De acuerdo con habitantes de Guanajuato, las firmas Banterra y Artha Capital Holdings de México han violado un fideicomiso para reposición de tierras y entrega de escrituras a comunidades rurales, las afectaciones –toleradas por autoridades estatales y municipales– están relacionadas con la construcción de un parque industrial.
Por Alonso Merino Lubetzky
Guanajuato, México, 29 de mayo (Pop Lab).- El Parque Industrial León-Bajío (PILBA), que para el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo es “un sueño” que refleja “el desarrollo económico equilibrado de Guanajuato” como parte de una receta para “terminar con la pobreza”, para las comunidades víctimas de su construcción es una pesadilla que suma afectaciones a la economía local, escasez de agua, pérdidas de tierra, desplazamientos y una escalada de la criminalidad en los alrededores. Un parque “de clase mundial” que adeuda 230 millones de pesos a los campesinos de la zona.
Macario Negrete es uno de los propietarios de los terrenos utilizados para establecer el desarrollo y dice que «las empresas no han resuelto nada. Convenimos con sus representantes el precio de 4 hectáreas y la permuta de 4.5 hectáreas más. Al día de hoy me deben el 80 por ciento de las tierras vendidas y las escrituras de las que se intercambiaron con Banterra».
Tiene 63 años de edad y es agricultor de la comunidad Capellanía de Loera, y como él hay otros más de 120 posesionarios con quienes Banterra S.A. de C.V. —propiedad de José Francisco Gallardo Márquez y Jesús Aguilar Portugal— firmó convenios de adhesión a un fideicomiso para la compra y/o permuta de las tierras donde hoy se asienta PILBA, uno de los parques industriales más grandes del estado con una inversión proyectada de 600 millones de dólares en capital europeo y asiático.
Mientras que la superficie de PILBA es de 435 hectáreas de terreno con una superficie vendible de 314, las tierras que no han sido escrituradas y/o pagadas son alrededor de 230 hectáreas, cada una con el precio de 1 millón de pesos —según asesores inmobiliarios de los afectados—, lo que hace que parte del valor calculado de PILBA sea una deuda con las comunidades. Después de trece años de iniciadas las gestiones de terrenos mediante adhesiones individuales al fideicomiso de Banterra, 47 propietarios originales de las tierras de PILBA no tienen certeza jurídica sobre los predios que les fueron intercambiados.
Macario ha dejado sus tierras, oficio al que se dedicó durante toda su vida, luego de los aplazamientos de pago por parte del complejo industrial sede de empresas internacionales como Michelín, Demotechnic, Samtech, Minamida, Atsumi & DTHM, MPE-Materias Plast y nacionales como Grupo SUMMA y Norman. Las promesas de las inmobiliarias gestoras de PILBA han hecho que Macario Negrete ponga en riesgo su residencia en los Estados Unidos, a donde no ha podido regresar por esperar las negociaciones con PILBA.
Dice Macario que si les “cobrara todo mi tiempo y mis pérdidas, me deberían más de 17 millones de pesos”, entre ellos 4.5 millones de no poderse “llevar a cabo la permuta”, según el convenio de aportación y adhesión fiduciaria . Desde 2012 regresó de Florida a León, “porque si me voy y me hablan para negociar no puedo estar presente para que me paguen mis tierras y me den mis escrituras. Me tienen amarrado”. Explica que recurrentemente le “hablan para junta y me quedo esperando, hasta que vuelve a pasar más tiempo».
Las deudas millonarias de PILBA, no obstante, alcanzan también a proveedores de insumos y prestadores de servicios como «asesores inmobiliarios, topógrafos, valuadores y abogados» a quienes «la empresa desarrolladora les ha negado indebidamente el pago de sus productos y servicios», dice una carta dirigida al Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo el 04 de marzo de 2021, entregada a POPLab por los afectados.
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PILBA fue inaugurado en junio de 2019 por Artha Capital Holdings de México, propiedad del magnate inmobiliario Germán Ahumada. Sin embargo, fue desde 2008 que la inmobiliaria Banterra, comenzó con las gestiones para comprar y/o permutar las tierras de las más de cien familias campesinas por medio de pequeños inmobiliarios locales. La llegada de Michelín fue promocionada por el Alcalde de León, Héctor López Santillana, durante su campaña electoral en 2015, donde dijo que trabajó en la llegada de esta transnacional desde 8 años antes, tiempo en el que fue Secretario de Desarrollo Económico en Guanajuato.
En diciembre de 2020, los campesinos hicieron un bloqueo del acceso a las instalaciones de PILBA esperando ser escuchados en sus demandas. En los diálogos con el representante del complejo industrial, José Alanís, se acordó que para abril o mayo cumplirían con la entrega de escrituras, lo cual a la fecha no ha sucedido.
Desde 2012 distintos funcionarios del gobierno de Guanajuato y de León presenciaron las reuniones de trabajo entre PILBA y los campesinos; ninguna de estas representaciones de gobierno ha hecho su parte en obligar a las empresas a cumplir con los acuerdos. Según los testimonios recabados, entre esos funcionarios están:
Luis Quiroz (director del Puerto Interior), Arturo Navarro (exsubsecretario de gobierno), Ramón Alfaro (Exdirector de Economía de León, hoy Subsecretario de Empleo de la SDES) y Alberto Cifuentes (Coordinador de asesores del Gobierno del Estado); todos se presentaron en diferentes etapas ante las comunidades como “representantes del estado”.
«Nuestro mayor miedo siempre fue que nuestros hijos fueran empleados en las tierras que antes eran nuestras”, dice Ma. Elena López, también habitante del Ejido Capellanía de Loera, a quien la han llevado a la Notaría Pública no. 98 a firmar «escrituras» de las que no le dan copia. Familias como la de Ma. Elena no tienen ni tierras ni empleos en PILBA, «aunque ese fue el gancho», dice Lety, residente en El Cuije, comunidad a la que el parque, además, la ha privado de su derecho humano al agua.
El caso de PILBA tiene como antecedentes la expropiación de tierras a los ejidos Salitrillo, Nápoles, Mezquite de Sotelo, Nuevo México y Emiliano Zapata en Silao durante los sexenios de los exgobernadores Juan Carlos Romero Hicks (2000-2006) y Juan Manuel Oliva (2006-2012) para la construcción del Puerto Interior y la construcción del Aeropuerto Internacional del Bajío en 1987; se añaden las denuncias de ejidatarios del ejido Caleras de Ameche en el municipio de Apaseo el Grande por las presiones recibidas de parte del gobierno del estado para abaratar las tierras revendidas a Toyota durante el sexenio de Miguel Márquez (2012-2018).
INUNDACIONES EN GUADALUPE VICTORIA
La familia de Eduardo y Rosalío Sánchez vive en el rancho de Guadalupe Victoria, una localidad frente a PILBA al otro lado de la carretera León-Santa del Conde. A pesar de que fueron reubicados y se les instaló una malla perimetral, hace siete años que también tienen pendiente la entrega de sus escrituras. La propiedad que les fue intercambiada por Banterra sufre de inundaciones cada temporada de lluvias, pues no hubo una planificación para su nuevo asentamiento.
«Nuestro terreno estaba donde hicieron el parque. El acuerdo fue que nos daban las escrituras, pero hasta la fecha no lo han hecho», dicen. Eduardo y Rosalío señalan que Jesús Aguilar Portugal, dueño de Banterra, se comprometió personalmente a pagar los gastos de servicios, pero nunca asumió los costos de las pipas que tuvieron que comprar mientras les conectaban el agua potable.
En enero de 2021, luego del cierre del acceso a PILBA, les dieron esperanzas. Se comprometieron a mitigar las afectaciones que padecen con la crecida de un arroyo cercano, pero sus tierras siguen sin poderse cultivar en la temporada más productiva del año. “Ya nada más nos reubicaron para acá, se olvidaron de todo».
El arroyo topa con la autopista León-Salamanca y cuando esta fue construida bloqueó el cauce natural del agua, que ahora se anega alrededor de sus casas. Tienen 5.5 hectáreas ociosas, y por no poderlas sembrar, han tenido que buscar empleos remunerados abandonando sus fuentes tradicionales de ingreso.
La familia Sánchez dice que el director de Puerto Interior, Luis Quiroz, en calidad de «representante del gobierno del Estado», así como Arturo Navarro, entonces Subsecretario de Gobierno, y Ramón Alfaro, exdirector de Economía de León, fueron testigos, comprometiéndose también a que PILBA y Banterra les cubrieran la reinstalación de servicios públicos.
Eduardo y Rosalía solo piden que se les cumpla lo prometido.»Así como nosotros hay más gente, más compañeros” —dicen—. “Nosotros somos una familia. Nos dieron esperanzas, pero va para largo. Según nos dijeron iban a hacer otra junta, pero la recorrieron para mayo o junio”. En la lista de agraviados, serán los últimos en ser atendidos “por la situación del desagüe».
EL CUIJE, DONDE FALTA EL AGUA
Rancho Abajo El Cuije es otra de las comunidades afectadas. Esta se encuentra a pocos kilómetros de PILBA, pero desde su construcción se encuentra incomunicada por el cierre de caminos rurales. Pobladores reportan bajas productivas y abandono de la ganadería, que es su fuente de sustento básica.
Además reportan una merma en el acceso a agua potable, así como intentos de las autoridades municipales de entregar el pozo de la comunidad al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), pese a que las familias han asumido todos los costos de su perforación, equipamiento y mantenimiento. Hoy pelean por conservar el acceso al agua mientras que sus fuentes tradicionales de ingreso han desaparecido casi por completo.
Graciela vive en El Cuije junto con otras 52 familias. 300 personas —afirma—, incluyendo niñas, niños, jóvenes y personas adultas. «Nosotras llegábamos directo a nuestra comunidad y ahora no, tenemos que rodear. El paso se cerró por el parque». Entre los caminos cerrados, bloqueados para el acceso de elementos de seguridad pública, ha aflorado la delincuencia y el narcomenudeo.
El terreno del pozo fue donado a la comunidad Rancho Abajo y El Cuije en 1995 por un particular de Capellanía de Loera, localidad vecina. Pero explica Graciela que cuando los terrenos se vendieron a PILBA no supieron qué pasó con la donación del pozo. A la gente de Rancho Abajo, comunidad desaparecida por el parque, «tuvieron que desplazarla a otros lados y les cambiaron los terrenos. Entonces ese pozo ya nada más abastecía aquí al Cuije. Ya éramos menos usuarios y también ya no había quien cuidara el pozo», agrega.
El pozo fue saqueado y robado más de una vez tras las reubicaciones, y el Cuije, aún dependiente del suministro, se quedó sin agua. «Fueron varias veces que lo robaron. Los usuarios hicieron cooperación y compraron el equipo para reconstruirlo cada vez que lo robaban. Se quedó mucho tiempo así y la comunidad sin agua, por lo que tuvo que abastecerse con pipas». El costo del pozo es de 200 mil pesos y cada hurto fue costeado por los pobladores.
En 2015, 2016 y 2018, el Comité de Agua de El Cuije dirigió misivas a dos gobernadores distintos, Miguel Márquez Márquez y Diego Sinhue Rodíguez Vallejo solicitando se hiciera la revisión del contrato de donación del terreno del pozo, se diera solución a las afectaciones de la red de agua potable derivado de la construcción de la autopista León-Salamanca y se prestara apoyo para la reposición del equipamiento robado.
La carta fue entregada por la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Ayuntamiento de León y a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) firmada por el Secretario Técnico del Gobernador, José de Jesús Maciel Quiroz. El Comité del Agua dice en su correspondencia que, aunque funcionarios de la STC y del Ayuntamiento de León se presentaron a la comunidad, no se repuso el pozo ni se solucionaron los daños a la red de agua.
«Usted como Gobernador del Estado se presentó a inaugurar la construcción del parque industrial donde tenemos ubicado nuestro pozo, sin antes haber resuelto las problemáticas legales y sociales que este desarrollo está causando […] Por esta razón estaremos dispuestos a defender de cualquier manera nuestro derecho», le dijeron a Miguel Márquez durante su gobierno.
«ÉRAMOS FELICES SIN PILBA»
El problema de la falta de suministro de agua se cruza en El Cuije con la pérdida de la ganadería como fuente de ingreso para las familias y con los intentos de SAPAL de tomar el control del pozo. «Esto pasaría a afectar a las personas primero porque es una cuota de SAPAL y no la cuota rural de 50 o 100 pesos y la segunda es que muchas de las personas se dedican al ganado», dice Lety, otra residente de la localidad.
El papá de Graciela se dedicó toda su vida a vender leche. Lety, su vecina, dice que por litro les pagan entre cinco y seis pesos. La leche se la venden a lecheros o intermediarios. «Viene una camioneta, un lechero, se lleva la leche de aquí y ellos la transforman en yogurt o en queso», cuenta.
Tras quedarse sin agua, tuvieron que vender sus vacas porque era insostenible solventar el agua de pipa. «Teníamos doce vacas, vendíamos la leche y con eso era nuestro ingreso económico que tenemos aquí. Lo mismo ha pasado con varios de aquí del rancho», explica Graciela.
Dice que por ahora tienen agua, pero que el miedo es que SAPAL administre el pozo, pues esto elevará los costos de la leche que venden. «Ya no van a poder sacar lo suficiente de la leche que se vende para comprar el agua, el alimento y el alimento para las personas», añade. El último acuerdo con la empresa fue que tendrían agua por ocho meses antes de que SAPAL tome posesión. «¿Y después de eso qué va a pasar?», se pregunta Lety.
Desde que el papá de Graciela se quedó sin poder cuidar su ganado y vender leche, entró a trabajar a la Central de Abastos de León en el servicio de limpieza. Ahora debe tomar el camión, gastar en pasaje y hacer los largos recorridos hasta su trabajo. «Estaba muy a gusto con sus animales. Decía que no tenía quién le mandara, iba, les daba de comer, descansaba un rato, las llevaba a caminar. Era su propio patrón y ahora no», se lamenta.
ACAPARAMIENTO DE TIERRAS
La táctica de Banterra para eludir responsabilidades ha sido ceder los derechos del fideicomiso a una filial de Artha Capital llamada Terreno Turístico de México S.A. de C.V, también propiedad de German Ahumada. Hoy los campesinos reubicados no tienen claridad de cuál será la empresa que debe cumplir con los acuerdos pactados.
Al intentar reclamar a PILBA el incumplimiento del fideicomiso, Macario ha recibido puertas cerradas: «Iba e iba y no me querían abrir, y me decían que viniera mañana o al otro mes y así me tienen hasta ahorita», relata. Las denuncias formales de las comunidades a gobierno del Estado de Guanajuato datan del 2015, pero permanecen sin solución.
En septiembre de 2008, Banterra celebró el contrato de fideicomiso con Grupo Financiero Scotiabank Inverlat al que luego adhirió los propietarios de Rancho Abajo para poder comprar o permutar sus tierras. La adhesión al fideicomiso fue aceptada por los campesinos porque Banterra prometió pagar cada una de las escrituras de las tierras cambiadas, los gastos derivados de las compraventas, así como la reconexión de servicios públicos en sus nuevos predios. Incluso les prometieron empleos, pero luego los rechazaron por falta de calificación para el trabajo.
El fideicomiso fue notariado ante José Manuel Toriello Arce, titular de la Notaría Pública no. 98, quien también fue autoridad para la constitución de la sociedad mercantil de Banterra. Luego de cederle los derechos a la filial de Ahumada en 2016, Terreno Turístico de México S.A. de C.V. comenzó con la venta y escrituración de los predios para Industrias Michelín S.A. de C.V.
Banterra se sirvió de corredores inmobiliarios locales «para convencer a los propietarios de que vendieran sus propiedades para crear el Desarrollo Industrial», Según la carta dirigida al Gobernador Diego Sinhue Rodríguez, los corredores inmobiliarios locales fueron «contratados por la empresa Banterra S.A. de C.V. para adquirir los terrenos que ahora forman el Parque Industrial Pilba”. Acudieron a Capellanía de Loera y sus alrededores,”de buena fe y con la idea de contribuir al Desarrollo de la Ciudad de León”.
Entre las promesas fue que «se promovería el desarrollo de cada una de las localidades en las que se estableció el Parque Industrial, con mejores servicios públicos» y que se construiría un Centro de Capacitación en el Parque Industrial PILBA para los trabajadores de las empresas establecidas en PILBA a través del Instituto Estatal de Capacitación (IECA Guanajuato).
La misiva, con copia para el Alcalde de León, Héctor López Santillana, dice que las gestoras de Artha Capital se comprometieron a «no afectar a nadie con el desarrollo del proyecto» y que el gobierno del estado de Guanajuato «sería garante de que las empresas que invirtieran en dicho Desarrollo Industrial cumplieran con cada una de las obligaciones pactadas con los propietarios y prestadores de servicios». Sin embargo, “las empresas se acusan entre ellas”.
CARTA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR PILBA
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