Por Manuel Llano

La existencia del ciclo hidrológico es algo que se enseña en las aulas desde la educación básica: aprendemos que es un ciclo natural que ocurre desde hace millones de años y que de este depende la existencia de la vida sobre el planeta. Sin embargo, cuando se trata de la gestión pública del agua, el discurso comúnmente dominado por las instancias gubernamentales se orienta a hablar con elocuencia sobre los grandes trasvases y obras de infraestructura, sobre la productividad del sector económico y sobre cómo enfrentar ese problema de la escasez del agua que se presenta cuando hay que abastecer a la población en general. Poco permea a la gestión pública del agua que su premisa básica debiera ser la no alteración del ciclo hidrológico más allá de lo mínimo indispensable: que su deber es vigilar la equidad en la distribución y acceso del agua para la población y las actividades productivas, pero por sobre todo garantizar la continuidad del ciclo hidrológico natural y con este, la existencia de la vida sobre el planeta.

La problemática humana en torno a la gestión del agua no es entonces solo un problema técnico esperando a ser resuelto con nuevos megaproyectos de infraestructura, es principalmente un problema de equidad en el acceso al agua (suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico), problemática que se agrava particularmente para la población más vulnerable, misma que históricamente ha quedado fuera de los servicios de distribución del agua y los sistemas de drenaje, y de la toma de decisiones con respecto de este recurso común propiedad de todos en la nación. Aparejado a la injusticia distributiva del agua ocurre el acaparamiento del recurso por unos pocos usuarios poderosos; y con respecto de los flujos subterráneos de agua y los cuerpos de agua superficiales priva un grave desconocimiento científico sobre sus zonas de recarga, de transición y de descarga, al tiempo que estos mismos son sobreexplotados, contaminados y destruidos, y por consiguiente, la degradación y pérdida de ecosistemas circundantes y los servicios ambientales que estos proveen.

Por sus implicaciones territoriales, la gobernanza del agua y los recursos naturales es una responsabilidad que no puede delegarse en su totalidad a la autoridad gubernamental, requiere la planeación y toma de decisiones participativa y comunitaria, y para ello, es necesario que la sociedad cuente con información abierta, precisa, completa, actualizada, gratuita y oportuna. La rendición de cuentas de la autoridad y la transparencia de la información pública son condición indispensable para la participación y vigilancia ciudadanas, solo así puede existir un contrapeso que evite la corrupción y la toma de decisiones discrecionales por parte de la autoridad.

La Ciudad de México ha sido históricamente escenario de las peores políticas y decisiones en materia hídrica, pasando de ser una ciudad cuidadosamente balanceada en el centro de un sistema lacustre, a una ciudad ecocida que se ha quedado casi sin agua, orgullosa de sus mega obras hidráulicas voraces y que aún insiste en pavimentar sus últimos humedales para que puedan circular más coches. A través de las distintas administraciones de la ciudad, incluida la actual, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) ha sido omiso en publicar cualquier información útil con respecto de su gestión, ha catalogado de “reservada” toda la información que permita conocer la situación del agua, su infraestructura y su gestión en la ciudad, a la letra (solicitud de información pública a SACMEX con folio 0324000014219), ha reservado: redes de distribución, tanques de almacenamiento, plantas de bombeo, pozos de agua, plantas potabilizadoras y de tratamiento, colectores, pasos a desnivel, presas, causes, e inclusive, todos aquellos documentos, programas, planos, mapas, opiniones técnicas, bitácoras, diagramas, contratos y convenios que contengan información sobre la infraestructura hidráulica. Muy ufanos estarán algunos funcionarios del agua con el resguardo celoso de su información, sin tener que justificar sus decisiones, informar o rendir cuentas, y pasando por alto que no solo son omisos en garantizar la participación y vigilancia ciudadana, sino que además, están en falta con respecto de sus obligaciones en términos de la Ley de Aguas Nacionales. Por ejemplo, sus pozos tendrían que estar debidamente inscritos en el Registro Público de Derechos de Aguas de la Conagua y no lo están; presas y cauces deberían estar inscritos y con información actualizada en el Sistema de Seguridad de Presas de la Conagua, y plantas de potabilización y tratamiento deberían estar informando de sus caudales y características en el Sistema Nacional de Información del Agua de la Conagua.

La gestión del agua sin rendición de cuentas y sin transparencia favorece la corrupción, y con esta, las decisiones discrecionales, la inequidad en la distribución, la sobreexplotación y la contaminación de los cuerpos de agua. Así por ejemplo, durante la pandemia por COVID-19, al tiempo que existe desabasto en el suministro de agua principalmente para las zonas marginadas de la Ciudad de México, la autoridad capitalina otorgó su venia y favores (“facilidades administrativas para la realización de proyectos inmobiliarios” les nombró en la Gaceta Oficial de la CDMX) para que el insaciable desarrollo inmobiliario ignore las limitaciones establecidas en los programas de desarrollo urbano, y sin contar con información técnica y científica que sustente la viabilidad de aumentar la demanda de recursos hídricos mediante nuevos desarrollos, otorgó los permisos para que estos se realicen.

*Manuel Llano es director de Cartocrítica, Investigación, mapas y datos para la sociedad y miembro del Colectivo Agua y Clima

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