A más de tres años de la muerte de Zyanya, un Juez de Puebla ordenó rectificar la investigación, por ello la Fiscalía estatal tendrá que recabar información que ayude a esclarecer si se trató de un feminicidio y descartar la hipótesis que reforzó desde 2018, cuando aseguró, sin datos de prueba suficiente, que la joven doctora se suicidó.
Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– La estudiante de medicina Zyanya Figueroa Becerril falleció hace más de tres años, pero, después de varios recursos legales, exigencias a la Fiscalía de Puebla y con la reciente resolución de un Juez local, ahora su familia y quienes acompañan el caso opinan que las autoridades tienen en sus manos la posibilidad de rectificar la investigación, esclarecer el caso y cumplir con lo que establecen los protocolos vigentes en México: la obligación de investigar la muerte de toda mujer con perspectiva de género.
Zyanya, de 26 años, era originaria de la Ciudad de México y desde 2017 llegó a Puebla para hacer su especialidad en pediatría en el Hospital del Niño Poblano, durante ese tiempo denunció que sufrió acoso del personal médico. El 16 de mayo de 2018 no se presentó a su guardia, por lo que, según las versiones de sus compañeros citadas por medios locales, fueron a buscarla al lugar donde vivía y la encontraron sin vida.
De acuerdo con Carlos Olvera, abogado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y representante legal de la familia de Zyanya, desde entonces la Fiscalía poblana ha recabado datos de prueba para reforzar la versión de un posible suicidio, con lo que han omitido analizar si la joven vivía o no en un contexto de violencia grave por motivos de género, que, de comprobarse, serviría para que se investigue como un feminicidio.
El caso dará un giro en los próximos meses porque el 28 de septiembre el Juez de control poblano Javier Vázquez Fernández ordenó a la Fiscalía estatal rectificar el trabajo que ha hecho hasta ahora y hacer diligencias con perspectiva de género, también le dio tres meses para presentar un plan metodológico que el Ministerio Público deberá seguir para investigar como si se tratara de un feminicidio. El plazo del Juez se cumple el 28 de diciembre.
«Esperamos que sea un cambio favorable», dice Patricia Becerril mamá de Zyanya, consultada por SinEmbargo. Mientras que el abogado Carlos Olvera asegura que la orden del Juez y el trabajo que realice la Fiscalía puede ser un punto de lanza tanto a nivel local como nacional porque el caso todavía está en la etapa de investigación inicial.
«El caso de Zyanya puede crear un precedente, sobre todo en el sistema penal acusatorio para los jueces de control, para que vean que sí pueden asumir todas las violaciones de derechos humanos que hay en una investigación y reconducirla, porque la realidad es que si no lo hacen los jueces de control, las familias quedan en estado de indefensión. Y también puede generar un precedente en cómo se deben reconducir las investigaciones con perspectiva de género, sobre todo después de tantas deficiencias», menciona el defensor legal en entrevista.
La orden que dio el Juez Vázquez Fernández fue emitida gracias a un amparo ganado por la familia de Zyanya y su defensa legal, que desde hace un año ya le habían solicitado pronunciarse por la falta de perspectiva de género en las diligencias hechas por los policías locales.
Entre las irregularidades cometidas por la Fiscalía local se encuentra la filtración a medios locales de una carta atribuida a Zyanya donde supuestamente se describía como una mala doctora, sin embargo, la familia Figueroa Becerril hizo público desde 2018 los resultados de un peritaje independiente en grafoscopia donde se concluyó que la joven no la escribió. A ello se suma la falta de cuidado de las muestras de sangre recabadas por el ministerio público y que apenas el 8 de junio de esta año la Fiscalía local permitió que un grupo de peritos realizara una nueva diligencia en el departamento donde vivía, en donde se encontraron datos de prueba que los policías no recabaron hace más de tres años, cuando inició la investigación.
«Podemos ver que hay, por ejemplo, un policía que desde el inicio no investiga como si se tratara de un feminicidio y él mismo acepta que no lo hace porque cree que es un suicidio. Inclusive [en la diligencia de junio en el departamento de Zyanya] con peritos independientes y peritos de la Fiscalía se encontraron restos de sangre que no se habían hallado originalmente», destaca Carlos Olvera.
Por su parte, la colectiva Las Siemprevivas, que ha acompañado la exigencia de justicia de la familia Becerril Figueroa, considera que la orden de rectificar la investigación salda sólo uno de los pendientes que las autoridades poblanas tienen con las víctimas indirectas del caso, incluidas las activistas que en mayo de este año fueron agredidas por personal de la Fiscalía durante una protesta, hecho que ONU Mujeres y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México condenó.
«Es lo mínimo que [las autoridades] podían hacer después del trato indigno que han tenido hacia las familias, de la represión sufrida y esto es algo que le arrancamos al Estado», opina Ale, una de las integrantes de la agrupación feminista.
#VIDEO ? Activistas y familiares de Zyanya Figueroa Becerril se encadenan a las puertas de @FiscaliaPuebla tras ser golpeados y gaseados por personal de la dependencia. pic.twitter.com/4Hwf1Yr9yw
— La Página Negra (@LaPaginaNegraMX) May 21, 2021
Las autoridades estatales y federales han reconocido que Puebla vive una emergencia por el alto número de feminicidios, muestra de ello es que desde 2019 la Secretaría de Gobernación decretó una Alerta de Violencia de Género en 50 municipios por el alto número de feminicidios.
Solo de 2019 a agosto de 2021 la Fiscalía estatal inició 137 carpetas de investigación por feminicidio, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 2019 y 2020 Puebla ocupó el quinto y sexto lugar a nivel nacional con más procesos legales abiertos por este delito, con 58 y 52 respectivamente.
Además, los mismos datos muestran que de 2019 a agosto de 2021 se registraron 33 mil 202 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres. El estado fue el lugar cuarto y quinto con más llamadas en 2020 y 2019.
¿QUÉ DICEN LOS PROTOCOLOS?
Entrevistada en junio para SinEmbargo Al Aire, Patricia Becerril enfatizó que la exigencia que mantiene es que se investigué la causa de la muerte de su hija, con ello, dijo, se respetaría su derecho al acceso a la verdad y justicia.
El reclamó que mantiene la familia de Zyanya y el OCNF para una investigación con perspectiva de género esta respaldado por la sentencia emitida en 2015 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que la muerte de Mariana Lima, en el Estado de México, se investigara como feminicidio y no como suicidio. El fallo es de alcance nacional, por lo que autoridades tienen la obligación de cumplirlo en otros casos.
La SCJN dictó desde entonces que en México todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio y con perspectiva de género. Además, autoridades deben recolectar y salvaguardar evidencia para definir si la víctima sufrió algún tipo de violencia previo o después del asesinato. La sentencia 554/2013 también reconoce que la inacción de autoridades revictimiza y discrimina a las víctimas.
Además, Puebla cuenta desde 2019 con el «Protocolo Actualizado para la Investigación del Delito de Feminicidio» donde se destaca que «en el caso de muertes violentas de mujeres o de suicidio, el equipo investigador debe presumir que se trata de un feminicidio».
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