La Alcaldesa Viridiana Hernández financió la campaña de su esposo Gilberto Martínez por la presidencia municipal de Simojovel en las pasadas elecciones del 6 de junio mientras que el Alcalde Zenteno Moreno cometió violencia política contra las mujeres por razón de género,
San Cristóbal de Las Casas (México), 8 ago (EFE).- La Fiscalía General de Chiapas informó que este fin de semana detuvo a dos presidentes municipales acusados de malversación de recursos, corrupción y abuso de autoridad.
De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, elementos de la Policía Especializada ejecutaron este fin de semana órdenes de aprehensión en contra de Gildardo Zenteno Moreno, presidente municipal de Bochil, y Viridiana Hernández Sánchez, Alcaldesa de Simojovel.
Estas detenciones se dan luego de que el pasado viernes la Fiscalía estatal solicitara al Congreso del Estado retirar el fuero constitucional a ambos funcionarios.
La dependencia detalló que Hernández está acusada del delito de desvío de recursos federales y de no presentar la cuenta pública ni los informes trimestrales y anuales al Congreso del Estado.
Captura #FGEChiapas a presidente municipal de Bochil por el delito de Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género
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— FGEChiapas (@FGEChiapas) August 7, 2021
Según la Fiscalía, la Alcaldesa además habría financiado la campaña de su esposo Gilberto Martínez Andrade en las pasadas elecciones del 6 de junio, quien era candidato por el Partido Verde Ecologista de México a la presidencia municipal de Simojovel.
También, se le acusa de mantener un grupo de más de 300 personas con armas de fuego de grueso calibre exclusivas del Ejército que funcionaban como sus escoltas.
En tanto, Zenteno Moreno, fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de violencia política contra las mujeres por razón de género, cometido en agravio de Irene «N», síndica municipal; Luisa «N», regidora plurinominal, y Sara «N», segunda regidora del Ayuntamiento de Bochil.
Los dos imputados fueron recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14, «El Amate», donde el un juez resolverá su situación jurídica en el término constitucional.
La Fiscalía General del Estado aseguró que no habrá impunidad para funcionario público que esté involucrado en fraudes relacionados con el erario público.
