Hace más de un cuarto de siglo, el pensamiento económico librecambista auguraba un final feliz para México con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Ríos de tinta aseguraban que este acuerdo comercial garantizaría a México un ascenso en el desarrollo que le permitiría olvidar la década pérdida de los años ochenta, avanzar con altas tasas de crecimiento y eventualmente homologar el ingreso per cápita con el vecino del norte. Formulaciones provenientes de la economía neoclásica y modelos fantásticos multicitados de aquellos años, como las de Hufbauer et.al. (1992), preveían aumentos extraordinarios de salarios y una “prosperidad sin freno” para México. El TLCAN sería una palanca de entrada gloriosa al primer mundo, como si éste se dividiera entre economías de bárbaros y modernos y el acuerdo comercial representara la puerta entre una y otra.

Sin embargo, la quimera no tardó en desinflarse y ninguno de los escenarios de júbilo precipitado se cumplió. Los economistas neoclásicos nunca dijeron que el TLCAN no era un acuerdo de “libre comercio” sino un acuerdo de inversión diseñado para convertir a México en una plataforma maquiladora proveedora del mercado estadounidense, la cual garantizaría a las corporaciones trasnacionales una mano de obra entre 10 y 20 veces más barata que la de EUA. En lugar de incentivar un proceso de desarrollo económico nacional, el TLCAN convirtió a México en el segundo mayor expulsor de migrantes del mundo, tan sólo después de la India, y ahora uno de los mayores expulsores de fuerza de trabajo altamente calificada.  El TLCAN devastó la soberanía alimentaria al grado que hoy el país, cuna del maíz, es importador de este grano básico para la alimentación de las familias, mientras que la narrativa oficial se enorgullece de que nos hemos convertido en un exportador superavitario de cerveza, aguacate y tomate (actividades controladas en su totalidad por corporaciones trasnacionales). En lugar de producirse aumentos significativos en el ingreso de la población trabajadora, México está dentro de los países de América Latina con menores salarios, sólo por encima únicamente de Haití y Nicaragua. A esto se suma el hecho de que 56.8 por ciento de la población económicamente activa se encuentra laborando en el sector informal (30.6 millones de personas), sin prestaciones sociales.

Las cifras se agravan con la crisis económica que se extiende en el marco de la pandemia por Covid-19. En 2020 el PIB nacional cayó 8.5 por ciento y, como lo ha reportado recientemente el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  del CONEVAL, en 2020 se produjo un aumento de entre 8.9 y 9.8 millones de pobres en el país, lo cual significa que 58 por ciento de la población (71 millones de personas) se encuentra hoy por debajo de la línea de pobreza. A esto se agrega que, como lo han demostrado recientemente los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE-INEGI), dos de cada tres personas empleadas en el país perciben un ingreso no mayor a dos salarios mínimos, afectando con mayor gravedad a las mujeres. En otras palabras, el modelo económico predominante en México desde que se firmó el TLCAN, centrado en la apertura a las inversiones extranjeras y en las exportaciones para EUA, lejos de generar condiciones de crecimiento y bienestar social, ha profundizado la fragmentación y precarización en las esferas económico, productivo, laboral y social.

Un cuarto de siglo bajo el TLCAN no ha sido suficiente para desmentir esta ilusión del desarrollo basado en exportaciones. Hoy nuevamente escuchamos la insistencia de voces que colocan a la inversión extranjera como motor para sacar a México del «rezago» (sic). Ahora presenciamos una renovación de este pensamiento en el contexto de la puesta en marcha del nuevo tratado del libre comercio TMEC, el cual se coloca en el medio empresarial como un salvavidas para la economía mexicana, y junto a él una política económica que promueve y estimula la mayor apertura del territorio mexicano a la inversión privada: esta vez el blanco hacia donde apunta el estado mexicano es el sur-sureste del país.

Se parte de una visión dual que coloca al sur de México como una región atrasada y rezagada en el desarrollo, en comparación con el norte del país donde, según el modelaje neoclásico del economista Ricardo Hausmann de Harvard,  los índices de productividad son comparables con los de Corea del Sur. Con esta forzada división entre el sur atrasado y el norte moderno, se justifica la promoción de una renovada política económica que busca convertir al sur-sureste de México en fuente de atracción para la inversión extranjera, con el fin de que esta región pueda ‘avanzar’(sic) en la ‘escalera de desarrollo’(sic) al incorporarse plenamente y sin restricción alguna al mercado mundial.

Entre los principales proyectos que se impulsan bajo esta lógica, destaca el Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec (CIIT), el cual se establecerá, según palabras del empresario bananero y actual director del CIIT, Marín Mollinedo, como el proyecto que “sacará del marasmo al sur-sureste”. Según el funcionario “es indispensable imprimir fuerte impulso a la región sur-sureste del país, pues sus sectores productivos han estado aletargados por décadas debido a la poca inversión, lo que ha provocado rezago y baja productividad”.  Desde esta visión, el norte de México, aquel que está tapizado con industria maquiladora, degradación laboral y violencia, es un referente ejemplar para el sur.  De esta manera se repite la misma fórmula que se vendió en el país para legitimar el TLCAN hace más de 25 años, pero ahora para vender al mundo la atracción de la región del Istmo de Tehuantepec de 300 kilómetros que divide al mar pacífico del atlántico, y que se coloca en la geografía mundial como una región estratégica para el creciente comercio global.

El Istmo de Tehuantepec, codiciado desde el siglo XIX, toma una relevancia trascendental en la economía global por el protagonismo internacional que ha tomado la producción proveniente del oriente y suroriente asiático, especialmente de China.  Los intentos recientes por abrir esta región a la economía mundial se remontan al periodo presidencial de Zedillo quien impulsó el  “Programa Integral de Desarrollo Económico para el Istmo de Tehuantepec” en 1996. Posteriormente Vicente Fox, a inicios del siglo XXI, buscó reactivar la iniciativa por medio “Plan Puebla Panamá” lo cual posteriormente secundó Enrique Peña Nieto a través las Zonas Económicas Especiales. Hoy este incansable esfuerzo del estado mexicano por abrir la región del Istmo de Tehuantepec a la economía de mercado reaparece con mayor fuerza a través del CIIT.

Entre los proyectos de inversión para la infraestructura del CIIT, se busca extender el ferrocarril, las carreteras, crear una autopista de alta velocidad, amplificar los puertos de Coatzacoalcos y Salinas Cruz, renovar el oleoducto para transporte de gas natural, rehabilitar de las refinerías en la región, construcción de subestaciones de energía eléctrica, e instalar fibra óptica. Es decir, procurar una infraestructura de comunicaciones y transportes que ‘garantice la competitividad del Istmo’(sic) y dinamice el cruce de mercancías en esta región. A esto se suma la creación de diez parques industriales que se han nombrado elocuentemente como Polos de Desarrollo para el Bienestar, que en realidad serán zonas libres de impuestos que operan bajo regímenes de excepcionalidad arancelaria a través de los cuales las corporaciones transnacionales estarán exentas del pago arancelario e imposiciones fiscales.

Por medio de los Polos de Desarrollo, se busca ofrecer un territorio en óptimas condiciones para el interés privado, el cual quedará al libre albedrío de la mano supuestamente invisible del mercado. No hay una política detrás del CIIT que busque regular la inversión extrajera con el fin de generar efectos multiplicadores en desarrollo tecnológico y salarial de la región. No hay una política fiscal que condicione y mucho menos discipline a las operaciones del capital en la región, no hay una política industrial que fomente la participación de pequeñas y medianas empresas. Por el contrario, se ve un esfuerzo insistente por convertir al istmo en enclave de clase mundial plenamente integrado a la velocidad de la economía mundial, cuya mayor atracción sea no sólo la rapidez en el transito interoceánico sino los recursos naturales (minerales, hidrocarburos, biodiversidad) y la fuerza de trabajo barata: según datos del INEGI, el Estado de Oaxaca, donde se localizarán cinco de los 10 parques industriales, es el estado con los salarios manufactureros más bajos del país, sólo por encima de Chiapas: en Oaxaca el salario mensual manufacturero es de 4,440 pesos. Este será el elemento más codiciado para las empresas que decidan colocar sus operaciones maquiladoras en la región.

Sin embargo, la transformación del Istmo de Tehuantepec a imagen y semejanza de lo que pide la economía de mercado se enfrenta con la densa estructura comunitaria que habita en aquella región, difícilmente penetrable y desarticulable por la lógica de la ganancia privada. La formación social en la que predominan pueblos originarios ha inhabilitado una y otra vez los diversos intentos de convertir a esta región en un enclave de paso y producción de mercancías sin que, hasta la fecha, se pueda afirmar que el Istmo de Tehuantepec se encuentre subsumido a la velocidad y al tiempo que exige el mercado. Hoy se renueva esta histórica tensión y regresamos a la palestra en la que se disputan proyectos de desarrollo divergentes, por no decir antagónicos.

Referencias  

Hufbauer, G. C., Schott, J. J., & Remick, L. O. (1992). North American free trade: Issues and recommendations. Peterson Institute.

Mateo Crossa Niell

https://dev.sinembargo.mx/author/mateocross/

Profesor investigador del Instituto Mora. Doctor en Estudios Latinoamericanos y en Estudios del Desarrollo. Sus líneas de investigación giran en torno a la economía política, desarrollo y dependencia en América Latina, poniendo especial énfasis en la reestructuración productiva internacional y el mundo del trabajo.

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