El Poder Legislativo federal está en aprietos. En la semana se dio a conocer un acuerdo del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México en el cual establece un plazo de 10 días a las Cámaras de Senadores y Diputados para enmendar la Ley General de Comunicación Social.

La sentencia cuyo cumplimiento supervisa el Juez es la emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado mes de septiembre. En ella se ordena al Congreso de la Unión adecuar la llamada Ley Chayote a los parámetros constitucionales en materia de gasto de comunicación social ya que no se regula mediante criterios claros, definidos y objetivos la asignación del gasto, situación que genera condiciones para la censura sutil o indirecta. Recordemos que la actual ley es resultado de otro amparo otorgado en 2017 por la Suprema Corte a Artículo 19. En 2018, el Congreso- todavía en tiempos de Peña Nieto- decidió cumplir el mandato judicial expidiendo una ley con serias falencias, legalizando malas prácticas.

Es delicado lo que está pasando. El Congreso tenía hasta el 15 de diciembre del año pasado para cumplir con el mandato de la Suprema Corte y decidió no hacerlo. Un botón de muestra es que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, envió un oficio el 29 de noviembre pidiendo prórroga al Ministro Presidente de la SCJN. Es decir, ya estaban pidiendo que se aplazara el cumplimiento de la sentencia sin haber intentado cumplirla en el término prescrito. El mismo Diputado dijo el miércoles 12 de enero de este año que “ya habían hablado con el Juez” e iba a pedir prórroga. La presidenta de la Cámara de Senadores no se ha tomado la molestia de justificar el incumplimiento.

En medio de este “choque de trenes” entre dos poderes del Estado podemos arribar a varias conclusiones. La primera y más lamentable es que denota una total falta de voluntad para cumplir con la ley. Esto ya no es un tema de agenda política, ajustada a los vaivenes del contexto y los intereses políticos de los partidos. Es un tema de Estado de Derecho puro y duro: el Congreso que se supone es un poder garante de la Constitución desdeña las obligaciones en materia de derechos humanos que ésta le impone.

La segunda es que el tema central incomoda a la clase política. La publicidad oficial usada como mecanismo de “premio y castigo” a las líneas editoriales de los medios de comunicación es un obstáculo para el pleno ejercicio de la libertad de expresión y la construcción misma de una democracia constitucional. En el centro está la posibilidad de configurar relaciones sanas, transparentes, inclusivas y equitativas con los medios. Que no se despilfarre el dinero para promocionar partidos y gobernantes en medios de comunicación y tampoco se use esos recursos para amordazar el periodismo independiente y crítico. Sin embargo, ningún Gobierno en el presente siglo ha querido dar el paso decisivo. Tomo como referencia lo que va del siglo XXI porque se supone que tenemos elecciones más o menos certeras y transparentes que le dan una legitimidad democrática (formal, si se quiere) a los proyectos políticos que han ocupado el poder.

La tercera es que entraña una provocación que puede viciar la relación de un poder público frente a otro. En efecto la Constitución reconoce derecho humanos pero también regula las relaciones entre poderes del Estado. Si un Poder (Judicial) ordena a otro (Ejecutivo, Legislativo u órgano constitucional autónomo) restituir en sus derechos a una persona o una colectividad, no solamente entraña reparación del derecho violado con el actuar de la autoridad, sino el respeto al control horizontal entre instituciones del Estado. Se trata, en resumen, de pesos y contrapesos que al parecer no son muy bien vistos en el contexto actual. Pero una cosa es que no gusten los contrapesos institucionales y otra -muy grave- es que no los respeten.

El meollo del asunto radica en que la clase política, aglutinada en el Congreso como cuerpo político que encarna la representación popular, se atrinchera para violar el derecho fundamental a la información. La actitud del Legislativo perpetúa prácticas discrecionales en el gasto de comunicación social que implican vulnerar de manera permanente el derecho a informar y ser informados.

¿Qué sigue? Hay varios escenarios. El primero es que el Juez de Distrito decrete el incumplimiento de la sentencia, multe a los presidentes de las Cámaras e informe a la Suprema Corte para que abra un expediente (incidente) dentro del cual se analice la posibilidad de separación del cargo. Ante lo atípico de la situación no se sabe que suceda después: si se separaría del cargo a todas y todos los legisladores o solamente a quienes encabezan las Cámaras. Aún con una severa sanción la obligación de reformar la Ley Chayote persistiría para las y los legisladores suplentes. El segundo escenario es que el Juez, una vez recibidos los informes de (in)cumplimiento de las Cámaras decida dar una prórroga con bases objetivas y verificables de que se hizo todo lo posible para cumplir. Un tercer e improbable escenario es que las Cámaras llamen a un periodo extraordinario de sesiones; reformen o de plano emitan una nueva ley; y cumplan la sentencia en 10 días. Esta situación ya la descartó el Diputado Gutiérrez Luna.

Que no quede duda. La única responsabilidad de una eventual crisis entre poderes es de quienes decidieron incumplir con la sentencia dictada por la Corte. Esperemos que las autoridades judiciales y los legisladores hagan lo correcto y conforme a la ley. Sobre todo que ya se dé un paso histórico para acabar con la discrecionalidad en el gasto de comunicación social y su uso para censurar.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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