Apenas hace una semana arrancó la información pública oficial en torno a la Consulta Popular que se llevará a cabo el domingo 1 de agosto. Se trata de la primera consulta popular de nuestra historia, reconociendo que dicha figura jurídica existe en México desde 2014 y que se intentó implementar en dos ocasiones sin éxito alguno. En esta ocasión, por fin, la ciudadanía que convocó a esta consulta popular logró romper la barrera de conseguir en 15 días por lo menos 1 800 mil  firmas del padrón electoral que llegaron incluso a 2 millones y medio de firmas ciudadanas. Esto le hizo imposible a la autoridad negar el derecho de consulta y avanzar en el procedimiento de manera legal. Lo que se somete a discusión es si debe llevarse a juicio la responsabilidad política de los principales actores políticos del país, los expresidentes, sobre las condiciones sociales, políticas y económicas del país que gobernaron cada uno en su momento, y los actos de represión, agravio e incluso de omisión criminal cuando incluso no hayan sido responsables directos, pero podría ser el caso que la autoridad los encuentra culpables por no buscar ejercer justicia para las víctimas que aún reclaman.

Esta es la esencia de la consulta y francamente no debe quedar duda, aunque haya quienes le den vueltas y pretendan ocultar el sentido para el que se movilizaron quienes convocaron originalmente a esta consulta y los dos millones y medio de ciudadanos que para esto firmaron. Los cuestionamientos que la consulta tiene son en todo caso de orden procedimental centrados en torno a dos asuntos. El primero es sobre la pregunta que se votará, la cual fue redactada por los jueces de la Suprema Corte de Justicia y que en realidad acabó siendo mucho más amplia a lo que originalmente se buscaba al convocar, no sólo a juzgar la responsabilidad de expresidentes, sino incluso, como esta planteada ahora, permitiría revisar la posible responsabilidad de muy diversas autoridades que juraron públicamente “guardar y hacer guardar la ley, y si no lo hicieran, la sociedad se los demandaría”. Por tanto, el alcance de la pregunta misma redactada por gente experta en derecho, abre ahora la posibilidad de avanzar a una revisión profunda del sistema político mexicano –las redes del poder–, iniciar la discusión sobre la justicia transicional como un factor fundamental para avanzar hacia un sistema verdaderamente democrático, y, finalmente, hacer de la memoria política un poderoso instrumento para la construcción de una ciudadanía cívica y no sólo testimonial como había sido un rasgo de la cultura política mexicana hasta ahora.

El otro punto en el centro del debate público sobre la consulta ha sido cuestionar que se ponga a la ley en el banquillo de los acusados porque se afirma, “la ley no se consulta”, como si la invocación de la ley fuera indebida, se tratase de un ente superior o se pensara que las leyes están grabadas en piedra y por tanto son intocables. La realidad es que una cosa son las leyes, que por cierto en México son sumamente avanzadas y de primer nivel,  y otra muy distinta su aplicación, que sin lugar a duda es uno de los mayores lastres de nuestro sistema político. Por tanto, cuestionar la aplicación de la ley es incluso un paso necesario para fortalecer nuestra democracia. Además, si la ley se hubiera aplicado, la inmensa mayoría de los casos de abuso, corrupción, crímenes de lesa humanidad cometidos por la propia autoridad se hubieran sancionado en su momento y la impunidad no hubiera seguido siendo la norma que lastima tanto a la sociedad mexicana y que al no ponerla en el centro del debate, se le deja carta abierta a preservarse.

Uno de los desafíos más grandes de la consulta popular es que necesita que casi 38 millones de mexicanos voten dando el SÍ para avanzar en la revisión del pasado y obligar así a la autoridad a continuar con el procedimiento. Esto implica que voten casi un número equivalente al que participa en una elección presidencial, considerando además que habrá votos en contra y abstenciones. La verdad es que el umbral de votos que se pide es altísimo, aunque esto no resulta extraño pues este ha sido el modelo de gestión de la democracia en México. Se abren opciones de participación, pero se imponen tal cantidad de regulaciones y requisitos que se vuelven candados muchas veces imposibles de romper –por ejemplo, el derecho al voto desde el exterior–. Sin embargo, el triunfo de esta primera consulta popular en México ya no lo borra nada ni nadie, porque el éxito mismo fue en su momento lanzar la convocatoria, después, la proeza ciudadana de juntar las firmas y en este momento, la movilización ciudadana para informar sobre el tema en plazas, esquinas, y toda suerte de espacios públicos que permitan que la gente sepa, pese al silencio y descalificación de un sector de críticos feroces.

Aún con los obstáculos y desafíos tal parece que nos volvimos un poco como aquella vieja canción de Amaury Pérez y nada ni nadie va a impedir que la consulta popular del 1 de agosto sea una jornada cívica ejemplar, parteaguas de nuestra propia historia, un antes y un después de, y, sobre todo, el comienzo de una nueva forma de hacer política desde la ciudadanía. “No lo van a impedir del valle al cielo, ni reyes del honor, ni periodistas, ni antiguos comediantes ni embusteros, ni estudiantes de leyes, ni alquimistas”.

Leticia Calderón Chelius

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Dra. Leticia Calderón Chelius Es profesora Investigadora del Instituto Mora. Doctora en Ciencias Sociales por FLACSO y maestra en Sociología de la UNAM. Es Miembro de la Academia Mexicana de Ciencia y del Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I).

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