El Gobierno estadounidense busca consolidar su presencia territorial en México con vistas a «combatir la producción, el transporte y el consumo de sustancias ilícitas».
Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador habría levantado el bloqueo a la emisión de nuevas visas para agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) desplegados en territorio mexicano, de acuerdo con un funcionario estadounidense citado por Reforma.
En octubre, CNN reportó que el Gobierno de México había negado visas para 24 agentes de la agencia estadounidense.
“Ellos (los mexicanos) recién accedieron a más visas para agentes de la DEA en México”, aseguró Todd Robinson, el Subsecretario de Estado de Estados Unidos para Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley al comparecer ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Sus palabras son citadas por José Díaz Briseño, corresponsal de Reforma.
“Ellos han accedido a un acuerdo que presenta una lista de una serie de cosas que vamos a hacer, incluyendo mayor cooperación en intercambio de inteligencia y trabajar más cercanamente con nuestros socios en otras agencias (de EU), como el FBI, la DEA”, agregó Robinson ante el Comité.
El despliegue de agentes de Estados Unidos en México contrasta con el «nuevo enfoque» que ambos Gobiernos resaltaron a la hora de firmar el «Entendimiento Bicentenario»: el que la relación bilateral en materia de seguridad iba a dejar de estar enfocada en la captura de los líderes de los carteles de la droga, para concentrarse en atender las «causas de fondo» de la inseguridad y la violencia.
El Gobierno estadounidense busca consolidar su presencia territorial en México con vistas a «combatir la producción, el transporte y el consumo de sustancias ilícitas».
En este sentido, la función de los agentes de la DEA consiste en realizar actividades de investigación, por ejemplo, recopilando información para dar con el paradero de los líderes de grupos transnacionales de la delincuencia y el crimen organizado.
La visión de la Administración de López Obrador, en cambio, prioriza la puesta en marcha de programas sociales para disuadir a la población de involucrarse en actividades ilícitas.
Las relaciones entre México y Estados Unidos se tensaron a raíz de maniobras llevadas a cabo por esta agencia durante el Gobierno de Donald Trump. La detención del general Salvador Cienfuegos, en octubre de 2020 en el aeropuerto de los Ángeles, se ejecutó a partir de una indagatoria realizada por agentes de la DEA, de la cual el Gobierno mexicano no había sido informado.
El extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue acusado de narcotráfico y lavado de dinero, cargos de los que, a la postre, resultó exonerado por la Fiscalía General de la República después de investigar el expediente de más de 700 páginas enviado por la justicia estadounidense.
«(El General Salvador Cienfuegos) nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos», sostuvo la Fiscalía en un comunicado de prensa.
La forma en que Estados Unidos llevó a cabo la investigación generó desconfianza. El Presidente López Obrador incluso llegó a afirmar en enero de este año que la investigación en contra del extitular de la Sedena había sido «fabricada» por agentes de la DEA y utilizada con «fines electorales». Por tal motivo, buscó acotar el margen de maniobra de los agentes extranjeros.
Un mes antes, en diciembre de 2020, el Congreso mexicano aprobó una reforma para fortalecer la regulación sobre la operación y presencia de agentes extranjeros en territorio nacional. La reforma, evidentemente, estaba dedicada a los elementos de las agencias de Estados Unidos.
La reforma a la Ley de Seguridad Nacional, aprobada en diciembre de 2020, pone fin a la inmunidad de agentes extranjeros y exige que informen sus acciones, así como los hallazgos de sus investigaciones.
Antes de la reforma, la regulación estaba contemplada únicamente como parte de un acuerdo bilateral vigente desde 1992: el «Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre cooperación para combatir el narcotráfico y la narcodependencia».
La reforma a la Ley de Seguridad Nacional, una propuesta del Presidente López Obrador, a la vez que pone fin a la inmunidad de agentes extranjeros en caso de cometer delitos o infracciones, o invadir funciones que competen únicamente a autoridades mexicanas, exige que informen sus acciones, así como los hallazgos de sus investigaciones.
-Con información de RT.
