Con independencia del resultado de la Consulta Popular que se celebra este 1 de agosto, en días recientes el comunicado de los zapatistas anunciando que participarán en este ejercicio impulsó un reclamo muy añejo de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos que el Estado y grupos violentos privados han cometido contra la sociedad mexicana desde hace décadas: justicia y verdad para las víctimas.

La polarización que existe en la vida pública nacional entre quienes respaldan el proyecto de la Cuarta Transformación y quienes lo critican y detestan, siempre termina por envenenar el debate público. En el caso de la Consulta Popular los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) saldrán a votar con la idea de que la consulta terminará siendo un mandato directo para juzgar a los expresidentes; en cambio, quienes cuestionan o no toleran a AMLO desprecian el ejercicio calificando la consulta de absurda, un engaño e intento de distracción, cuando no un gasto inútil. Pero en ambos casos se deja de lado el reclamo esencial de la justicia: ver este ejercicio de participación popular como la posibilidad de mirar hacia abajo y hacia atrás para ofrecer justicia y verdad a quienes han padecido masacres, exterminios, torturas, persecuciones, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.

A estas alturas todo parece indicar que la Consulta Popular no alcanzará los votos suficientes para ser vinculante: 40 por ciento de la lista nominal que implican 37.5 millones de votos. Y coincidiendo con otros comentaristas, creo que la mayoría de los participantes responderán sí a la pregunta redactada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, calificada de extensa y poco clara.

Pero a estas alturas, la Consulta Popular, como dijo Juan Villoro, es más bien un ejercicio simbólico pero que debería apuntar al reclamo histórico de las víctimas de la violencia estatal en este país.

Este es el llamado que lanzó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el comunicado “Por qué Sí a la Consulta y Sí a la pregunta”. Ahí señalan: “Tampoco trata de juzgar ni condenar a nadie.  Trata de los derechos de las víctimas, de su derecho a la justicia y a la verdad. Su derecho a saber por qué se decidieron tales acciones u omisiones, con cuáles leyes se les dio sustento legal. Y quiénes fueron o son los responsables o irresponsables, desde el más alto, hasta el más bajo nivel.  Eso sería la verdad y su consecuencia sería la justicia. No están a consulta ni la una ni la otra. Se consulta si estamos de acuerdo en apoyar a las víctimas que reclaman saber qué pasó, por qué, y quién; y demandan justicia”. Y eso último se subraya: no están a consulta la verdad y la justicia para las víctimas.

Tras el pronunciamiento del EZLN se expresaron otros posicionamientos semejantes del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata, y los centros de derechos humanos Fray Juan de Larios (Fray Juan) de Saltillo y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, de San Cristóbal de las Casas.

En este sentido también se han pronunciado organizaciones como el Movimiento para una Paz con Justicia y Dignidad, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y las agrupaciones de familias organizadas que buscan a sus desaparecidos.

Con independencia del resultado numérico de la consulta, el mandato político que surja de esta Consulta Popular debería ser el de crear los mecanismos necesarios para brindar verdad y justicia a las víctimas del presente y del pasado. Algunos piden una comisión de la verdad que mediante ejercicio de memoria e investigación, se llegue a saber quienes fueron los responsables de la violencia estatal (masacres, represiones, torturas) cometidas contra movimientos sociales o populares, pueblos y comunidades o sectores específicos de la sociedad como pueblos indígenas, campesinos o estudiantes.

Eso pasa por conocer los hechos del presente y del pasado que violaron de modo masivo los derechos y garantías de miles de mexicanos. Ya sea mediante una gran Comisión de la Verdad (que piden expertos desde la llamada Justicia Transicional) o mediante otro mecanismo, se deben conocer los responsables de ordenar masivos operativos para reprimir movimientos sindicales como el de los ferrocarrileros, magisterial (en distintas épocas), médicos y enfermeras y electricistas.

Se deben conocer los responsables de ordenar la represión a movimientos estudiantiles en distintas partes del país como Chihuahua, Morelia, Guadalajara o Ciudad de México que terminaron con la represión encarcelamiento o masacres como la de 1968 y 1971; o la persecución y asesinatos por parte de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) entre 1968 y 1973.

De la Consulta Popular debe salir el mandato político para investigar e identificar a los servidores públicos (del Presidente hacia abajo) que ordenaron la Guerra Sucia que incluyó la persecución, desaparición, tortura, y ejecución extrajudicial de miles de integrantes de las organizaciones que optaron por las armas para cambiar la realidad social del país. Eso incluye a los militares que ordenaron torturar y ejecutar a guerrilleros en cuarteles militares y a quienes ordenaron los abominables vuelos de la muerte desde la base aérea militar de Pie de la Cuesta en Acapulco y, según algunos testimonios, otros vuelos de la muerte que arrojaron cuerpos de disidentes en el lago de Chapala.

Una comisión de la verdad o un jurado popular o como se llame, debe investigar y nombrar a los responsables de las graves masacres que se han cometido en este país, desde el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia (incluida su esposa embarazada) el 23 de mayo de 1962, ocurrido en Morelos. Y debe investigarse el asesinato de Samir Flores Soberanes, ocurrido en este Gobierno, también en Morelos. Deben conocerse los nombres de quienes ordenaron y cometieron la masacre del 2 de octubre de 1968, el Halconazo de 1971, y las masacres de Aguas Blancas, El Charco y Acteal.

Con consulta o sin ella, la sociedad debe empujar desde abajo para poner fin a la cadena de atrocidades e impunidades que permiten que México sea el país con más desaparecidos que cualquier dictadura militar y el país con más fosas clandestinas en el mundo. Se debe tener un mandato político para dar con los responsables de siete centros de exterminio que operaron Los Zetas en Nuevo León, a comienzos de la década pasada y donde hay allí más de 850 mil restos humanos.

Alguien debe dar cuenta del centro de exterminio identificado en Patrocinio, Coahuila. Hay por todo el país toneladas de cuerpos calcinados y miles de cuerpos mutilados, que son el rostro más trágico y sangriento de una supuesta guerra contra las drogas ordenada torpe e impunemente por el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, que produjeron episodios sangrientos como la masacre de Allende en marzo de 2011.

Para este ejercicio de memoria histórica para nombrar todas estas atrocidades cometidas contra el pueblo de México no se parte de cero. Debe retomarse la investigación judicial que en 2001 abrió la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) durante el Gobierno de Vicente Fox y que al final cerró sin resultados por presiones de militares y responsables de la Guerra Sucia.

Pero también debe retomarse el trabajo del Tribunal Permanente de los Pueblos que entre 2011 y 2014 escuchó miles de testimonios de víctimas, organizaciones sociales, pueblos y comunidades que denunciaron despojos, violencias, devastación ambiental y violencias de todo tipo en todo el país. El informe final de este tribunal se nombró, atinadamente, “Libre comercio, Guerra Sucia, impunidad y derechos de los pueblos”.

Para esto debe servir, en todo caso, el mandato político de la Consulta Popular: para brindar verdad y justicia a las víctimas basados en el derecho de los pueblos. Es hora de terminar con las cadenas de atrocidades e impunidades que tienen sumida a la sociedad mexicana en una guerra informal y sumidos en nuestro propio holocausto. Se debe poner fin a este sufrimiento y los responsables tienen qué ser nombrados y obligados a pagar por ello.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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