21 periodistas han sido asesinados en México desde el día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como tal, de acuerdo con la organización Artículo 19. Sin embargo, la propia Secretaría de Gobernación reconoce 45 comunicadores asesinados en el transcurso de la administración de la 4T.

En México no hay justificación para los periodistas asesinados, tampoco para aquellos que han sido desaparecidos, mucho menos para quienes, por su labor periodística, son amenazados, hostigados, difamados, acosados.

El país volvió a ser considerado como uno de los más peligrosos para el ejercicio del periodismo, cuando en menos de una semana, fueron acribillados dos periodistas. El 19 de julio en Morelia, Michoacán, fue asesinado a disparos el periodista Abraham Mendoza. Tres días después, el 22 de julio, en Guaymas, Sonora, fue asesinado el periodista Ricardo Domínguez López.

En este sentido la autollamada cuarta transformación parece ser igual que antes, o incluso peor para el ejercicio de la prensa libre, considerando hechos recientes e inéditos en México cuando un cártel, mediante un video, amenazó a medios nacionales.

Ser periodista en México, de investigación, de opinión, crítica y denuncia, efectivamente conlleva un riesgo. No debería, informar es una profesión que, como otras, tendría que garantizar condiciones de seguridad para su ejercicio, pero eso no sucede en este país.

Cosa contraria a las amenazas, las desapariciones y los atentados por parte del narcotráfico, o el crimen organizado, o gobiernos corruptos, se suma el señalamiento oficial, el acoso por parte de gobernantes.

El propio presidente de la República ha calificado a la prensa con una connotación abiertamente negativa respecto a si le son afines o no, si le critican, o considera que lo atacan. A los periodistas los ha llamado desde adversarios, conservadores, amarillistas, prensa fifí, por mencionar algunos descalificativos. Incluso, el mandatario nacional instauró una sección en su conferencia matutina del día miércoles para exhibir a “quién es quién en las mentiras”, y cuando algunos pensábamos que evidenciaría la falta d rigor de sus adversarios políticos, se concentró en los periodistas y medios de comunicación.

Así, sin responder a quienes desde la oposición le critican, enfocó su atención contra la prensa, y de forma semanal, “exhibe” lo que considera son mentiras publicadas por columnistas, reporteros, editoriales y medios de comunicación, aunque aquello ya se salió de control, cuando hace una semana, incluyeron la portada del periódico Reforma, no por mentir, pues la juzgadora oficial reconoció que el dato publicado (20 por ciento de aumento en la tarifa de electricidad) era cierto, pero que… exageraban, en la presentación de la información, porque los mexicanos pagamos menos por la luz que los norteamericanos. Vaya argumento.

Este contexto de acoso oficial, que ha sido adoptado por gobernadores del partido oficial en los Estados, se suma al clima de inseguridad en el cual muchos periodistas de investigación ejercen su labor, a su vez enfrascados en un contexto de impunidad, pues en las investigaciones sobre asesinatos de periodistas que se concentran en la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, el 98 por ciento permanece sin justicia. Casos, hay cientos.

El mensaje no ha cambiado en México, ni con la llegada de un gobierno de izquierda como lo es el de Morena, ni con la transición a una Fiscalía General de la República que se presume autónoma: en este país se puede matar a un periodista y no terminar en prisión. Ni siquiera ser investigado por el crimen.

En este trágico contexto para la prensa de investigación en México, el martes 9 de agosto, un grupo armado, anónimo, cubiertas sus caras, mostrando armas largas e identificándose como miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, amenazó directamente a la periodista de Milenio, Azucena Uresti, a ese medio, a Televisa y al periódico El Universal. Con ella, fueron particularmente precisos, que no se detendrían aunque fuese

“a ti Azucena Uresti, una cosa te hago saber: no seas (…) y bájale de (…), porque te aseguro, que si no le bajas y sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés, doy contigo, y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de femenicidio (sic)”. El hombre se identifica como representante del CJNG, concretamente de Manuel Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Y aun cuando el mensaje no ha sido validado, ni las autoridades federales o la FGE han informado de investigación alguna para autentificar el video y las amenazas vertidas, Oseguera Cervantes, es un criminal organizado que goza de impunidad, como muchos otros en esta administración que ha abandonado las operaciones de combate a la inseguridad a partir de la investigación y captura de los capos.

Pero sean emisarios del CJNG, de cualquier otra red criminal, o de algún capo de las drogas, los delincuentes pueden amenazar a periodistas, sin consecuencias. De hecho, el delito de amenazas no se persigue de oficio, por lo que la FGE solo iniciará una investigación si alguno de los amenazados, presenta una denuncia al respecto. Y si eso sucediera, y milagrosamente se llevara a cabo una investigación, en el código federal el delito de amenazas es castigado con una pena de tres días a un año de prisión.

Por supuesto que el CJNG y su líder criminal “El Mencho”, tienen más que amenazas en su historial criminal, sea por trasiego de droga, lavado de dinero, homicidio, distribución y tráfico de enervantes, el michoacano continúa en la impunidad. Libre, evadiendo la justicia de forma exitosa.

Tanto Azucena Uresti, como Milenio, Televisa y El Universal, lo que han reportado la situación de inseguridad y violencia que se vive en Michoacán, donde la presencia de la Guardia Nacional ha resultado de ornato, mientras nada se acciona desde la secretaría de seguridad y bienestar ciudadano, mucho menos de la fiscalía general de la República. Donde las personas, aquellas que no son parte del éxodo michoacano, se han agrupado en autodefensas para protegerse.

Los medios en cuestión, como otros, han documentado con su oficio diario la violencia constante en poblados michoacanos, la presencia de criminales pertenecientes a los llamados cárteles unidos, así como de Jalisco Nueva Generación, ambas organizaciones criminales que lo mismo atentan contra la población quemando vehículos, amenazando trabajadores, asesinando a adversarios delincuenciales, que se enfrentan a balazos a cualquier hora en cualquier lugar, vulnerando a los ciudadanos.

De esto han dado cuenta los medios de comunicación, utilizando videos tomados por ciudadanos temerosos de lo que sucede, entrevistas a sobrevivientes, imágenes de las masacres y los daños provocados por los proyectiles de ambos cárteles. Pruebas de una realidad que desde el gobierno federal se intenta ocultar, con una retórica de paz, de una política oficial de “abrazos, no balazos”.

Y mientras, tanto en al FGE como en la secretaría de seguridad federal, no se informa de lo que sucede, no se investiga lo que acontece en Michoacán, los periodistas sí lo hacen, convirtiéndose así en el blanco de los criminales, porque son los comunicadores quienes exhiben lo que está sucediendo, frente a la impunidad generada por una autoridad federal opaca.

El escenario sería distinto si desde el gobierno de la República, o la FGE, se combatiera a los cárteles de la droga, se investigara a sus miembros, y se les presentara ante la justicia, para demostrar que se vive en un Estado de Derecho, donde si uno delinque, recibirá un castigo. Pero no, en México no es así. Los cárteles de la droga gozan de impunidad.

Por eso los narcotraficantes y criminales organizados, pueden hacer que miles abandonen su casa por la violencia, pueden amenazar, asesinar, enfrentarse a balazos en cualquier esquina, porque normalmente no reciben castigo.

Lo que urge en México no es que el presidente “repruebe” las amenazas a la periodista Uresti o los medios de comunicación, o que el mecanismo de protección instaure un aparto de seguridad a su alrededor para proteger su integridad, lo que se requiere es que se elabore por parte del gobierno federal una estrategia integral de combate a la inseguridad y los cárteles que con inteligencia para investigar sus actividades criminales y, como sucede en tantos países, seguir la ruta del dinero.

El martes, el presidente admitió que “si no resolvemos el problema de la inseguridad y de la violencia, no vamos a ser recordados como buenos gobernantes”. A punto de concluir su tercer año de gobierno, México sigue a la espera de resultados contundentes.

Adela Navarro Bello

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