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La presencia de elementos federales en labores de seguridad pública en la Ciudad de México rompe con paradigmas y convenciones, unas más relacionadas con la crítica procedente de quienes perdieron alguna interlocución con el Gobierno, y contribuye a la coordinación entre organismos que empujan la reducción de la incidencia delictiva en la capital nacional.

Si la delincuencia hoy en día opera lo mismo en delitos del fuero federal que del local, ¿por qué las autoridades policiales no deben hacer lo mismo? Han comenzado a publicarse resultados de esa intervención de la Guardia Nacional, por ejemplo, Milenio que encuentra un aumento de 50 por ciento en la cifra de carpetas por trasiego de droga, a nivel nacional, tras la creación de ese organismo insignia de la presente administración.

Las fronteras en la comisión de delitos se diluyen. Ahora podemos conocer de grupos que lo mismo perpetran robos de vehículos que se dedican a la venta de droga, con todas las violencias lesivas u homicidas asociadas en la pugna por el control territorial.

De los 100 mil integrantes de la GN, alrededor de dos mil 500 operan en la capital nacional en un esquema de colaboración diaria con las autoridades de la CDMX, la Sedena y las ya generadoras de muy dinámica cooperación como la SSC y la FGJ.

El proceso de pacificación debe ser integral —políticas sociales, prevención, operación con inteligencia, vigilancia del ciclo pleno de seguridad y reinserción—, y concentrarse en los delitos de menor cifra negra y de mayor impacto social, como el homicidio doloso, el feminicidio, la violación y los daños patrimoniales a los segmentos populares y medios algunos de los cuales han tenido un repunte.

La coordinación entre autoridades encargadas de la seguridad pública, en los tres órdenes de Gobierno, resulta fundamental. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado ya la operación de elementos de la Guardia Nacional, bajo el mando del General Luis Rodríguez Bucio, principalmente en alcaldías limítrofes con municipios del Estado de México, como Cuajimalpa.

Garantizar la seguridad de la ciudadanía no es tarea exclusiva de un Gobierno, sino una labor compartida e integrada que permita disminuir la incidencia delictiva y supone la apertura a la denuncia ciudadana formal y al reporte anónimo.

Ese proceso está en marcha en la capital nacional, que en el 2018 tuvo su año con más delitos de alto impacto, con 55 mil 720 denuncias, de acuerdo con el análisis DISI que cada mes realiza el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México sobre este tipo de ilícitos.

A partir del año siguiente, el 2019, comenzó un proceso de disminución que ha alcanzado este 2021 el mejor registro, con 27 mil 064 denuncias por este tipo de delitos. Una reducción del 51 por ciento en comparación con 2018.

Hoy, en la capital nacional se ha roto con esquemas tradicionales para la pacificación insistentes en la presencia única de fuerzas policiales. Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana o gabinetes de seguridad y paz de las alcaldías trabajan en coordinación y ponen en el centro de atención a las y los ciudadanos. Y eso es una buena noticia.

Salvador Guerrero Chiprés

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Salvador Guerrero Chiprés es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

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