El pasado jueves se cumplieron 50 años de uno de los hechos represivos más brutales contra la sociedad por parte del Estado mexicano: el Halconazo. El jueves de Corpus del 10 de junio de 1971 un grupo paramilitar organizado y entrenado por el Gobierno reprimió a sangre y fuego a una manifestación de estudiantes en la capital del país que se solidarizaban con una huelga de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La represión, con palos de bambú y disparos de armas de fuego, dejó al menos una treintena de muertes y cientos de heridos y encarcelados. Algunas fuentes hablan hasta más de 120 muertes.

Desde entonces las víctimas y las organizaciones que han padecido otros hechos represivos han demanda justicia y el castigo a los culpables. El pasado jueves, justo al cumplirse 50 años del Halconazo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a esos hechos y recordó cómo el Estado mexicano tenía una policía política, la Dirección Federal de Seguridad, que durante la Guerra Sucia detenía, desaparecía y ejecutaba extrajudicialmente a quienes consideraba disidentes del Gobierno.

Y tras ello, el mandatario ofreció disculpas a las víctimas del Halconazo: “Nosotros queremos enviarles un abrazo a todos los familiares de las víctimas de la represión este día 10 de junio, a 50 años del Halconazo y de la represión. Ofrecer, en mi carácter de representante del Estado mexicano, una sincera disculpa, un sincero perdón y el compromiso sobre todo de la no repetición, de que nunca más se reprima a quienes protestan, a quienes luchan por las transformaciones, por los cambios, a quienes no están de acuerdo con el Gobierno y deben de contar con todas las garantías para ejercer sus libertades”.

Pero quienes han luchado desde 1968 por hacer justicia y castigar a los responsables de este y otros episodios de violencia estatal respondieron que bienvenida la disculpa del Jefe del Ejecutivo, pero esto no equivale a hacer justicia.

Así lo dijo Félix Hernández Gamundi, dirigente del Instituto Político Nacional durante el movimiento estudiantil de 1968 y quien durante el Halconazo estaba preso por los juicios injustos que el Gobierno mexicano armó contra los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga.

Félix Hernández, vocero del Comité 68, recordó que además de exigir justicia por la masacre del 2 de octubre de 1968, por el Halconazo del 10 de junio de 1971 y por la Guerra Sucia, en 2001 se presentaron al menos tres denuncias penales formales en contra del expresidente Luis Echeverría Álvarez y coacusados.

En 2007 el caso del Halconazo llegó a una magistrada de circuito, quien en un primer diagnóstico dio la razón a los demandantes y admitió que se había cometido genocidio por las masacres contra los estudiantes, pero al final en su sentencia se echó para atrás y dijo que solamente se había cometido homicidio calificado y que el delito ya había prescrito por lo que exoneró a Echeverría. Ante ello, explicó Félix Hernández, se pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer el caso, pero al final se negó por considerarlo no relevante. En los hechos, el Poder Judicial mexicano se negó impartir justicia para las víctimas de estos casos emblemáticos de violencias estatales.

Desde 2007 el Comité 68 llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiendo que la Corte Interamericana lo revisara. Pero el Estado mexicano lo ha impedido.

Este recuento muestra que la disculpa ofrecida por el Presidente López Obrador es letra muerta si no toman acciones concretas. Por ejemplo, el Ejecutivo federal podría pedir a la Fiscalía General de la República que investigue de nuevo las denuncias o está en manos del Presidente pedirle a la Cancillería mexicana que colabore con la CIDH para tomar en cuenta la denuncia de las víctimas.

Como señaló el Comité 68 en el pronunciamiento el pasado 10 de junio, al conmemorar el medio siglo del Halconazo: “Aunque ante la opinión pública y medios de comunicación se ha querido convencer de dos asuntos: que Luis Echeverría Álvarez (LEA) fue absuelto por el delito de genocidio del 2 de octubre y que el genocidio en México, como la matanza del 10 de junio de 1971, prescribió, ambas afirmaciones son falsas, LEA es prófugo de la justicia y el genocidio no prescribe, pues como delito de lesa humanidad debe perseguirse y castigarse independientemente del lugar y la fecha en la que se cometió”.

Y exigen no repetir la impunidad en este y otros grandes hechos represivos estatales: “Es un señalamiento directo de que ya no es posible seguir protegiendo a los perpetradores, pues el pueblo es quien exige directamente que se juzguen y se castiguen los crímenes de Estado, tanto del pasado como los recientes y los actuales, que se respeten los derechos humanos y la jurisdicción nacional e internacional; y que funcione verdaderamente un mecanismo democrático que impida que cualquier gobernante arremeta contra sus ciudadanos”, señaló el Comité 68 en su pronunciamiento.

Mientras no se haga justicia persistirá la impunidad y mientras haya impunidad, las acciones represivas del Estado (torturas, detenciones, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales) se repiten en el presente. No es cierto que ya no se reprima a quienes se manifiestan, como dijo López Obrador. Ahí está la represión contra los normalistas de Mactumazá, Chiapas, o de Tetele, Puebla. Y está la feroz represión que se cierne sobre defensores del territorio, como el caso de la tribu yaqui, que tiene desaparecido a su dirigente Tomás Rojo, y el asesinato de Luis Urbano Domínguez Mendoza la semana pasada. Estos ejemplos contradicen las afirmaciones del Presidente.

López Obrador puede pasar a la historia como el mandatario que promovió la justicia contra las víctimas de los principales hechos represivos del Estado mexicano, o como otro Presidente que propició la impunidad para los responsables de estos crímenes y por lo tanto prolongaron las violencias estatales contra la sociedad mexicana. La disculpa que ofreció a las víctimas del Halconazo no equivale a hacer justicia.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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