La subdirectora general de Administración del Agua de la Conagua, Elena Burns, reveló que a través de litigaciones los obligan a dar concesiones en acuíferos sobreexplotados, por lo que pidió en el Senado promulgar la Ley General de Aguas congelada desde 2012.
Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).– La Comisión Nacional del Agua (Conagua) está obligada a otorgar concesiones en cuencas y acuíferos sobreexplotados, por litigaciones de «una industria de abogados«, aseguró Elena Burns Stuck, Subdirectora General de Administración del Agua.
«En este momento, en todo el país y en oficinas centrales, por mayoreo se están otorgando concesiones en cuencas y acuíferos sobreexplotados bajo órdenes de tribunales que nos dan entre 24 y 72 horas para poder otorgar la concesión sin disponibilidad o, de lo contrario, se reciben sanciones como multas que se quitan del salario al funcionario público, inhabilitación o arresto», reveló en el Senado de la República durante el foro «El Derecho Humano al Agua» dedicado a la tribu yaqui, víctima de un conflicto violento por el agua en el noroeste mexicano.
Burns llegó del activismo en Agua para Todos a la Conagua junto con otros funcionarios en octubre de 2020 para realizar una «limpia» en la institución ordenada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador luego del conflicto en una presa de Chihuahua. Lleva años, junto con académicos y ciudadanos, exigiendo una Ley General de Aguas que priorice el derecho al agua por encima de los intereses económicos a diferencia de la Ley Nacional de Aguas (1992).
En su ponencia explicó que la Conagua tiene 60 días para investigar, registrar y otorgar concesiones a quien las solicite, lo cual es «imposible» por falta de presupuesto, por lo que se tiene un rezago de 174 mil en proceso.
«En todo el país ha emergido una industria de abogados que obtienen concesiones para sus clientes reclamando a la Conagua por no haber cumplido con el plazo de 60 días. Los tribunales nos obligan sin importar si hay veda, si hay daños a terceros o si no hay disponibilidad», expuso frente a senadores y diputados de la Comisión Permanente.
En 75 años, desde la Constitución de 1917 hasta la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, sólo se otorgaron 2 mil concesiones. Pero desde 1992 hasta la fecha, en sólo tres décadas, se han otorgado más de 518 mil concesiones, lo cual genera «mercados de agua» y obstaculiza garantizar el derecho al agua a poblados, dijo la funcionario.
Burns planteó que esta sobreconcesión y sobreexplotación se derivó de que el sistema de concesiones avalado por la Ley salinista se impuso a México como condición para la firma del TLCAN y se exigió al país tratar todas las tomas de agua bajo la figura de la concesión y que ésta tuviera que ser objeto de operaciones de compra-venta sin restricción.
«La Ley de Aguas Nacionales permitió el otorgamiento de concesiones en orden de solicitud sin visitas de campo para verificar; no da instrumentos para enfrentar el sobre concesionamiento», expuso.
Esta actual Ley, agregó, también ha permitido una «vil manipulación» de los dictámenes de disponibilidad de tal manera que aunque los acuíferos en Cedros, Zacatecas; Cuauhtémoc, Chihuahua; Piedras Negras, Coahuila; y Silao, Guanajuato están sobreexplotados, se publica «mágicamente» en el Diario Oficial de la Federación que tienen 100 millones de metros cúbicos. Y si sale en este documento, deben otorgar la concesión.
Respecto a las inmobiliarias, la subdirectora de Conagua abundó que en Querétaro, Jalisco, Morelos, Estado de México y Veracruz hay fraccionamientos donde controlar el agua es muy lucrativo. «Estas inmobiliarias obtienen derechos de agua y los registran como servicio bajo las condiciones que ellos determinan», aseveró.
Otro de los puntos de la Ley de Aguas Nacionales que ata de manos a la Conagua es que, dijo Burns, los organismos operadores de las grandes ciudades mandan el agua a quien paga más, lo que provoca que a la industria nunca le falta, sólo paga si rebasa los límites de descargas de aguas residuales y, en contraste, en grandes zonas populares y de clase media se vive casi a diario el tandeo o la compra de la pipa y el garrafón.
«La contaminación sin pagar depende del volumen concesionado. Un pequeño concesionario rebasa fácilmente estos límites de la NOM-001 y tiene que pagar, pero una automotriz u otra gran industria tiene un volumen de agua tan enorme que puede estar contaminando con miles de toneladas al mes y no tener que pagar nada, porque queda dentro de los límites permisibles», dimensionó.
«Estamos haciendo lo mejor que podemos porque [la Ley de Aguas Nacionales] es como un coche que no funciona, y no funciona porque no fue diseñado para eso, sino para crear mercados del agua y no cumplir con el derecho humano al agua», sentenció. «Hacemos un gran encargo al Poder Legislativo de ayudarnos [con la Ley General de Aguas]».
CONGELADA, LA LEY GENERAL DE AGUAS
Hace unos días el nuevo director de la Conagua, Germán Martínez Santoyo, expuso en una entrevista con La Jornada que antes de crear una Ley General de Aguas se debe revisar y cumplir con la Ley de Aguas Nacionales (1992).
Sin embargo, el Senador y presidente de la Comisión de Agricultura, José Narro Céspedes, dijo que esa Ley es la que ha servido «para el atraco» del agua contra pueblos originarios, por lo que es urgente descongelar la iniciativa ciudadana para una Ley que plantea el control al acaparamiento de las grandes concesiones y garantiza un acceso equitativo a este derecho.
«Sí es necesario cambiar la Ley. No podemos seguir con una Ley que se construyó en el marco del sistema neoliberal que se dedicó al atraco y robo de este importante derecho», dijo durante el foro que el legislador y líder campesino organizó.
«Hay dos principales propuestas de Ley en la Cámara de Diputados y en la de Senadores: la presentada por Agua para Todos y 420 investigadores promueve el acceso equitativo al agua, fin a la contaminación y destrucción de cuencas y acuíferos, fin a la impunidad hídrico ambiental y fin a la violencia contra defensores del agua, y atender con prontitud el cambio climático», planteó. «La otra propuesta [del Diputado Mario Mata] tiene una visión privatizadora de seguir explotando las cuencas y acuíferos y que sigue considerando que este derecho es una mercancía por vender al mejor postor».
Este es el debate, planteó en el foro: seguir por el camino privatizador del despojo iniciado en el salinismo o avanzar hacia el derecho para todos los mexicanos.
