales privados y extranjeros), sin considerar que la producción de energía eléctrica depende en buena medida del uso de combustibles fósiles (como sucede en varios países de Europa) ya que las energías eólica o solar son intermitentes y requieren del uso de petróleo o, peor aún, del carbón.

Sin duda que su uso debe disminuir, pero técnicamente se seguirá dependiendo de estos recursos por algún tiempo. Es deseable, sin duda, que México y el mundo sean persistentes en la exploración tecnológica para acrecentar y generalizar el uso de las llamadas energías limpias. Al respecto debe señalarse que la reforma propuesta para este año contempla aumentar la producción hidroeléctrica, considerada como una energía limpia, sin contar con el apoyo a programas de reforestación.

IV

La propuesta de reforma es de mirada amplia pues adicionalmente contempla proteger los yacimientos de Litio, metal en el que México tiene abundantes recursos y que es cada vez más codiciado dado su uso en baterías, por lo que la demanda de este metal va en aumento.

En estos días la reforma y el tema de los energéticos se discute en foros públicos y se determinará su aprobación o rechazo ante el Congreso. Dentro de los mismos partidos de oposición no está clara una posición homogénea, pues al parecer existe un debate interno entre asumir una posición contraria a toda propuesta que provenga del gobierno, o bien negociar un acercamiento que signifique mejores condiciones para el desarrollo de esta industria y su beneficio para el país.

Es de suponer que una medida tan trascendental para el presente y el futuro del país, haga que en estos partidos se planteen la necesidad de sumarse al fortalecimiento de este sector para que beneficie a todo el país, que se convierta en palanca de desarrollo económico, que ayude a la producción, a los empresarios o a la gente común de a pie, que los grandes consumidores paguen lo justo, que los privados puedan invertir pero que prevalezcan los intereses de la nación.

La importancia energética nos induce a considerar que vivimos un momento crucial para terminar con la dependencia en la importación de gas (casi el 70 por ciento de lo que consumimos como nación se importa), en materia de derivados del petróleo (somos un país petrolero que importa gasolinas, diesel y otros derivados) y de ordenar el sector eléctrico en el cual nos acercamos a la dependencia de unas cuantas compañías extranjeras. Pareciera que es el momento de retomar la conducción del país en función de los intereses de las mayorías.

Héctor Luis Zarauz López

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Sociólogo e historiador. Se ha dedicado a trabajar temas de historia regional, económica y social, con énfasis en los periodos del porfiriato, la revolución y el México contemporáneo. Con sus trabajos ha obtenido reconocimientos como el Premio Salvador Azuela del INEHRM y mención honorífica en el Premio Marcos y Celia Maus. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es integrante del seminario permanente de Historia Contemporánea y del Tiempo Presente. Es autor de varias obras: “Álvaro Obregón y la reforma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de 1928”; “Valentín Elcoro e hijos. Historia de una vida empresarial”; “Tiempo de caudillos, 1917-1924”; “La revolución en la ciudad de México 1900-1920”; “La fiesta de la muerte; México. Fiestas cívicas, familiares, laborales y nuevos festejos”, entre otros títulos. Actualmente es profesor e investigador en el Instituto de Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora.

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