De acuerdo con la AMDA, la propuesta de López Obrador sobre la regularización de los «autos chocolate» impactará a la baja en 20 por ciento el valor de los vehículos usados nacionales en circulación.
Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) rechazó el decreto para legalizar «el contrabando automotriz» que el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmará el sábado en su gira por Baja California, asegurando que premiará a la mafia y golpeará al comercio en este sector.
«Esto representará un premio para las mafias que se enriquecen con el contrabando de este tipo de unidades y será un golpe al comercio automotor formal que genera empleo e impuestos, el cual aún enfrenta las repercusiones por la pandemia del COVID-19 y la crisis de los semiconductores», explicó la AMDA en un comunicado luego del anuncio del Presidente en su conferencia matutina del miércoles.
La Asociación argumentó que la propuesta de regularización de vehículos ilegales no sólo se limitará a los siete estados fronterizos, sino que lo ampliará a todo el país, «situación que lejos de limitar el problema lo hará más grande».
De acuerdo con la AMDA, el 29 de junio solicitaron una audiencia con el mandatario federal para explicarle las repercusiones de esta propuesta anunciada originalmente desde 27 del mismo mes en Baja California.
Premio a la #ilegalidad con la firma del #decreto para #regularizar #vehículosilegales que se hará este 16 de octubre en plena #crisis: https://t.co/wOlUD88mpO
— AMDA (@AMDAMX) October 13, 2021
«Desde esa fecha durante julio y agosto la importación legal de vehículos usados crecieron 69.8 y 84.9 por ciento, cinco mil 655 y seis mil 493 unidades adicionales, respectivamente; mientras que la internación ilegal creció en igual o mayor porcentaje por la esperanza de poder regularizarse en breve», explicó.
Ante esta situación, mencionó que el fenómeno de los vehículos ilegales no disminuyó, sino que es más evidente ver ese tipo de unidades circulando en toda la frontera ante la omisión de las autoridades, incluso autos de lujo y deportivos que no tienen nada que ver con la justificación social para su regularización «por apenas una cuota y sin pagar los impuestos que realmente ayudarían a mejorar sus condiciones de vida».
También destacó que la introducción y comercialización de vehículos usados procedentes de Estados Unidos sin cumplir las formalidades del procedimiento aduanero es un delito que se ha pretendido resolver sin éxito mediante disposiciones del Poder Ejecutivo y el Legislativo, en 19 procesos de regularización entre 1979 y 2011.
«La legalización que se viene provocará una baja en el valor de hasta 20 por ciento de las unidades de mismo año-modelo nacionales debido a la sobreoferta que se generará, ya que el propietario al ver que su unidad usada cuesta menos decidirá posponer su venta o retardar su renovación, afectando aún más la cadena de comercialización de cambio de usado a seminuevo o de seminuevo por uno nuevo».
