El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por sus Estados Partes, tiene previsto presentar al final de su visita el 26 de noviembre sus observaciones preliminares que luego se ampliarán en el informe que publicarán en marzo de 2022 y que incluirá conclusiones y recomendaciones.
Por Fabiola Sánchez
CIUDAD DE MÉXICO (AP).— La compleja situación de México en materia de desapariciones, con un registro que ya supera las 94 mil víctimas, será evaluada por primera vez in situ a partir del lunes por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada.
La visita de 11 días de la misión del Comité (conocido como CED, por sus siglas en inglés) ha alentado las esperanzas de los familiares de desaparecidos y organizaciones humanitarias que apuestan a que los expertos internacionales guíen a las autoridades para atender una situación que el propio Comité ha considerado generalizada en gran parte del territorio mexicano y que en los tres primeros años de Gobierno de Andrés López Obrador se ha profundizado con un acumulado de más de 24 mil desapariciones, según registros de las autoridades.
Analistas atribuyen la escalada de los casos de desapariciones en México al deterioro de la seguridad por el avance de los grupos delictivos y la colusión entre algunas organizaciones criminales y el Estado.
Hoy dio inicio la visita a México del Comité ONU contra la Desaparición Forzada #CED.
Del 15 al 26 de nov, el CED viajará a 12 estados de ?? para reunirse con autoridades, víctimas, OSC, instituciones de #DDHH, entre otros.
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Desde diferentes instancias de Gobierno manifestaron la disposición a colaborar con la misión de cuatro expertos del CED que sostendrá encuentros con funcionarios de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
La delegación, encabezada por la presidenta del Comité, Carmen Rosa Villa Quintana, se reunirá también con víctimas, representantes de la sociedad civil, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organizaciones internacionales.
También tiene previsto asistir a exhumaciones realizadas por las autoridades y grupos de víctimas, y visitar cárceles y centros de detención, indicó el CED en un comunicado.
Como parte del plan de trabajo, el CED visitará 12 de los 32 estados de México, entre los que se incluyen Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Veracruz y Sinaloa, según conoció The Associated Press.
?#EnVivo | Recibe subsecretario @A_Encinas_R al Comité contra la #DesapariciónForzada de la @ONUDHmexico, en su primera visita a México.@Busqueda_MX https://t.co/axcTl5lMq6
— Gobernación (@SEGOB_mx) November 15, 2021
Tras el arribo al país de la delegación el sábado, la Cancillería mexicana dijo en un comunicado que confía en que la experiencia y prácticas del CED contribuirán a “robustecer las capacidades institucionales para la investigación, búsqueda de personas desaparecidas, procesos de rendición de cuentas y reparación para las víctimas”, a la vez que reiteró la disposición a un “diálogo constructivo” y la cooperación con los tratados y mecanismos internacionales de derechos humanos.
Asimismo, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, prometió “total apertura” para la misión del CED, que fue invitada a venir al país por el Gobierno de López Obrador, quien desde el inicio de su sexenio en 2018 tomó como una de sus banderas el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el estado occidental de Guerrero en septiembre de 2014.
Pese a la designación de un equipo especial para impulsar las investigaciones y el apoyo de asesores internacionales aún no se ha logrado esclarecer el caso de los estudiantes, lo que ha alimentado el pesimismo de muchas familias mexicanas que enfrentan la tragedia de la desaparición.
“Espero que con la visita del Comité se nos abran muchas puertas y el Gobierno nos voltee a ver”, afirmó Jessica Puler Santana, una de las integrantes del grupo Guerreras Buscadoras de Sonora, quien desde hace tres años busca a su hermano que desapareció en la localidad norteña de Guaymas.
Puler Santana, de 28 años, afirmó que aunque las autoridades las acompañan en las labores de búsqueda en el estado norteño de Sonora, “no hay apoyo de nada en lo legal, no hay apoyo económico, ni moral”.
Tranquilina Hernández, integrante de la Unión de Familias Resilientes Buscando a Sus Corazones Desaparecidos del estado central de Morelos, afirmó que no está muy esperanzada de que el CED pueda impulsar un cambio en las autoridades para atender de manera más diligente el caso de su hija, desaparecida desde hace siete años, y otras miles de personas.
Sin embargo, expresó que la visita de los expertos “puede ayudar al menos a que se den a conocer más los casos, que tengan más visibilidad, que se den a conocer en otros países. Yo creo que eso es ya como ganancia”.
Desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez -una de las organizaciones humanitarias más reconocidas de México- también hay expectativas de que la visita del CED pueda contribuir sobre todo en materia forense, indicó María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional de la asociación.
“Seguramente la situación del país no cambiará después de la visita del Comité, ni mucho menos después de que emita su informe inmediatamente, pero sí creemos que es una oportunidad de hacer un diagnóstico muy a detalle de lo que sucede y de cómo tendría que ser la política de Estado”, dijo Aguilar en entrevista con AP.
Hace tres años el CED hizo una serie de recomendaciones al Gobierno mexicano que incluyeron el retiro de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública a través de un plan gradual, ordenado y verificable; la generación de condiciones para que todos los cadáveres y restos óseos puedan ser identificados y entregados de manera digna; la garantía de independencia y autonomía en la Fiscalía General de la República, y la protección de las familias y los defensores de derechos humanos.
