El objetivo de Pablo Gómez en la UIF, donde fue anunciado como titular luego de la renuncia de Santiago Nieto tras su polémica boda, será afrontar la corrupción en México que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a desterrar.
Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- Pablo Gómez Álvarez es, a sus 75 años de edad, un emblema de la izquierda de México, pero ahora deberá ser también un símbolo de la lucha anticorrupción del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador como sustituto de Santiago Nieto Castillo en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Gómez Álvarez llega a esta institución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tras ser derrotado por la oposición en su búsqueda de la relección de Diputado federal, en junio, y sin ninguna experiencia en la administración pública, porque su trayectoria ha sido en la actividad partidista, desde que el Partido de México (PCM) era ilegal, y parlamentaria.
Cuatro veces Diputado federal, dos veces Senador y militante de los partidos Comunista de México, Socialista Unificado de México (PSUM), Mexicano Socialista (PMS), de la Revolución Democrática (PRD) y Morena, el economista Gómez Álvarez se incorporará por vez primera al Gobierno federal, tras la decisión de Nieto Castillo de renunciar “por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente”: su boda con la Consejera Carla Humphrey.
El líder del movimiento estudiantil de 1968 y preso político en Lecumberri ya ha sido partícipe de acciones derivadas de las investigaciones de Nieto Castillo y la UIF, como el desafuero del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que condujo como presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.
Ahora, como titular de la UIF, deberá coordinarse con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, quien culpó a Nieto Castillo de las fugas del magnate Alonso Ancira y del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, involucrados ambos en el esquema de alta corrupción en el Gobierno de Enrique Peña Nieto que sigue bajo investigación.
A unos días de que se cumplan tres años del Gobierno de López Obrador, el 1 de diciembre, la UIF debe dar seguimiento a las siete denuncias que Nieto Castillo presentó contra Lozoya, el proceso contra García Cabeza de Vaca, pendiente de resolver por el Poder Judicial, y la implicación de senadores del Partido Acción Nacional (PAN) en los presuntos sobornos con dinero de Odebrecht que implican al excandidato presidencial Ricardo Anaya.
La UIF es coadyuvante en el caso Odebrecht que, según la denuncia de Lozoya, implica a Peña Nieto y también a Felipe Calderón en la construcción de la planta Etileno XXI y en el contrato que otorgó a ésta para abastecer de gas barato, un esquema que operó presuntamente su amigo Jordy Herrera, Secretario de Energía de ese Gobierno.
Desde el ámbito partidario y parlamentario, Gómez Álvarez ha combatido conductas de corrupción estructural que inclusive han derivado en libros: Los gastos secretos del Presidente; Libertad de expresión y lucha política; Democracia y Crisis Política en México; La izquierda y la derecha; México 1968: Disputa por la Presidencia y Lucha Parlamentaria, entre otros.
Hace apenas un mes, el 2 de octubre, en el 63 aniversario de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, Gómez Álvarez escribió en la colaboración periodística que envía a los medios que deseen publicarla: “Contar con un nuevo Gobierno que no es corrupto, por vez primera en 70 años, no quiere decir que el Estado también ha dejado totalmente de serlo”.
Y añadió: “Vivimos ahora un indispensable inicio que lleva a una lucha diaria, la cual habrá de prolongarse probablemente durante algunos años. El problema tiene dos lados: evitar la corrupción en tiempo real y ajustar cuentas con la corrupción sistémica de antes, sus mecanismos, sus leyes, sus mafias, sus vínculos de protección, complicidad y miedo”.
Ahora, él tiene en sus manos, como titular de la UIF, afrontar esos dos lados de la corrupción en México, que el Gobierno de López Obrador se comprometió a desterrar.
