A siete años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, representantes de la ONU y de organizaciones de derechos humanos han hecho un llamado al Gobierno mexicano para dar verdad y justicia a las víctimas.
Ciudad de México, 15 de diciembre (EFE).– Las autoridades mexicanas han quedado a deber en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, consideró este miércoles Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
“Aún existe la necesidad de verdad y justicia, de familias que no se cansan de luchar contra un sistema de procuración de justicia que, aún con la voluntad y valentía de funcionarios, incluso de oficinas gubernamentales completas, les queda mucho en deber”, declaró en un evento virtual.
El funcionario internacional participó en la presentación del informe del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que se dedica a la defensa de derechos en Guerrero.
El reporte dedicó un espacio al caso de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, un hecho que aún no se esclarece pese a las promesas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“El caso ha cambiado al país, al estado de Guerrero, a las organizaciones acompañantes y a las familias de las víctimas a siete años de ocurridos los hechos», indicó Fernández-Maldonado.
La Administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) promovió la «verdad histórica» que señalaba que policías corruptos en Iguala detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los mató e incineró en un basurero de Cocula.
El actual Gobierno reabrió la investigación en 2018 y derrumbó esta versión al identificar en julio del año pasado restos de Christian Alfonso Rodríguez en la barranca de la Carnicería, alejada del basurero.
Aun así, el representante de la ONU-DH destacó “la importancia de que la voluntad política vaya de la mano con resultados e información sustancial y relevante para la investigación».
El funcionario replicó las peticiones del informe, como el llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para «garantizar que todo su personal y oficinas, más allá de la Fiscalía especial, estén al servicio de la justicia y la verdad de este caso”.
También pidió que “que las autoridades utilicen todas las herramientas del sistema jurídico mexicano para identificar y erradicar la complicidad entre actores no estatales y estatales que obstaculizan el avance del caso”.
Y exhortó a la Secretaría de la Defensa Nacional a «contribuir mediante el acceso libre» a toda la información relevante.
«Las omisiones o negligencias que dificultan o impiden el acceso a la información deben ser investigadas y sancionadas”, concluyó.
Además del caso de Ayotzinapa, el representante de la ONU-DH resaltó que el informe ofrece una «radiografía» de la «violencia tan extendida, extrema e incesante” en Guerrero.
Citó la violencia de género, la desaparición de personas, disputas comunitarias, las deficiencias del sistema de justicia, la corrupción, la colusión que existe en la criminalidad y autoridades, y el matrimonio forzado de menores de edad.
