A casi tres años de que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la república, uno esperaría que la corrupción política estuviera en el banquillo de los acusados. Que los presidentes de la República, desde Luis Echeverría hasta Enrique Peña Nieto, estuviesen, al menos, vinculados a un procedimiento penal por las responsabilidades que les atañen, que no son pocas, aunque la legislación penal vigente sólo permita un modesto rango de acción, que se corresponde con el régimen de impunidad que prevalece hasta ahora en el país.

Pero no hay tal. El caso más emblemático es el de Emilio Lozoya, el hombre del sexenio pasado que estuvo a cargo de Pemex que ahora disfruta de un cómodo cautiverio en el esplendor de su propio domicilio. Así cualquiera.

Hay otros que permanecen en impunidad a ciencia y paciencia del actual Gobierno y de la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero, que en ocasiones es autónoma y en otros casos es absolutamente dependiente del Ejecutivo federal. Todo esto a tres años del triunfo lopezobradorista.

En esa circunstancia, obviamente mucho más compleja de lo que he expresado, se celebrará el próximo primer domingo de agosto una consulta directa a la ciudadanía “dizque” para incoar acciones penales contra los expresidentes, salvo el muy inspirador de la Cuatroté, Luis Echeverría Álvarez, cómplice de Gustavo Díaz Ordaz en la matanza del 2 de octubre de 1968, y del Halconazo del 10 de junio de 1971, por enumerar sólo dos de los más grandes crímenes, pero tiene muchos más.

López Obrador, bajo un esquema prototípico del populismo, ha puesto en circulación la idea de la consulta que viene. Le va a preguntar a los ciudadanos, con una interrogante cantinflesca, si es su obligación cumplir la ley, lo cual sin duda alguna lo es, de acuerdo a normas de superioridad constitucional.

En el fondo, lo que busca es obtener mayor legitimidad, lo que cada vez se ve mucho más difícil. No es previsible otro escenario: si llegasen a colmarse los requisitos que hicieran vinculante la consulta, no habrá una instrucción precisa para actuar en consecuencia; si por el contrario no se colmaran esos requisitos, de todas maneras estaría obligado a actuar en contra de los que fueron gobernantes de alto nivel y tienen responsabilidades por las que no han pagado.

En ambos casos sería un círculo vicioso que llegaría al mismo punto: que se cumpla la ley, lo que ya debiera desde hace tiempo en presencia.

No paso por alto que el lenguaje lopezobradorista es ambiguo, pues palabras más, palabras menos, ha dicho que él no se va a anclar a pugnas del pasado, aunque ya vemos que hasta en materia del colonialismo español quiere reclamar la reconstrucción del gran Teocalli. Es ese lenguaje ambiguo al que recurren este tipo de gobernantes narcisistas y polarizantes.

Si bien no compareceré a ninguna casilla a participar en este adefesio de consulta, no por ello creo que carezca de importancia política. El gobernante quiere una de estas dos cosas: el respaldo popular para cumplir con sus obligaciones, lo que suena a capricho, o permitirse en una «mañanera» pronunciar que el pueblo no quiere juzgar a nadie por las faltas del pasado, y entonces quitarse la responsabilidad de hacerlo, que de todas maneras tiene de forma inocultable.

Se trata de un gobernante terco, que atropella la Constitución y nos quiere mantener en constantes procesos electivos. En agosto será esta consulta, el año que entra, durante los primeros meses vendrá la revocación o confirmación de su mandato, y de ahí tendrá a tiro de piedra la sucesión presidencial de 2024, con sus corcholatas, que pondrán desencadenarse sólo por una o con la propia autoproclamación para otro sexenio. No lo creo, pero tampoco lo dudo.

Hacer de la política un punto gravitacional de la personalidad autoritaria es algo que ni en los peores tiempos del PRI pudimos observar. Estas consultas, que se revisten de democracia participativa, son los clásicos referendos de los gobiernos totalitarios. Hay ejemplos inocultables.

Por lo pronto, y aunque fuera una voz aislada, mi credencial de elector no se marcará el próximo primer domingo de agosto y enfatizo que si ya se hubieran iniciado los juicios a los expresidentes, esa acción merecería mi respeto y apoyo.

22 julio 2021

Jaime García Chávez

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Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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