Estado de sitio en Guatemala, en una localidad maya del noreste del país, donde la población indígena protesta contra la explotación minera de sus tierras y la contaminación que provoca. Ahora toda manifestación ha quedado prohibida y las fuerzas del orden tendrán los plenos poderes.
Por Lucía Valentín
Guatemala, 25 de octubre (RFI).– El Estor es un poblado maya situado a 315 kilómetros de la capital, ciudad de Guatemala, unas siete horas de trayecto por carretera. Sus habitantes pelean desde hace años contra una minera local, Compañía Guatemalteca de Níquel, subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group, que explota minerales en su territorio.
En junio de 2020 obtuvieron una importante victoria ante la corte constitucional, que paralizó las operaciones mineras porque no se llevó a cabo una consulta entre los habitantes locales antes de conceder la licencia de operación, tal y como dicta la legislación internacional.
Pero el Gobierno consideró que la sentencia sólo afectaba a una de las licencias otorgadas a CGN, pero que «la planta procesadora y otros derechos mineros (…) no están relacionados con la resolución» de la CC «por lo que, actualmente, su operación está vigente y se considera apegada a la ley».
Los habitantes mantuvieron activa su protesta hasta este sábado, cuando fueron disueltos por la policía. Cuatro agentes resultaron heridos en la operación, lo que llevó al presidente Alejandro Giammatei a declarar el estado de sitio por 30 días. Más de 850 uniformados se han desplegado en la zona. Tienen plenos poderes para llevar a cabo operaciones sin orden judicial, imponer un toque de queda de 12 horas y prohibir toda manifestación.
El estado de sitio debe ser ratificado en los próximos días por el Congreso para que no pierda vigencia.
«Este estado de sitio obedece nada más para privilegiar y asegurar el trabajo de la minería», dijo a la AFP Abelino Chub, uno de los líderes indígenas que se opone a la explotación minera en El Estor y quien adjudicó el ataque a los policías a «infiltrados» al movimiento.
Chub consideró que la limitación de derechos ciudadanos pretende atemorizar a la población que se opone a la empresa minera y alertó del recrudecimiento de la persecución y criminalización contra los dirigentes de las organizaciones comunitarias contrarias a la empresa.
