El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien se precia de ser democrático, respetuoso de la Ley, honesto, transparente, este lunes sorprendió con un decreto que lo hace ver todo lo contrario a lo que presume.

Publicó en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, un decreto para declarar “de interés público y seguridad nacional”, prácticamente todas las obras que realiza el gobierno de la República, y, además, instruir a las dependencias federales a otorgarles, a esos proyectos, todos los permisos, licencias o dictámenes necesarios para su inicio, sin cortapisa, en un plazo de cinco días, a partir de los cuales la resolución se toma en positivo.

A la letra, el decreto presidencial dice:

“Artículo Primero: Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.

“Artículo Segundo: Se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.

“La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo.

“Artículo Tercero: La autorización provisional tendrá una vigencia de doce meses, contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva”.

Dos temas son los que ocupan y preocupan, por violentar otras leyes y derechos. El primero, el declarar todas las obras del gobierno de AMLO, “de interés público y seguridad nacional”, lo cual, en automático, blinda y reserva la información al respecto para el ojo ciudadano. Contratos, convenios, presupuestos, empresas participantes, desarrollo de la obra, financiamiento de la misma, todo, queda reservado por tratarse de un tema de “interés público y seguridad nacional”.

En una fracción reformada al Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el año 2014, quedó determinada tal premisa:

“I.- Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información”.

Así, aunque el presidente ha dicho que “esto no tiene nada qué ver con la transparencia, las secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas”, la realidad es que sí. Está inscrito en la Ley que se reserva por razones de “interés público y seguridad nacional”, precisamente los dos conceptos que, en el artículo primero del decreto de López Obrador, se declaran las obras del gobierno de México.

En estas condiciones, después de la oposición y de algunas barras de abogados, fueron los consejeros del INAI, quienes acordaron presentar una controversia constitucional “con el cual buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo”, resolvieron en el pleno, el cual tiene un máximo de 30 días para presentar el instrumento legal.

El otro tema que ocupa, es el de eximir de los requisitos legales para la construcción de las obras, todos los proyectos del gobierno de López Obrador. Así lo decreta cuando instruye a todas las dependencias federales a que otorguen, de manera provisional en cinco días, los dictámenes, permisos o licencias que se requieran para el arranque de la obra. Además, que, a partir del quinto día, “sin que se emita una autorización provisional expresa, se considere resuelta en sentido positivo”.

El decreto del presidente López Obrador, es básicamente, un “hágase mi voluntad”, por encima de la Ley, de los reglamentos, de las competencias, la normatividad. El gobierno de la República, o uno estatal o municipal, deben, como las empresas y la iniciativa privada, cumplir con una serie, ciertamente extenuante, de requisitos en los tres órdenes de gobierno, para poder iniciar una construcción, además de cumplir con otros trámites para echar a andar la empresa de la que se trate.

López Obrador pretende con su decreto, que el gobierno de la República sea liberado de toda esa carga normativa e iniciar a construir a su libre albedrio, allende si incumple con el medio ambiente, con la certeza jurídica de la tierra, con las normas regulativas, con la seguridad social, la protección civil, el pago de derechos a otros órdenes de gobierno, y decenas de trámites más que se deben cumplir para, en un Estado de Derecho, contribuir a un desarrollo ordenado, justo y en armonía con el entorno social, político y económico.

Justifica el presidente que su decreto tiene dos objetivos que nada tienen que ver con la opacidad y la corrupción: “es un decreto para agilizar trámites, y que los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el tema ya, para que los trámites que tengan qué hacer sean más expeditos”, además para evitar “amparos”, pues dice que un amparo le puede detener la obra, y él tiene que terminarlas.

Ciertamente, en un Estado de Derecho la justicia estará con aquel a quien le asista la razón, y si no es el gobierno, por haber incumplido un requisito o violentado algún derecho, así se determinará, pero es evidente que el presidente no quiere atravesar por el camino de la certeza jurídica, sino por la ruta de su voluntad.

En relación a los trámites, lo más acorde sería que su gobierno simplificara todos esos trámites, requisitos, normatividad y regulación que existen para autorizar el inicio de una construcción o la apertura de una empresa, es una deuda pendiente del gobierno federal. Pero no, para el presidente es más fácil eximirse a sí mismo, como representante del Estado Mexicano, de cumplir con los requisitos de Ley, que cambiar la misma para favorecer a todos, a la inversión en general.

Desafortunadamente, el gobierno de la República, no solo el actual, actúa a su conveniencia y provecho, porque seguramente, si alguno de los antecesores de López Obrador, hubiese emitido tal decreto, él habría sido el primero en manifestarse, en dudar, en presumir opacidad y corrupción.

Ahora, es buen momento que preguntarse, en la práctica, dónde quedó la prometida transparencia, la honestidad, la máxima publicidad de los contratos del gobierno, el respeto a las leyes y a las instituciones, porque en estos momentos, impera más el “hágase a mi voluntad”, que otra cuestión.

Adela Navarro Bello

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