También le pidieron que modifique los términos y condiciones de Google Store porque «hay un desequilibrio importante de derechos entre el comerciante y el consumidor en detrimento de este último».
Bruselas, 26 jul (EFE). La Comisión Europea y las autoridades nacionales de protección al consumidor enviaron este lunes una carta a Google, pidiéndole ser más transparente en los resultados de los precios de vuelos y hoteles y en los términos y condiciones de Google Store, la tienda que la multinacional tecnológica tiene preinstalada en los teléfonos Android.
En concreto, exigieron a Google que en los resultados de búsqueda muestre el precio definitivo de las reservas de aviones y de alojamiento, incluyendo las tasas y los impuestos «que razonablemente pueden calcularse por adelantado».
Además, la CE explicó este lunes en un comunicado que los consumidores necesitan saber cómo se clasifican los resultados en el motor de búsqueda en línea de Google y si los pagos pueden influir en la clasificación.
El Comisario de Justicia, Didier Reynders, apuntó que «los consumidores de la UE no pueden ser engañados cuando utilizan los motores de búsqueda para planificar sus vacaciones”.
“Tenemos que capacitar a los consumidores para que tomen sus decisiones basándose en información transparente e imparcial», recalcó Reynders.
La Comisión requirió que cuando las autoridades de consumo denuncian contenidos que infringen las normas de protección de los consumidores, “Google debería eliminar o inhabilitar el acceso a dichos contenidos con mayor rapidez”.
Basándose en los requisitos dispuestos en la carta Google deberá hacer un seguimiento y comunicar los cambios en sus prácticas a la Comisión y a las autoridades de protección al consumidor en los próximos dos meses.
Asimismo, la Comisión apoyará a las autoridades nacionales de consumo en la evaluación de la respuesta de Google, teniendo en cuenta los compromisos de modificación de sus sitios web y servicios.
Si los compromisos asumidos por Google no se consideran suficientes, se llevará a cabo un diálogo de seguimiento y, en última instancia, las autoridades nacionales podrán decidir la imposición de sanciones, señaló la Comisión.
