El recurso de reclamación interpuesto por el Consejero Jurídico de la Presidencia fue turnado a otro Ministro para su análisis y resolución.
Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).– La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República interpuso un recurso de reclamación contra la suspensión otorgada por la Suprema Corte al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y que retrasa el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).
Presidencia, por conducto del Consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, presentó el recurso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al ser una de las autoridades señaladas por el IFT en la controversia constitucional 71/2021, en la que el regulador solicita se declare la invalidez del Panaut.
El Congreso de la Unión, por conducto de sus Cámaras de Senadores y Diputados, también fue señalado por el IFT en la controversia.
La suspensión fue concedida el pasado 14 de junio por la Ministra Norma Lucía Piña Hernández al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
«Se concede la suspensión para el efecto de que el IFT, en salvaguarda de su autonomía presupuestaria, no realice las acciones dirigidas a afectar la partida presupuestaria asignada, con el fin de desplegar todas aquellas tendentes a instalar, regular, operar y mantener el Panaut», ordenó Piña Hernández.
Las medidas que por ahora están suspendidas son el desarrollo de la plataforma que concentrará la información del padrón, la emisión de las disposiciones administrativas de carácter general para su operación, las campañas para la difusión del programa y las sanciones con las que el Congreso amenazó a los integrantes del IFT si, para octubre de 2021, no están listas estas disposiciones.
La reforma causa polémica porque los concesionarios y el Gobierno dejarán sin servicio a quienes no proporcionen sus datos biométricos en un plazo de dos años para líneas preexistentes y de seis meses para nuevas líneas.
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido el padrón con el argumento de que combatirá las extorsiones y al crimen organizado.
Pero desde el 27 de abril, la reforma está suspendida de forma indefinida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que considera que la norma “viola derechos de usuarios y no disminuirá los delitos”.
