La Auditoría Superior de la Federación hizo una revisión a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto Nacional de Migración, que reportó en 2020 gastos relacionados con las Tecnologías de la Información por 293 millones 701 mil pesos.
Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Migración (INM) entregó 143 millones 251 mil pesos durante 2020 a diversas empresas con graves anomalías, de acuerdo con la Cuenta Pública entregada hoy por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la cual se refiere que en las contrataciones relacionadas con los servicios de información y comunicaciones de esta dependencia hubo licitaciones públicas ficticias, pagos extras a proveedores, se compró equipo obsoleto y otro tanto nunca se encontró.
Una de las observaciones de la ASF que más resalta es la asignación de contratos, del área de tecnología, a empresas que no tenían qué ver con el ramo. De éstas, ocho se encuentran vinculadas entre sí: tienen los mismos socios accionistas, domicilios fiscales, números telefónicos y correos electrónicos iguales en el Registro Federal de Contribuyentes. También fueron constituidas en las mismas fechas o ante el mismo corredor público.
Otras 19 de estas empresas no reportaron movimientos relacionados con sueldos y salarios ni empleados durante los ejercicios de 2019 y 2020. Por último, 20 de ellas son de reciente constitución y 10 no reportaron ingresos o no presentaron declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Todos esos elementos, indican que pueden tratarse de empresas fantasmas.
La revisión que hizo la ASF fue a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del INM, que reportó en 2020 gastos relacionados con las Tecnologías de la Información (TI) por 293 millones 701 mil pesos. Los gastos que realiza esta área son la compra de equipo informático, soporte técnico, servicios de seguridad informática, seguridad de la información y la expedición de las tarjetas de identificación de condición migratoria.
La ASF determinó que el monto por aclarar asciende a 143 millones 251 mil 249 pesos, por lo que concluyó que “no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”.
LAS CONTRATACIONES DEL INM
De acuerdo con la Auditoría, hubo deficiencias e irregularidades en los procesos de investigaciones de mercado, los estudios de factibilidad, así como en la elaboración, revisión, suscripción e integración de los expedientes de los cuatro contratos y dos convenios modificatorios revisados que no permiten garantizar contrataciones que cumplan en términos de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad.
En relación con los contratos para el arrendamiento de equipo informático y de escritorio y para la prestación del servicio administrado para la expedición de tarjetas de identificación de condición migratoria, no hubo claridad en la selección de las empresas que participaron en la investigación de mercado y a las que posteriormente se les adjudicaron los contratos, toda vez que se identificó que estas empresas se encontraban relacionadas entre sí.
Este mecanismo se repetiría en otros contratos.
Resalta el caso del contrato para la compra de equipo informático de escritorio que el INM celebró con Comercializadora Antsua, S.A. de C.V. De éste se encontraron anomalías como pago extra por servicios que ya venían incluidos en el contrato acordado en un inicio; 2 mil 682 equipos no cumplían con las características mínimas de velocidad de procesamiento y no se encontraron 260 equipos ya pagados.
Pero esta empresa además, utilizó un mecanismo que incluyó a empresas que posiblemente son fantasmas.
La ASF detalló que Comercializadora Antsua distribuyó una parte del dinero del INM entre seis empresas y éstas a su vez, a otras 15 empresas.
De las 21 empresas de segundo y tercer nivel se observó que sus operaciones no tienen relación con la prestación de los servicios proporcionados al INM.
De todas estas empresas coinciden todos los datos de accionistas, direcciones fiscales y fueron constituidas en las mismas fechas. Incluso 10 empresas no reportaron ingresos o no presentaron declaraciones ante el SAT.
Otro caso es el del contrato con Nemecisco, S.A. de C.V. para la expedición de tarjetas de identificación de condición migratoria.
La ASF reportó que el INM generó evidencia para comprobar que hubo una adecuada selección de proveedores; hubo pago extra para esta empresa cuando ni siquiera informó de gastos adicionales y además, de los pagos que recibió la empresa, los distribuyó a otras tres ubicadas en Panamá, Hong Kong e Israel, y cuentas en diversas instituciones bancarias en el extranjero, en países como Estados Unidos, Israel, Suiza y Panamá, cuyas operaciones no tienen relación con la prestación de los servicios proporcionados al INM.
