Los resultados de la prueba de ADN de los restos hallados en una fosa el 17 de junio revelaron que corresponden al líder de la etnia yaqui, Tomás Rojo Valencia, quien fue reportado como desaparecido el 27 de mayo.
Ciudad de México, 22 jun (EFE).- El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) de México condenó este martes el asesinato del activista de la etnia yaqui Tomás Rojo Valencia y advirtió del recrudecimiento de la violencia contra este grupo en las últimas semanas.
El INPI «condena enérgicamente el cobarde asesinato del activista yaqui Tomás Rojo Valencia, así como otros hechos de violencia e impunidad que se han recrudecido en las últimas semanas al sur del estado de Sonora y extiende sus más sentidas condolencias a familiares y amigos de las víctimas por tan reprobables sucesos», indicó el organismo en un boletín.
Por ello, exigió a las instancias de procuración e impartición de justicia que «emprendan las investigaciones correspondientes y que castiguen a los responsables de estos hechos».
Además, pidió implementar acciones de apoyo a familiares y víctimas.
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INPI condena enérgicamente el asesinato del activista yaqui, Tomás Rojo Valencia.@DEELAYUUK @GobiernoMX
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— INPI (@INPImx) June 22, 2021
Tras cuatro días de pruebas, entre ellas una de ADN, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) confirmó este lunes que los restos hallados en una fosa el 17 de junio corresponden al líder de la etnia yaqui, Tomás Rojo Valencia, quien fue reportado como desaparecido el 27 de mayo.
El INPI demandó además la aparición con vida de la joven Lorena Josefina Valenzuela Esquer de 24 años de edad, hermana del activista Mario Luna Romero, quien fue reportada también como desaparecida por sus familiares.
Del mismo modo, pidió castigo a los responsables del homicidio de Luis Urbano Domínguez Mendoza, asesinado con arma de fuego en Ciudad Obregón, en el norteño estado de Sonora, el pasado 2 de junio.
El INPI también llama a las autoridades a esclarecer el asesinato del jefe de vigilancia de la Guardia Tradicional de Loma de Guamúchil, Agustín Valdez, hijo del Gobernador de ese pueblo yaqui, Guillermo Valdez Castillo.
Los asesinatos de Tomás Rojo, Luis Urbina y el secuestro de Lorena Valenzuela de la comunidad Yaqui, no quedará impune. El @GobiernoMX condena estos hechos y trabaja con las autoridades estatales para garantizar verdad y justicia para el pueblo yaqui. Nuestro pésame a familiares.
— Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) June 22, 2021
«El Gobierno de México ha establecido una nueva relación horizontal que parte del diálogo y la construcción de acuerdos con los pueblos indígenas, a través de sus autoridades comunitarias y órganos de Gobierno, bajo el principio de que en unidad alcanzarán las mejores soluciones para detener la violencia que tanto daño les ha causado», aseguró el texto.
E indicó que el INPI tiene «el firme compromiso» de resarcir la deuda histórica existente con el pueblo yaqui.
«Este año en el que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pedirá perdón a los pueblos indígenas por los agravios cometidos en el pasado, la institución trabaja de la mano con los diferentes niveles de Gobierno; federal, local y comunal, para garantizar los derechos, proteger la vida de quienes defienden sus tierras, territorios y recursos naturales», remarcó.
Cuestionado sobre este tema, López Obrador destacó que se está trabajando para apoyar al pueblo yaqui. «Es muy lamentable lo que está sucediendo», dijo el mandatario, que aseguró que este mismo martes tendrá una reunión para tratar esta problemática.
Los asesinatos y desapariciones de activistas se han recrudecido en medio del avance lento del Plan de Justicia al Pueblo Yaqui para restituir su territorio y recursos naturales.
La lucha histórica más encarnizada de la tribu yaqui por la tierra y el agua data de finales del siglo XIX, que terminó con las deportaciones de los indígenas desde Sonora (noroeste) a la península de Yucatán (sureste).
