El Gobernador de Tamaulipas podría ser detenido en cualquier momento, en medio del debate sobre si tiene o no fuero constitucional. La FGR obtuvo una orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada.
–Con información de Guadalupe Fuentes
Ciudad de México, 20 de mayo (SinEmbargo).– Francisco Javier García Cabeza de Vaca ganó la gubernatura de Tamaulipas el 5 de junio de 2016. Ese día se convirtió en orgullo de su partido, Acción Nacional (PAN): nunca antes, otra fuerza distinta al PRI, había ganado esa entidad. Él lo hizo.
Pero la vida —y la política, sobre todo— es una tormenta tras otra. Ahora García Cabeza de Vaca rompe otro hito: es el primer Gobernador de la historia reciente que tiene una orden de aprehensión —por delincuencia organizada y lavado de dinero— cuando aún está en funciones. El caso más cercano era el de Javier Duarte de Ochoa. Pero el veracruzano alcanzó a pedir licencia y luego vino su fuga, y después la orden de detenerlo.
Cabeza de Vaca podría ser detenido en cualquier momento, una situación que se da en medio del debate sobre si tiene o no fuero Constitucional, a raíz de que el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá no admitiera la controversia constitucional interpuesta por el Congreso de Tamaulipas, instancia que con la mayoría del PAN no homologó el juicio de procedencia contra el mandatario aprobado por la Cámara de Diputados —con los votos de Morena y sus aliados— el pasado 30 de abril y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo.
Francisco García Cabeza de Vaca asumió el Gobierno de Tamaulipas luego de 80 años de administraciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI). De hecho, dos de los últimos tres mandatarios del tricolor han sido detenidos una vez finalizados sus mandatos por dinero mal habido: es el caso de Eugenio Hernández Flores (2005-2010), contra quien pesa una orden de extradición a Estados Unidos, y de Tomás Yarrington Ruvalcaba (1999-2004), que el pasado 25 de marzo se declaró culpable del delito de lavado de dinero ante un Tribunal Federal en Texas.
La diferencia del caso de Cabeza de Vaca con el de estos dos exgobernadores radica en que la orden de detención librada por un Juez federal se da justo cuando el mandatario panista está en funciones, a dos años de culminar su mandato, y tras meses en los que las autoridades han dado a conocer algunas de las irregularidades en las que habría incurrido.
El caso más cercano es el de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), exgobernador priista de Veracruz, quien pidió licencia a su cargo el 12 de octubre de 2016, un día antes de que fuera girada una orden de arresto en su contra por los mismos delitos que se le imputan al actual Gobernador de Tamaulipas. En esa ocasión, Duarte se convirtió en un prófugo.
Una situación similar se presentó con Mario Ernesto Villanueva, exgobernador de Quintana Roo (1993-199), quien en la recta final de su mandato fue señalado de estar involucrado con el crimen organizado. El mandatario priista desapareció días antes de dejar el poder y un día después de que asumiera su sucesor, Joaquín Hendricks Díaz, un Juez giró una orden de arresto en su contra.
LAS ACUSACIONES CONTRA CABEZA DE VACA
Después de que se diera a conocer la orden de aprehensión que pesa contra el panista, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó sobre el congelamiento de cuentas de Francisco García Cabeza de Vaca, algunos de sus familiares, personajes cercanos y empresas por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. En total, dijo el funcionario, se trata de 12 personas físicas y 25 jurídicas.
El pasado 10 de mayo, la FGR recibió información del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las posibles responsabilidades penales del Gobernador de Tamaulipas sus hermanos Ismael García Cabeza de Vaca y José Manuel García Cabeza de Vaca y empresas relacionadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones, una situación que negó la defensa del mandatario. No obstante, estos personajes fueron denunciados por la UIF ante el Ministerio Público Federal.
“La información con la que cuenta esta Unidad de Inteligencia Financiera, como con la que se logró obtener de fuentes externas no formalizadas, se infiere que el capital que se enunciará proviene de promover (actividad), que resulta posiblemente constitutiva de hechos calificados como delitos, relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, corrupción, enriquecimiento ilícito y fraude, sin embargo corresponderá a la autoridad ministerial analizar el contenido del presente ocurso y en su caso, otorgar una clasificación jurídica preliminar a los hechos denunciados”, se lee en una de las cuatro denuncias interpuestas por la UIF ante la FGR, a la cual SinEmbargo tuvo acceso.
Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR indagaba al gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
La FGR acusa al mandatario de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal. En lo que respecta a este último ilícito, el Gobernador es señalado por defraudación fiscal equiparada por seis millones 511 mil 777 pesos y 57 centavos, delito que se sanciona con penas de tres a nueve años de prisión. En total, el mandatario local habría amasado una fortuna superior a 951 millones de pesos, según la Fiscalía.
El pasado 19 de marzo, Santiago Nieto, titular de la UIF, lo señaló de haber comprado inmuebles a través de dos empresas fantasma que en otras ocasiones fueron usadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero. Entre las varias irregularidades detectadas por esta Unidad, Nieto destacó “una compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita”.
En 2013, Cabeza de Vaca habría recibido 14.3 millones de pesos de una sociedad financiera, que a su vez obtuvo los recursos por parte de dos empresas fantasma que actualmente tienen las operaciones congeladas por haber servido al Cártel de Sinaloa para “lavar dinero”.
El inmueble que habría comprado con ese dinero es un departamento en la lujosa zona de Bosques de Santa Fe, en la Ciudad de México, con un valor de 42 millones de pesos. El Gobernador también cuenta con un rancho en Soto la Marina de 63.4 millones de pesos.
La UIF también ha detectado otros dos ranchos y una casa en Tamaulipas, así como 20 propiedades en Texas, Estados Unidos, vinculadas a Cabeza de Vaca a través de empresas, familiares y socios.
También informó que desde el año 2000, Cabeza de Vaca ingresó en diferentes trabajos en empresas privadas y cargos públicos 35.5 millones de pesos, pero sólo declaró 23.9 millones de pesos.
Santiago Nieto subrayó en esa ocasión que Cabeza de Vaca es propietario de una productora rural que entre 2015 y 2019 “declaró un 33 por ciento de sus ingresos”. Asimismo, recordó que el Gobernador fue detenido en Estados Unidos en 1986 por robo de armas junto a otras tres personas, todas ellas asesinadas durante años posteriores.
El Gobernador y el PAN han denunciado una «persecución política» del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
García Cabeza de Vaca había anunciado una gira por Estados Unidos, aunque recientemente apareció en el edificio administrativo del Gobierno del Estado de Tamaulipas. Se había especulado que se encontraba en Texas.
¿CON FUERO O SIN FUERO?
La Fiscalía consiguió la orden de captura pese a que existe una controversia constitucional sobre si García Cabeza de Vaca perdió su fuero.
La Cámara de Diputados aprobó el 30 de abril la solicitud de FGR de desaforar a García Cabeza de Vaca, pero momentos después el Congreso de Tamaulipas, donde el PAN tiene la mayoría, rechazó el desafuero.
«El Gobernador no localizado podría estar ya fuera del país, declararse ‘perseguido político’ y buscar mantener el control del Gobierno estatal, con apoyo del líder del Congreso, del secretario de Gobierno o del presidente del tribunal de justicia (de Tamaulipas)», denunció en ese sentido Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado y líder de los senadores de Morena en esta instancia.
Apenas el viernes, el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un recurso del Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del Gobernador.
La Legislatura de esta entidad indicó que la Suprema Corte resolvió no entrar al estudio del fondo de la controversia constitucional bajo la consideración de que no existe conflicto competencial entre las partes, sino que invariablemente debe prevalecer la decisión soberana del Congreso del estado.
No obstante, el lunes, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que existe un “vacío legal” sobre el proceso y consideró que el Gobernador no tiene fuero.
En ese sentido, este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Suprema Corte «resolver con claridad» si el Gobernador mantiene su inmunidad porque su declaración es «ambigua».
LOS ANTECEDENTES DE CABEZA DE VACA
La acusación de la Fiscalía General contra Cabeza de Vaca es sólo la culminación de una serie de señalamientos que por años han realizado políticos de la oposición y analistas que han estudiado la violencia en Tamaulipas.
La especialista Guadalupe Correa, profesora en la Universidad George Mason y especialista en temas de narcotráfico y seguridad, dijo en una entrevista con SinEmbargo, que la relación que existe entre el actual Gobernador de Tamaulipas y la delincuencia organizada, “no es un chisme”.
“Yo que he investigado, pues no me parece de ninguna forma que sea un linchamiento político. Muchas personas sabemos, y más los tamaulipecos, que no se trata de linchamiento político”, aseguró.
En materia de seguridad, durante la administración de Cabeza de Vaca se han registrado tres mil y un homicidios dolosos, 304 por secuestro y 604 por extorsión.
Correa-Cabrera, quien por años ha estudiado la violencia en Tamaulipas, señaló que las redes de tráfico humano que operan con el crimen organizado no han sido desmanteladas porque “muy probablemente operen bajo la protección de autoridades locales y estatales”.
“Lo que sucedió en Camargo nos muestra el nivel de control que tiene la delincuencia organizada y el nivel de contubernio que existe con las autoridades”, agregó.
La especialista destacó que en Tamaulipas existe un deterioro grave de las instituciones, no solo de Gobierno estatal, sino de otros poderes como el Legislativo y el Judicial, e incluso en sindicatos, como el del magisterio.
Pero antes de ser elegido Gobernador del estado, Cabeza de Vaca fue acusado de tener nexos con el Cártel del Golfo y de usar ganancias ilícitas de ese grupo para financiar su campaña a la Alcaldía de Reynosa, en la frontera entre México y Estados Unidos, según un análisis de InSight Crime.
Durante su Alcaldía entre 2005 y 2007, presuntamente otorgó una autorización especial al capo del Cártel del Golfo Osiel Cárdenas Guillén, para realizar un evento público por el “Día de los Niños” en 2006. El exjefe del Cártel del Golfo se encuentra purgando una sentencia de prisión de 25 años por dirigir un “vasto imperio narcotraficante” que importó miles de kilos de cocaína y mariguana a Estados Unidos, destacó InSight Crime.
Pero García Cabeza de Vaca, quien culmina su mandato en 2022, también figura en la denuncia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya contra legisladores del PAN, a quienes acusa de recibir sobornos de la empresa Odebrecht en 2013 para aprobar la Reforma Energética del entonces Presidente Enrique Peña Nieto.
EL HISTORIAL DE LOS EXGOBERNADORES DE TAMAULIPAS
Francisco García Cabeza de Vaca, acusado por la FGR de defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero, no es el único mandatario de Tamaulipas que ha sido investigado, sus predecesores también cargan con un historial de acusaciones, aunque a ellos se les fincaron cargos terminando sus mandatos.
Manuel Cavazos Lerma, quien gobernó Tamaulipas de 1993 a 1999, fue el primer Gobernador tamaulipeco en ser señalado por sus vínculos con el narcotráfico.
El primer señalamiento fue en el año de 1997 cuando fue acusado por Omar Durán, entonces subdirector de Inspección y Vigilancia Agropecuaria, Forestal y Pesca de Tamaulipas, de permitir el tráfico de armas y droga en la entidad en camiones de ganado.
Pero estas acusaciones no llegaron a más sino hasta 2009, cuando la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR), inició la averiguación previa (PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009) por delitos contra la salud y lavado de dinero en su contra y también de sus sucesores, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández.
La investigación llamada “Caso Tamaulipas”, que fue iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, fue cerrada en 2013 ya en la administración del priista Enrique Peña Nieto “por falta de elementos probatorios”.
Su predecesor en el cargo, Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba (Matamoros, 1957), quien fue Gobernador del estado de Tamaulipas por el PRI de 1999 a 2004, se declaró culpable del delito de lavado de dinero ante un Tribunal Federal en Texas, Estados Unidos, el pasado 25 de marzo.
El exmandatario admitió haber aceptado más de 3.5 millones de dólares en sobornos ilegales y haberlos usado para adquirir propiedades de manera fraudulenta en Estados Unidos, según información proporcionada por la Fiscal Interina Jennifer B. Lowery.
Después de que Yarrington culminara su mandato en Tamaulipas llegó otro priista quien también forma parte de la lista de los exgobernadores tamaulipecos con acusaciones: Eugenio Hernández Flores.
Dos años después de haber dejado el poder, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) le incautó propiedades en Cancún y Playa del Carmen, Quintana Roo, a donde se mudó tras dejar la gubernatura, como parte de una investigación por lavado de dinero. No obstante, luego de meses sin hallar nada, en 2013 las autoridades cerraron el caso, junto con las investigaciones contra el exgobernador Manuel Cavazos Lerma.
Dos años después de concluidas estas indagatorias, en 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos denunció al exgobernador por “conspiración para lavar dinero y operar un negocio de transacciones financieras sin licencia para ello”.
Ya con los señalamientos de la justicia estadounidense a cuestas, Eugenio Hernández Flores fue detenido el 17 de octubre de 2017 acusado de peculado y lavado de dinero, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Actualmente está preso en el penal de Tenango del Valle, en el Estado de México, a espera de que se resuelva una petición de extradición solicitada por Estados Unidos.
