La presunta red de espionaje montada en la administración de Aureoles Conejo (2015-2021) que se hizo a través de un contrato en 2017 con una empresa del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, prófugo de la justicia y esposo de la conductora Inés Gómez Mont, debe ser investigada para castigar a todos los involucrados, exigieron diputados de Morena en Michoacán.
Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).– El exgobernador Silvano Aureoles Conejo (2015-2021) y la empresa de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, deben ser investigados por la actual administración de Michoacán, exigieron diputados locales de Morena, quienes tienen una denuncia en contra del perredista por haberlos amenazado a través de mensajes de texto.
«Estamos exigiendo que se investigue tanto a la empresa como al exgobernador y los implicados que tienen que ver en este espionaje, por eso es que desde Morena hacemos este llamado», dijo en entrevista con SinEmbargo Giulianna Bugarini Torres, dirigente estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Bugarini Torres y el Diputado local Juan Carlos Barragán Vélez mantienen una denuncia contra el exgobernador ante la Fiscalía estatal de Michoacán por amenazas. Ambos acusan que fueron perseguidos por Silvano Aureoles y aseguran que esta red de espionaje que se acaba de descubrir ayudará a su denuncia.
«Las denuncias se hicieron por temas de amenazas, Silvano era muy conocido por hacer amenazas, incluso las hacía desde su teléfono, ahora sale a la luz lo del espionaje y este contrato a esta empresa, por eso nosotros estamos esperando a que se investigue por la vía legal», detalló la dirigente de Morena en Michoacán.
El día de ayer, el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que Silvano Aureoles habría comprado un software de espionaje a una empresa de Víctor Manuel Álvarez Puga, buscando junto con Gómez Mont por la Interpol en 195 países.
La presunta red de espionaje montada en la administración de Aureoles Conejo (2015-2021) se hizo a través de un contrato en 2017 por la cantidad de 19.5 millones de dólares para el monitoreo y actualización de las direcciones IP de dispositivos electrónicos en todo el estado de Michoacán y en cada uno de los municipios se utilizaron 12 computadoras para “su servicio y mantenimiento”.
“Este es un contrato muy grande. Efectivamente todo indica que es de espionaje porque se establece que se instalarán 12 terminales para estar monitoreando las direcciones de IP, o sea, de Facebook, WhatsApp», explicó el Gobernador en conferencia de prensa. «De 19 mil 500 millones de dólares es el contrato y por supuesto que forma parte de las investigaciones que estamos realizando. Tenemos bien ubicado el contrato”.
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A QUIÉNES ESPIABA SILVANO
Ramírez Bedolla dijo que no se sabe a quiénes espiaban ni con qué fines. No obstante, señaló que en la pasada administración se utilizaba un modelo de fraude mediante el arrendamiento, pues mencionó que se rentaban patrullas, el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5), helicópteros e incluso cuarteles de la policía.
“Entendemos que una parte del contrato se pagó y otra no. Y se retiraron los equipos, por tanto, es un contrato donde no está determinado cómo establecieron ese monto de 19 millones de dólares y qué reportes tenían que entregar. Lo que detectamos es que el Gobierno anterior utilizaba un modelo de fraude con base a arrendamientos, rentaban las patrullas, rentaban el C5, rentaban software de este tipo y los equipos de salud”, detalló Bedolla.
El partido Morena en Michoacán aseguró que el espionaje que presuntamente realizaba Silvano Aureoles es un atropello a los derechos humanos de los michoacanos.
«Si se confirma este espionaje, no solo nos habrían espiado a nosotros, también a más michoacanos y esto es un atropello a los derechos humanos, serían un delito muy grave. Esto es una suma más a la cuenta de Aureoles», dijo Giulianna Bugarini Torres, dirigente estatal de Morena.
Esta semana, el periodista Salvador García Soto, columnista de El Universal, dio a conocer que en el Gobierno de Silvano Aureoles se contrató a una empresa tecnológica e informática, propiedad de Álvarez Puga, a la que se pagaron hasta 132 millones de dólares en cinco años, desde 2017 hasta 2021 para instalar y operar un sistema de espionaje.
El columnista explicó que la empresa de Álvarez Puga recibió 2.5 millones de dólares mensuales por “sus servicios de monitoreo y seguimiento”, con un primer pago de siete millones de dólares, lo que representó un total de 132 millones de dólares que la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Michoacán pagó.
García Soto informó que en el contrato aparecen las firmas de quien fuera Secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza; del titular del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Guillermo Loaiza Gómez, mientras que por Integra Software firmó Raúl García Palacios como “administrador único”.
EL CASO ÁLVAREZ PUGA Y GÓMEZ MONT
El empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, su esposa, la conductora de televisión Inés Gómez Mont, y su hermano Alejandro Álvarez Puga, están acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos mediante empresas factureras.
Víctor Manuel Álvarez e Inés Gómez Mont son buscados por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) en 195 países a petición de la Fiscalía General, que solicitó una ficha roja.
El pasado 7 de octubre, el Procurador Fiscal Carlos Romero Aranda informó que se habían girado órdenes de aprehensión en contra de las cabezas del “grupo facturero más importante del país”. En una reunión con diputados de la Comisión de Hacienda sobre la revisión del paquete fiscal 2022, el funcionario explicó las acciones que el Gobierno federal estaba llevando a cabo para contrarrestar los delitos fiscales.
“Ahorita ya tenemos los dos casos más relevantes de factureras, por un lado los de facturación de outsourcing, donde tenemos órdenes de aprehensión contra el grupo delictivo y sobre todo las cabezas, y por el otro lado donde tenemos al grupo facturero más importante del país que era uno que operaba, que la cabeza del grupo es un supuesto empresario que tenía un despacho de contadores y su esposa es alguien famosa de la farándula”, dijo Romero Aranda.
Sin embargo, esta no es la primera vez que Víctor Álvarez Puga y su firma, Álvarez Puga & Asociados, han estado envueltos en operaciones ilícitas. La primera vez fue en el año 2010, cuando sus oficinas fueron cateadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en siete ciudades del país debido a una investigación por defraudación fiscal y lavado de dinero.
