Pedro Mellado Rodríguez
08/01/2022 - 12:03 am
¿Podría el Senado declarar desaparecidos los poderes en Jalisco?
«El Senado de la República, de manera unilateral, no puede decretar la desaparición de poderes en un estado, pero sí puede declarar cuando estos poderes hayan dejado de ser legítimos y funcionales en beneficio de la sociedad».
Desde la lógica planteada por el Senador Dante Delgado Rannauro, fundador y coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano ¿habría razones reales, objetivas, jurídicas, para que el Senado de la República pudiera declarar que han desaparecido los poderes en Jalisco, donde gobierna el emecista Enrique Alfaro Ramírez?
El pasado miércoles 22 de diciembre del 2021 Delgado Rannauro anunció que solicitaría al Senado una investigación y, en su caso, la desaparición de poderes en Veracruz.
Dante se mostró irritado contra el Gobernador morenista de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, luego del arresto de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, acusado de estar involucrado en el asesinato de René Tovar Tovar -ocurrido el 4 de junio del año pasado-, quien fuera candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía veracruzana de Cazones.
Dante Delgado afirmó que no existe una real división e independencia de poderes en Veracruz y anunció que promoverá la “desaparición de poderes por quebrantar el orden constitucional”.
La Fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que, entre otras, son facultades exclusivas del Senado de la República: “Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa” y que por lo tanto es necesario nombrar un Gobernador provisional que convoque a elecciones.
Este Gobernador provisional sería nombrado por el Senado, de una terna propuesta por el Presidente de la República, con el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión.
De facto, en Jalisco existe una fractura del orden constitucional, pues tanto el Poder Legislativo, como el Poder Judicial, están sometidos a la voluntad del Gobernador Alfaro, quien llegó al cargo (2018-2024) postulado por Movimiento Ciudadano.
Todos los poderes formales y fácticos tienen metidas las manos en el Poder Judicial de Jalisco. La designación, por cuates y cuotas, tanto de jueces como de magistrados, vulnera la independencia y dignidad del Poder Judicial, que en el marco de la división de poderes debería ser autónomo.
En Jalisco los magistrados son nombrados por el voto de una mayoría calificada en el Congreso estatal, que controla el Gobernador Alfaro a través los legisladores de MC y de sus incondicionales socios, los diputados del PAN.
En el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia hay 34 magistrados. Por sus antecedentes y tomando en consideración quienes los postularon y quienes los apoyaron para ganar la designación, el Partido Acción Nacional tiene influencia determinante en 10 magistrados y Movimiento Ciudadano en otros 8, con lo que suman 18 votos, suficientes para imponer al presidente, que actualmente es el Magistrado Daniel Espinoza Licón, comprometido políticamente con el Gobernador Enrique Alfaro y con Movimiento Ciudadano.
Otros seis magistrados llegaron al Supremo Tribunal apoyados por el Grupo Universidad de Guadalajara, del exrector y cacique Raúl Padilla López; cuatro más fueron impulsados por el exgobernador priista Jorge Aristóteles Sandoval (asesinado el 18 de diciembre del 2020) y por su padre, el exmagistrado Jorge Leonel Sandoval Figueroa; 4 más tuvieron el respaldo institucional del PRI y 2 más son cuota del exdiputado y dirigente del Partido Verde en Jalisco, Enrique Aubry de Castro Palomino (socio incondicional de Padilla López).
En el Consejo de la Judicatura de Jalisco -integrado por cinco personas-, que también preside el Magistrado Espinoza Licón, Movimiento Ciudadano tiene tres posiciones, pues suma a los consejeros presuntamente independientes Tatiana Esther Anaya Zúñiga y Gabhdiel Iván Novia Cruz. Pero además, agrega el voto de la consejera juez Claudia Esperanza Rivera Maytorena, quien llegó como cuota del PAN, aliado incondicional de Enrique Alfaro en Jalisco.
El quinto consejero es José de Jesús Becerra Ramírez, identificado como muy cercano a los intereses del Grupo UdeG.
El Consejo de la Judicatura es una institución clave pues tiene facultades para nombrar, suspender, remover o sancionar a los jueces de toda la entidad.
El más reciente capítulo de la perniciosa práctica de repartirse el Poder Judicial por cuates y por cuotas sucedió el 15 de diciembre el 2020, cuando el Congreso de Jalisco -dominado por MC y PAN- nombró 9 nuevos magistrados: seis para MC, dos para el PAN y uno para el Grupo UdeG, al que también le asignaron un consejero en la Judicatura: Becerra Ramírez.
LEGISLATIVO SOMETIDO
Con la anuencia de un Congreso dúctil y complaciente, que nunca ha puesto límites a las ambiciones del Gobernador, ni tampoco ha sido contrapeso para exigir transparencia y racionalidad en el uso de los recursos públicos, en sus dos primeros años, la administración de Alfaro Ramírez duplicó la deuda de Jalisco.
En 2019 el Congreso estatal autorizó a Alfaro un endeudamiento por 5,250 millones de pesos; en 2020 la legislatura de la entidad le dio visto bueno para agregar otro préstamo por 6,200 millones de pesos más.
En su informe 2021, “Vigilancia ciudadana de la deuda pública en Jalisco durante la emergencia sanitaria”, difundido el pasado jueves 4 de noviembre del 2021, el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, que preside actualmente Jesús Ibarra Cárdenas, concluye que la deuda total de la entidad asciende a 36 mil 072.6 millones de pesos, por lo que en promedio correspondería a cada jalisciense una deuda de cuatro mil 276.7 pesos.
El crecimiento acelerado de la deuda de Jalisco durante la administración de Alfaro Ramírez ya había sido documentado por el periódico Mural el 4 de julio del 2021: “La deuda pública de Jalisco subió 57.8 por ciento en dos años y cinco meses. Al 30 de noviembre del 2018, seis días antes de la llegada de Enrique Alfaro al Gobierno de Jalisco, la deuda directa del Estado era de 17 mil 444 millones de pesos, y para el 30 de abril del 2021 sumaba 27 mil 530 millones de pesos”.
En este clima de sometimientos y simulaciones se ha profundizado la ineficiencia y la derrota del Gobernador de Jalisco en el delicado espacio de la seguridad pública y la protección de los bienes y las vidas de las personas.
Pero también han naufragado la procuración y la administración de justicia, de tal forma que la crisis humanitaria y forense en Jalisco es profunda, pues aparece en los primeros lugares en personas desaparecidas -más de 15 mil en la estadística histórica y más de cuatro mil sólo en el gobierno de Alfaro-, cuerpos exhumados de fosas clandestinas sin identificar -son mil 159 sólo en lo que va de la actual administración-, homicidios dolosos y feminicidios.
El pasado miércoles 7 de diciembre del 2021 la organización independiente Impunidad Cero presentó su “Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2021”, y concluyó que durante el 2020, la probabilidad de que la Fiscalía de Jalisco resolviera un delito fue del 1.11 por ciento.
En tanto que el pasado 23 de octubre del 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la cifra negra de delitos no denunciados o no investigados en Jalisco durante el 2020 fue del 92.9 por ciento.
El Senado de la República, de manera unilateral, no puede decretar la desaparición de poderes en un estado, pero sí puede declarar cuando estos poderes hayan dejado de ser legítimos y funcionales en beneficio de la sociedad.
Ante estos graves hechos consumados ¿pedirá el Senador Dante Delgado Rannauro que sea investigada la presumible fractura del orden constitucional en Jalisco y promoverá que el Senado de la República declare que de facto, en los hechos concretos, han desaparecido todos los poderes constitucionales en el estado?
Bajo la lógica del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, tendría que hacerlo.
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