En el poblado de Capulálpam, en la sierra norte de Oaxaca, se genera empleo con aserraderos y ecoturismo aprovechando los bosques y manantiales, los cuales se han visto afectados por la minera canadiense Natividad que tiene una concesión para explotar oro en la zona.
Ciudad de México, 28 julio (SinEmbargo).– Capulálpam de Méndez es un núcleo agrario ubicado en la Sierra Norte de Oaxaca. Sus pobladores cuidan y aprovechan los bosques a través de la producción de madera, el ecoturismo y la venta de agua de sus manantiales. Sin embargo, la minera canadiense Natividad y Anexas tiene una concesión hasta 2036 para explorar y explotar oro, actividad que ha contaminado su agua.
«Hay una diferencia enorme entre la biodiversidad que nosotros defendemos por ser fuente de vida y trabajo, y la minería que implica destrucción, contaminación, desolación y muerte. No es compatible con lo que hacemos nosotros en las empresas comunitarias», dijo vía telefónica Netzar Arreortúa, excomisario de bienes comunales del poblado asignado como pueblo mágico.
SinEmbargo informó previamente que los 673 proyectos mineros (44 por ciento del total) que se encuentran en bosques y selvas sin consulta previas e informadas a las comunidades son en su mayoría operados por mineras canadienses, pero también hay compañías de los magnates Alberto Baillères (Peñoles), Carlos Slim (Grupo Frisco), Germán Larrea (Grupo México) y Alonso Ancira (Altos Hornos de México), de acuerdo con el informe “Bosques comunitarios y minería en México” del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
Las acciones de protección y economía comunitaria a partir del aprovechamiento forestal sustentable pierden viabilidad, ya que la extracción en la mayoría de los casos —explica el informe— consiste en la excavación de grandes tajos en los que se inyectan grandes volúmenes de agua mezclada con sustancias como cianuro, ácido sulfúrico y mercurio para separar los metales.
Esta comunidad zapoteca con personalidad jurídica agraria se vio afectada por esta práctica. En 2010 se desbordaron tres presas de jales cuyo contenido contaminado llegó al río Capulálpam y, por trabajos mineros subterráneos con socavones, se filtraron hacia el subsuelo 13 manantiales, de acuerdo con los pobladores.
En 2015 se ampararon para retirar la concesión a la compañía. Aunque en febrero del año pasado hubo una sentencia a su favor, fue impugnada por la mina y está en revisión por los tribunales correspondientes.
Netzar Arreortúa, excomisario de bienes comunales de Capulálpam de Méndez, dijo que en Oaxaca hay al menos tres proyectos canadienses detrás del oro en el Valle de Ocotlán, Totolapan y la mina La Natividad en su poblado. A la par, surgieron las empresas comunitarias de aprovechamiento forestal maderable desde hace 35 años, luego de que recuperaron los bosques concesionados a paraestatales y privados como la fábrica de papel Tuxtepec.
Entre las calles empedradas y casas con paredes de adobe y techos de teja, hay aserraderos, talleres de muebles, agencias de ecoturismo, embotelladoras de agua de manantial y servicios de captura de carbono.
«Todos van detrás del oro», dijo el guardabosques sobre una región saqueada desde la Conquista. «Nosotros hemos demostrado que nos desarrollamos por nosotros mismos y generamos fuentes de trabajo digno para nuestra gente para evitar la migración. En las minas los trabajadores no tienen sindicato ni ninguna prestación más que su salario bajo pese a arriesgarse en los túneles».
OPERA PESE A CLAUSURA
Después de una inspección en marzo de 2016, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró temporalmente en enero de 2017 la mina La Natividad porque cambió el uso de suelo forestal para una presa de jales sin contar con la autorización de impacto ambiental para actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales como lo exige la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
La empresa canadiense promovió un juicio de amparo en octubre de 2016 ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, pero se le negó y la Profepa continuó con el procedimiento. Al no haber sido una clausura definitiva, actualmente sigue en el territorio forestal.
«No entendemos por qué sigue en explotación sin tener la Manifestación de Impacto Ambiental. Hemos hecho peticiones hasta el cansancio ante la Semarnat, Profepa y Conagua, pero desafortunadamente tal parece que el respaldo lo tienen las trasnacionales y no los pueblos indígenas. No se nos hace caso pese a documentos, movilización social y foros nacionales e internacionales», aseguró el excomisario de bienes comunales, Natzar.
SinEmbargo buscó a la Profepa para conocer su postura en relación a este caso, pero al cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta.
La lucha comunitaria se ha extendido a evitar que las concesiones en Ocotlán y Totolapan pasen al periodo de explotación como sucedió en Capulálpam.
«Queremos heredarle a las futuras generaciones un espacio saludable capaz de brindarles servicios ecosistémicos como el agua, oxígeno y un paisaje digno», dijo. Sin embargo, en el actual Gobierno federal van tres cambios en la dirección de la Semarnat por lo que no hay avances en la petición. «Es algo muy incierto que tenemos las comunidades indígenas, pero seguimos en la resistencia».
En 1992, el Presidente Carlos Salinas de Gortari impulsó cambios en el artículo 27 constitucional, la Ley Agraria, la Ley de Aguas y la Ley Minera que sentaron las bases legales para la multiplicación de las concesiones mineras que, a falta de una reforma, sigue sin considerar la destrucción ambiental ni la violación de derechos humanos y laborales como causas de cancelación de concesiones.
