Pese a la oposición de la derecha cristiana, campañas de activistas están logrando ilegalizar prácticas para «curar» a las personas LGBT.
Por Teddy Wilson
Teddy Wilson es el editor de investigaciones de EU. Para el proyecto Tracking the Backlash de openDemocracy . Antes de unirse a openDemocracy, fue analista de investigación enfocado en Christian Right en Political Research Associates, y reportero de planta que cubría los derechos reproductivos en Rewire.News. También trabajó anteriormente como reportero para The American Independent News Network y Free Speech Radio News.
Ciudad de México, 4 de julio (Open Democracy).- “Cuando obligas a alguien a reprimirse de ser quien, eso no es libertad, eso no es evangelio”, dice a OpenDemocracy el defensor de las personas LGBT, Dylan Gunnels.
El mes pasado, Gunnels relató su experiencia ante el concejo municipal de la ciudad donde vive, Columbia, capital de Carolina del Sur. Allí describió su propio “trauma psicológico” por haber soportado intentos de cambiar su sexualidad. “La ciencia muestra que son más dañinos que útiles”, dijo.
Columbia es el último ejemplo de una tendencia que se aprecia en todo Estados Unidos – al menos 90 ciudades, condados y otros municipios tomaron medidas contra la controvertida práctica de las ‘terapias de conversión’, que intentan cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Casi la mitad de esas prohibiciones (43) entraron en vigor desde 2019.
El concejo municipal de Columbia aprobó en primera votación el 4 de mayo una ordenanza que ilegaliza “la provisión de terapia de conversión o terapia reparativa a un menor […] si el proveedor recibe pago por tales servicios”. La ordenanza obtuvo su aprobación final el 16 de junio.
Las mal llamadas «terapias» han sido condenadas por decenas de asociaciones médicas en todo el mundo. Son “realmente terribles, desacreditadas y dañinas”, dice Logan Casey, investigador principal de políticas en el Movement Advancement Project (MAP), un grupo de la sociedad civil de Colorado.
Casey atribuye las medidas locales contra la terapia de conversión a “una creciente consciencia pública”. Se “activa una alarma en la gente al ver que se trata de un problema contemporáneo, y que algo deben hacer para proteger a sus hijos e hijas”, señala.
“Me rompe el corazón pensar que una persona joven sea sometida a cosas como estas”, dice a OpenDemocracy la concejal de Columbia, Tameika Isaac Devine.
El Trevor Project, que hace campañas por la prohibición de las terapias de conversión, descubrió en una encuesta realizada en 2020 que 10 por ciento de los jóvenes LGBTQ habían pasado por tales prácticas y que entre ellos se “reportaban tasas de intentos de suicidio durante el año anterior dos veces más elevadas” que entre quienes no habían experimentado tales prácticas.
ACCIÓN LOCAL Y REACCIÓN
Las movidas para prohibir las terapias de conversión parecen cobrar impulso ciudad por ciudad, captando apoyo público y capacidad política. En lo que va de este año siete gobiernos municipales y condados las prohibieron y por lo menos uno más (el de Norman, Oklahoma) está estudiando una ordenanza similar.
La comisión de derechos humanos de Norman (ciudad de unos 120 mil habitantes) recomendó hace poco por unanimidad al concejo local que prohibiera a las profesiones médicas brindar terapias de conversión a menores de edad.
Estas leyes locales en general prohíben las terapias de conversión para menores de 18 años suministradas por profesionales de la salud con licencias para ejercer emitidas por el estado, pero muchas no impiden tales prácticas llevadas a cabo por organizaciones religiosas.
Grupos conservadores influyentes que están en contra de los derechos de las personas LGBT, así como legisladores del Partido Repúblicano, han resistido fieramente estas prohibiciones.
En todo EU, 20 estados y el Distrito de Columbia también adoptaron leyes que prohíben la terapia de conversión a menores. Los últimos fueron Utah y Virginia, el año pasado. La mayoría de esas leyes contaron con apoyo bipartidista, y ocho fueron promulgadas por gobernadores republicanos.
Este año, se presentaron al menos tres decenas de proyectos de ley para prohibir o restringir las terapias de conversión en siete legislaturas estatales, pero muy pocas hasta ahora han sido tratadas en audiencia.
«Por favor, hagamos lo correcto para nuestra juventud. Por favor, hagamos lo correcto para nuestras poblaciones más vulnerables».
En su campaña presidencial, el mandatario Joe Biden comprometió apoyo al proyecto de Ley para Prevenir el Fraude Terapéutico, que introduciría una prohibición federal a las terapias de conversión privadas. Otro proyecto de ley busca prohibir el uso de recursos federales del plan de salud pública Medicaid para pagar tales prácticas. Pero la verdadera acción, al parecer, sigue en los ámbitos locales.
“Es enormemente importante que sigamos intentando una prohibición federal de la terapia de conversión”, dice Casey del MAP. Pero “activistas locales y estatales van a seguir impulsando prohibiciones locales y la adopción de protecciones tan pronto como se pueda, mientras esperamos y trabajamos por una ley federal que capte la atención pública”.
“Vemos que brotan montones de ordenanzas locales, a medida que los residentes toman en sus manos la tarea de crear protecciones que el estado no asume”, explica Casey.
RESISTENCIA Y RESILIENCIA
Devine, la concejal de Columbia, explica que el legislativo municipal revisó otras ordenanzas adoptadas en diferentes ciudades con ayuda de LGBTQ+LO, un bloque de la Liga Nacional de Ciudades, así como un borrador suministrado por la Human Rights Campaign, la organización de abogacía y cabildeo LGBTQ más prominente de EU.
“Por favor, hagamos lo correcto para nuestra juventud. Por favor, hagamos lo correcto para nuestras poblaciones más vulnerables”, dijo Dylan Gunnels cuando habló ante el concejo de Columbia. “Al hacerlo, ustedes envían el mensaje” de que la equidad y la protección de los jóvenes “están en primer plano para la ciudad”, argumentó.
Gunnels es el fundador de Agape Table, un grupo de apoyo a personas LGBTQ creyentes que tuvieron experiencias traumáticas, entre ellas terapias de conversión. Luego de perder la campaña para ser concejal en 2018, Gunnels trabajó con su adversario en esas elecciones, Howard Duvall, quien integra el concejo municipal, en temas de inclusión LGBTQ.
El concejo municipal de Columbia ha sido “aliado y promotor”, según Gunnels, pero las iglesias locales y grupos religiosos unieron fuerzas para resistir la prohibición.
El Palmetto Family Council – afiliado en Carolina del Sur a la Family Policy Alliance, un grupo nacional de lobby cristiano y derechista – e iglesias evangélicas conservadoras realizaron una campaña de llamadas telefónicas a los miembros del concejo para que votaran en contra de la ordenanza.
“La señal que dan es que no eres bienvenido a la mesa, que vamos a hacer todo lo que podamos para combatir tu verdadera igualdad”, dice Gunnels.
El Senador estatal republicano Josh Kimbrell envió una carta al fiscal general de Carolina del Sur para pedirle que “anulara” la ordenanza de Columbia, a la que describió como ejemplo de “desenfrenada corrección política”.
Kimbrell “no representa a los ciudadanos de Columbia”, dice Devine. “No le presto mucha atención a su carta”, agrega.
Este año, Kimbrell auspició un fallido proyecto para incluir a los profesionales de la salud mental del estado en las leyes de ‘derecho de conciencia’ de Carolina del Sur, que dan protección legal a quienes se nieguen a participar en procedimientos que violen sus convicciones religiosas (como abortos y prescripciones de anticonceptivos). El legislador alegó que ese proyecto “reemplazaría cualquier ordenanza municipal”, incluyendo la de Columbia para prohibir la terapia de conversión. Kimbrell también fue proponente de un proyecto para prohibir que las mujeres trans hagan deporte en colegios secundarios.
Melissa Moore, administradora regional de la Women’s Rights and Empowerment Network, y veterana defensora LGBTQ en Carolina del Sur, apunta: “Si nuestras voces no fueran poderosas, quienes se nos oponen no trabajarían tan duro para silenciarnos”.
“El relato sobre Carolina del Sur que más se amplifica es el de sus legisladores intolerantes y el de las cosas terribles que viven las personas queer, las personas negras y morenas, las personas que viven debajo de la línea de pobreza”, dice Moore.
Pero, aunque le resulta muy familiar la política reaccionaria de Carolina del Sur, Moore agrega: “Hay otra historia aquí, una rica historia de resistencia y resiliencia”.
