José Luis Vargas Valdez ha sido un personaje identificado con el poder, independientemente de cuál sea el partido gobernante. Al menos así lo muestra su trayectoria en el Gobierno de Felipe Calderón, su llegada al Tribunal Electoral en el sexenio de Peña Nieto y la supuesta cercanía con el Gobierno actual denunciada por la oposición.
Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).– El Magistrado José Luis Vargas Valdez, a quien cinco de los siete ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) removieron de sus funciones como presidente en una sesión que él mismo desconoció, es un personaje que ha sido identificado por su cercanía al poder.
De ser titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en la recta final del Gobierno de Felipe Calderón, pasó a ser un litigante cercano al Partido Revolucionario Institucional (PRI), como señala el diario Reforma, durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Los mismos reportes indican que en 2015 integró la defensa del entonces candidato del PRI al Gobierno de Colima, Ignacio Peralta en una elección que sería invalidada. Vargas fue parte del equipo que defendió en tribunales el supuesto triunfo de Peralta, quien a la postre asumiría como Gobernador de esta entidad en una elección extraordinaria realizada en enero de 2016. Además, según Reforma, ofreció sus servicios a otros priistas como Raúl Estrada Day, extitular de los Servicios de Salud de Zacatecas.
Luego de esta cercanía con el priismo, Vargas Valdez fue propuesto en 2016 por el entonces Presidente Peña Nieto para ocupar un puesto en la Sala Superior del Tribunal Electoral, instancia de la cual se volvió presidente en noviembre pasado para un gestión que concluiría en 2023, y de la cual fue removido este día en una sesión que el propio Vargas señaló como ilegal.
Desde la Presidencia del Tribunal Electoral, José Luis Vargas ha sido cuestionado por su cercanía al Presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a que el propio Gobierno —a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)— ha emprendido una investigación en su contra por dinero mal habido.
La UIF, que comanda Santiago Nieto Castillo y que forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), denunció a Vargas en 2020 por enriquecimiento ilícito superior a los 36 millones de pesos, pero la Fiscalía General de la República (FGR) lo exoneró. Posteriormente, el 30 de julio pasado, un Juez de control ordenó a la Fiscalía reabrir la investigación.
Así, mientras la oposición lo ha acusado de mantener un sesgo a favor del partido en el poder, Morena, y del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sus colegas en el Tribunal Electoral han expresado descontento por su comportamiento errático, situación que ha llevado a que dentro de esta instancia haya dos magistrados —el propio Vargas y el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón— que se reconozcan como presidentes.
DEL IFE AL TRIBUNAL ELECTORAL
Los primeros pasos de Vargas Valdez en el ámbito electoral los recorrió como asesor Jurídico en el entonces Instituto Federal Electoral (IFE, ahora INE) del Consejero Juan Molinar Horcasitas (1996-2000), un reconocido miembro del Partido Acción Nacional (PAN) que se desempeñaría años después, en el Gobierno de Felipe Calderón, como director del Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS) y como Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT).
De 2005 a 2006, se desempeñaría como asesor Jurídico del Consejero Luis Carlos Ugalde, quien en esas fechas presidió el IFE durante la realización de la elección presidencial, en la cual se daría el triunfo a Felipe Calderón Hinojosa en medio de acusaciones de fraude por parte del entonces candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador.
Ya en el calderonismo, José Luis Vargas Valdez sería titular de la Unidad del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de 2007 a 2010 para después ocupar por dos años la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, cargo que dejaría —según él mismo reconoció— luego de presiones por el resultado de la elección de la Gubernatura de Michoacán en 2011, donde la candidata del PAN, Luisa María Calderón, hermana del entonces Presidente Felipe Calderón, perdió.
En una entrevista con Reforma, del 24 de septiembre de 2013, Vargas Valdés reconoció que su salida de la Fepade se debió a presiones de la Presidencia de la República que le pidió recolectar evidencia de un supuesto fraude en la elección de Michoacán de 2011.
“Me lo pidió el Presidente de la República (dejar el cargo) y mi nombramiento él me lo había dado y pues entendí que ya no estaba contento con mi nombramiento (…) mi última actuación por lo cual puede, intuyo, que no estaba contento, fue por la elección de Michoacán», dijo.
Cuestionado sobre qué generó esta molestia, Vargas respondió en ese entonces al diario que se presentaron diversos recursos “y querían evidencias que yo, pues yo no se las pude, yo no se las pude dar”.
Posteriormente llevaría a cabo su actividad como abogado hasta que en 2016 fue propuesto como Magistrado del Tribunal Electoral, cargo que actualmente ocupa y desde el cual enfrenta importantes acusaciones de dinero mal habido.
«Cuando un juzgador actúa en contra de su obligación de dar certeza y sus actos ponen en riesgo el desarrollo de la contienda electoral y la seguridad de los resultados, entonces sus pares tienen la responsabilidad de hacer que prevalezcan la Constitución y la democracia», argumentó este día la Magistrada Janine Otálora, quien fungió como presidenta por ministerio de ley por ser decana en la sesión en la que se removió a Vargas.
No obstante,José Luis Vargas Valdez aseguró que no puede ser destituido porque en el Tribunal Electoral no existe la figura de revocación de mandato, por lo que desconoció a Reyes Rodríguez Mondragón como Magistrado presidente y aseguró que acabará su mandato como titular de esta instancia hasta 2023.
