Las autoridades han reconocido que el crimen organizado trata de interferir en el proceso electoral, aunque no han brindado información detallada sobre el número de las amenazas, ataques y asesinatos dirigidos específicamente por la delincuencia organizada.
–Con información de Obed Rosas
Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).- El crimen organizado históricamente ha buscado incidir en las elecciones y el actual proceso electoral no ha sido la excepción. Mediante amenazas, ataques y homicidios, y hasta con la entrega de despensas, diversas organizaciones delictivas han tratado de incursionar en el proceso electoral que inició en México desde septiembre pasado.
Sandra Ley, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo en entrevista que no se trata de un fenómeno nuevo, pues estas agrupaciones han tratado por años entrometerse en las elecciones, pero en esta ocasión, señaló, han intentado hacerlo más porque el actual proceso electoral es el más grande de la historia al elegirse más de 20 mil cargos a nivel local.
La experta explicó que las estructuras criminales tienen especial interés en las elecciones locales porque es en ese nivel donde más fácilmente se pueden negociar y generar redes de protección, mismas que se vuelven importantes para que puedan operar con impunidad. Además, detalló que para el crimen organizado son importantes las campañas y los procesos electorales porque representan la puerta de entrada a procesos más profundos, como establecer controles políticos.
“Los procesos electorales se vuelven un punto importante para poder negociar esas redes de protección y al mismo tiempo para poder tener acceso a recursos. […] Hoy sabemos que el crimen organizado ha logrado —después de estos procesos electorales— incidir en el erario, licitaciones, en contratos, en la captura del aparato de seguridad a nivel. Entonces por eso se vuelve tan importante incidir en campañas”, expresó la doctora en entrevista con SinEmbargo.
El próximo domingo 6 de junio se renovará la Cámara de Diputados, es decir, que se elegirán a 500 diputados; también se disputarán 15 gubernaturas y sus congresos locales, lo que significa la elección de 1 mil 63 diputaciones locales. A nivel de ayuntamientos se disputan mil 923 presidencias municipales, dos mil 57 sindicaturas, 14 mil 222 regidurías y 204 concejalías.
La intención de la delincuencia por interferir en la llamada «fiesta de la democracia» es parte de lo que se ha denominado «gobernanza criminal», que es cuando el crimen organizado trata de poner controles en lo político, en lo económico y en lo social.
VIOLENCIA EN EL PROCESO
El proceso electoral 2020-2021 es el segundo más violento en la historia, pues de acuerdo con la Consultora Etellekt se tienen registradas 782 agresiones contra políticos y aspirantes, ocho más que las contabilizadas en el ciclo electoral 2017-2018. No obstante, en los comicios presidenciales de hace tres años se reportaron más homicidios que en la actual contienda: en aquel entonces 152 políticos perdieron la vida en atentados, 48 eran precandidatos y candidatos a puestos de elección; mientras que en el actual han sido asesinados 89 políticos, de los cuales 35 eran aspirantes a algún puesto de elección; 13 de ellos contaban con registro de candidatos.
Las autoridades, aunque no han brindado información detallada sobre el número de las amenazas y ataques dirigidos por la delincuencia organizada, sí han reconocido que el crimen trata de interferir por medio de la violencia en el proceso electoral.
“Sabemos que la violencia y agresión contra aspirantes no es un asunto generalizado en todo el país, sino que se concentra en algunos lugares, donde la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco buscan influir políticamente […] El crimen organizado y el crimen de cuello blanco no doblegarán a la democracia de ninguna manera y la seguridad de las elecciones es fundamental para que la ciudadanía ejerza sus derechos políticos con libertad”, expresó la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, el pasado 30 de abril al informar sobre la Estrategia de Protección en Contexto Electoral.
El citado plan para protección a candidatos, que busca controlar la infiltración de los criminales en la elección, fue presentado desde el 4 de marzo por la titular de la SSPC. En aquella ocasión, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y Rosa Icela Rodríguez Velázquez alertaron que las distintas bandas criminales buscan «secuestrar» la elección federal intermedia de 2021, amenazando candidatos, bajándolos del proceso e incluso imponiendo a su gente.
Rodríguez Velázquez reveló que el mayor riesgo de cooptación de candidatos se concentraba en los estados de Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco.
En entrevista con SinEmbargo, Arturo Medina, titular de la unidad de políticas y estrategias para la construcción de paz en estados y regiones de la SSPC, también reconoció la intervención del crimen en el camino a la contienda, pues comentó que entre los casos de amenazas a candidatos hay intimidaciones por parte de organizaciones de la delincuencia organizada, aunque no precisó cuántos, ni en dónde.
“No todos los hechos denunciados tienen que ver con violencia en el contexto electoral, hay algunos, que ya se han dado a conocer los avances por parte de las fiscalías y que han tenido que ver con otros móviles y las líneas de investigación […] Han señalado a la delincuencia organizada, han señalado a contrincantes, han señalado a personas desconocidas […] hasta nos han dicho que son sus contrincantes del partido de enfrente los que los han amenazado sin que medie una carpeta de investigación, y así hay muchos casos”, expresó el funcionario.
Un ejemplo de ello ha sido el caso de Jilotrán de Dolores, Jalisco, donde el Gabinete Estatal de Seguridad pidió al Gobierno Federal, según reportaron medios locales, que investigue las amenazas del crimen organizado a candidatos de la región.
Otro caso es el de uno de los candidatos a Presidente Municipal de Guadalajara, quien hizo públicas las amenazas que recibió. De acuerdo con la denuncia realizada por el político en sus redes sociales, tanto él como sus familiares recibieron amenazas de muerte por medio de mensajes enviados a su WhatsApp. Además, medios nacionales detallaron que las intimidaciones tenían la firma de un cártel de las drogas.
En Sonora, el asesinato del candidato a la Alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta Gutiérrez, también se ha relacionado con presuntas amenazas vertidas por el crimen organizado, quien no habría estado de acuerdo con su postulación pues se trataba del exprocurador de justicia de Sonora.
De acuerdo con los datos de la SSPC, se han registrado al menos 398 casos de candidatas y candidatos amenazados o agredidos, de los cuales 226 son hombres y 172 mujeres. Este conteo oficial comprende desde el mes de marzo, cuando inició la estrategia de protección hasta el 21 de mayo, fecha del último corte oficial.
A la fecha, 148 candidatos tienen protección, es decir algún tipo de custodia por parte de elementos estatales, municipales o federales. De ellos, 80 son resguardados por las autoridades de los estados, 52 por la Guardia Nacional, 14 por gobiernos municipales y dos más por diversas autoridades, ya sea ministeriales o fuerzas federales, según pudo conocer SinEmbargo. A la fecha las autoridades han reconocido solamente 16 homicidios cometidos contra aspirantes.
El Gobierno de México asegura que al menos el 48 por ciento de las amenazas y agresiones a candidatos se concentra en seis entidades: San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Oaxaca.
La SSPC respondió —a pregunta expresa de este medio— que en la estrategia para la jornada electoral no “se establecieron” focos rojos en particular, sino que el operativo será con un despliegue por parte de elementos de la Guardia Nacional a nivel nacional.
No obstante, el crimen organizado no sólo utiliza la violencia para lograr su cometido. También apela a estrategias de imposición de condiciones, así como de cooptación, financiamiento y complicidad con diversas instancias, de acuerdo con la SSPC.
Sandra Ley, estudiosa del tema de «gobernanza criminal», aclaró que las estructuras de la delincuencia buscan incidir en la política sin importar el partido que sea siempre y cuando ellos puedan establecer sus redes de control.
“No estamos frente a actores políticos como los grupos guerrilleros o paramilitares que sí pueden tener ciertas tendencias ideológicas. En el caso del crimen organizado lo que se busca es establecer redes de protección y no importa el color (de partido) que sea, mientras sea posible establecerlas».
Aunque la violencia sí es un motivo de preocupación, la experta alertó que lo más grave “es lo que va a pasar después, en esos lugares donde hubo violencia y donde el crimen sí tuvo la capacidad de para incidir porque es en ese punto donde se está transformando la gobernanza a nivel local, pero en el que también (si hay alternancia de partidos) generará inestabilidad en las redes de protección y seguramente entraremos así nuevos ciclos de violencia”.
Para la doctora Sandra Ley esta situación refleja el descuido de las autoridades —no sólo de este sexenio, sino de otras administraciones— al no implementar una política pública enfocada a afianzar a los municipios y sus capacidades.
“Una y otra vez las distintas organizaciones han apostado por una política a nivel nacional sin voltear a ver lo que pasa a nivel de comunidad y a nivel municipal, que es a nivel del que está operando el crimen organizado y en ese nivel es donde se están manifestando estos controles”.
La especialista abundó que los gobiernos y las estrategias de combate al crimen organizado se han orientado exclusivamente a pensar en las dimensiones violentas, (combate frontal y violento con Fuerzas Armadas) cuando en realidad hay un arraigo más profundo de la delincuencia, y se debería de atender de manera más clara: “Debería forzarnos un poco a reflexionar sobre ese nivel municipal, qué tanto hemos desdeñado, que es donde opera el crimen organizado”.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuestionado el pasado miércoles sobre al menos 123 regiones en las que no se podrá instalar la casilla por la violencia, respondió que México es un país donde hay gobernabilidad y no hay riesgos de inestabilidad e incluso consideró que se puede hablar de paz y tranquilidad.
