Para López Obrador hacer política es polarizar. Su puesta en escena desde una perspectiva utilitaria le ha dado frutos, elevarse hasta la cima del poder presidencial en México es como decir todo. Para no “retrogradar” continuará polarizando para fortificar su hegemonía. La democracia es la que, en esa perspectiva, es la que sufriría el daño mayor, si es que ahonda en los caminos de las contradicciones irreductibles de amigos-enemigos, propia de los totalitarios y también de los populistas.

En el caso mexicano, las incógnitas del futuro son (pienso en el 2024), por decir lo menos, inciertas, debido a las pulsaciones autoritarias que están más que a la vista con el enfrentamiento que se quiere impulsar con la consulta del próximo domingo primero de agosto para el “esclarecimiento” nebuloso que, al final, ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es una consulta a la que sobrevendrá en 2023 el proceso de deliberación con carácter revocatorio del Presidente de la República, con dos lecturas posibles y un único objetivo de continuismo: si porque lo gana, dejar abierta la ruta para ampliar el periodo, y si lo pierde, pretexto de más para la revuelta a la que no le faltará quien grite que se eleve a López Obrador a la calidad de superpresidente.

Aún no concluye el actual proceso electoral y ya tenemos otro encima para llegar al 2023 y montar la regia batalla por el poder en las elecciones de 2024. La batalla que entienden los populistas como una oportunidad para destruir a sus adversarios. La confrontación a ultranza, es fácil de entenderlo, no le da tregua al procesamiento implícito de las deliberaciones y decisiones que se da a sí misma una democracia que se precie de tal. La pugnacidad se puede apoderar del país y el desenlace es impredecible por cuanto a la hondura y gravedad que nos cobre a todos.

Lo inmediato es la consulta de agosto, y a pesar de lo gelatinoso de la pregunta, los afectos a la Cuatroté la refieren a los expresidentes en su afán de profundizar sus concepciones binarias, teñidas fuertemente del deseo de aniquilar al adversario de enfrente, aunque tampoco se sepa con precisión quién es. De esa consulta se desprende que lo mismo se puede juzgar a un actor menor que a otro encumbrado, eso no importa. Quienes propagandizan la consulta dicen que es contra los expresidentes, pero eso no estará en el cuestionamiento que se contenga en la boleta, así de simple.

La consulta es un capricho de López Obrador legalizada por una decisión de la Suprema Corte que puso en calidad de servidumbre del Ejecutivo al Poder Judicial de la Federación que capitanea Arturo Zaldívar, el presidente al que le resulta imposible simular su entreguismo, exhibiendo de paso la torpeza para hacer lo posible en una política de concesiones entre ambos poderes.

Cuando el asunto llegó a la Corte, Luis María Aguilar lo catalogó como un “concierto de inconstitucionalidades”, de donde lo sacó Zaldívar en una reñida votación de seis contra cinco ministros en el pleno del alto órgano. Desde entonces se vio de qué lado está Arturo Zaldívar, ya que nos sorprendió con el argumento –ajeno a la Constitución– de que no se le pueden cerrar puertas a la ciudadanía y emitiendo una pregunta indigna hasta de una corte del más ruin país bananero en manos de una dictadura.

La pregunta de agosto pasará a formar parte de la historia del absurdo y de la infamia también. Es tan inútil a la democracia que no significará nada su resultado cuantitativo, porque encierra en sí misma la pregunta a la ciudadanía de si el Gobierno debe actuar en apego y respeto a la ley como ya debiera estar haciéndolo.

Si los expresidentes o Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum están en falta, es su obligación encauzar las investigaciones correspondientes. Para eso están los poderes constituidos en su ámbito competencial. Quiero decir que el Gobierno está pidiendo permiso para hacer lo que está obligado por la Carta Magna, lo que significa que interrogar al cuerpo ciudadano es tanto como interrogarlo sobre si se deben o no cumplir los compromisos que López Obrador propaló por todo el territorio nacional y que le permitieron ganar la Presidencia en 2018.

Ese gobernante tiene la obligación presente de denunciar, investigar a fondo y castigar a quienes han cometido faltas y delitos al frente de las instituciones que han ocupado. Conforme a nuestro sistema jurídico no tienen excusa posible, y aún entendiendo que tenga falta de voluntad para hacerlo, la ley es absolutamente clara, como inútil la consulta. Si hay acción, que se actúe ya, pues.

Por lo demás, la consulta está reglamentada para vincular al poder sí y sólo sí participa al menos el 40 por ciento de los empadronados en la lista nominal, de tal manera que el líder presidencial puede llegar a decir que la corrupción no se castiga porque el demos no quiere y está abúlico. O actuar de inmediato como ya debiera estar haciéndolo.

Pero las cosas no van por ahí cuando se profesa la política binaria. Basta una «mañanera» o el empleo de una plaza pública para arengar y culpar al pueblo “malo” de infaustas decisiones y, entonces, darlo por pábulo a la apertura de una senda rupturista con el orden constitucional y, entonces, ¡agárrense!

25 junio 2021

Jaime García Chávez

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Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

#Análisis ¬ ¿Es posible que Claudia suba más? Sí: en 2018, AMLO apretó en los últimos 30 días