La aprobación del Presidente brasileño se está viendo seriamente erosionada por la dramática pérdida de control de la situación durante la segunda ola de la epidemia que ha arrasado el país.
Por Frédéric Vandenberghe y Jaime Marques Pereira
Ciudad de México, 7 de mayo (Open Democracy).- Brasil, que fue el buque insignia de la democracia social en América Latina, se ha convertido en poco tiempo en un Estado paria. Desde su toma de posesión como Presidente, el 1 de enero de 2019, Jair Messías Bolsonaro ha puesto en marcha su programa para liquidar la Constitución de 1988 que sancionó el retorno a la democracia tras más de dos décadas de dictadura militar.
El antiguo capitán de las fuerzas armadas nunca ha ocultado su desprecio por el Estado de Derecho. Desde el principio, se sabía que intentaría forzar un cambio desde el populismo de extrema derecha al autoritarismo, que se deshiciera de las salvaguardias de los poderes legislativo y judicial. Sin embargo, nadie imaginó que convertiría a Brasil en una fosa común de COVID-19.
EL FLAGELO DE LAS MILICIAS
Desde febrero, Bolsonaro (sin partido político) tiene el control de facto de las dos cámaras del Congreso. Ofreciendo prebendas (alrededor de 500 millones de euros) y cargos a los representantes electos del centrão, o «gran centro», una agrupación interpartidista conocida por su venalidad, pretende protegerse contra la apertura de un juicio político por negacionismo histórico (apología de la dictadura), negacionismo ecológico (destrucción de la Amazonía) y negacionismo sanitario (promoción activa del virus).
Puede impulsar los proyectos teo-conservadores (educación en el hogar, lucha contra la pederastia, lucha contra las llamadas «ideologías de género» en la educación nacional) exigidos por las iglesias evangelistas, y las reformas económicas neoliberales (privatizaciones, reforma administrativa, austeridad) que agradan a los lobbies patronales y bancarios y que está aplicando su ministro de Hacienda, un Chicago Boy, que empezó su carrera en Chile bajo Pinochet.
También intenta aprobar por decreto el libre uso de armamento por parte de la población y el refuerzo de la autodefensa policial en caso de homicidio. Estas dos medidas también benefician a la policía militar, así como al personal del ejército que participa en las operaciones especiales que el Gobierno federal ha lanzado contra los narcotraficantes, especialmente en Río de Janeiro.
Originadas en los escuadrones de la muerte de los sótanos de la dictadura, las milicias tienen ahora acceso a las más altas esferas de la política.
El resultado ha sido la muerte recurrente de innumerables civiles, en su mayoría negros y pobres, incluidos muchos niños, asesinados por balas perdidas. En el caso de los atropellos muy publicitados, los responsables son juzgados por tribunales militares. Esta evolución ha ido acompañada del desarrollo de milicias paramilitares que proliferan en los barrios populares de las principales ciudades de Brasil.
Formadas por soldados, policías y bomberos delincuentes, las milicias constituyen un poder paralelo. Al igual que las mafias, se dedican al chantaje, compiten por el poder con los narcotraficantes y se infiltran en la política. Originadas en los escuadrones de la muerte de los sótanos de la dictadura, las milicias tienen ahora acceso a las más altas esferas de la política. Alentados por el nuevo Gobierno, ya controlan casi el 60 por ciento del territorio de la ciudad de Río de Janeiro.
Sin embargo, la aprobación del Presidente se está viendo seriamente erosionada por la dramática pérdida de control de la situación durante la segunda ola de la epidemia que ha arrasado el país desde el carnaval, aunque éste fuera cancelado. En este contexto, a instancias del Tribunal Supremo, se ha creado una comisión parlamentaria de investigación sobre la gestión de laCOVID-19 (que algunos ya llaman comisión de investigación del genocidio).
Es probable que el margen de maniobra de Bolsonaro se restrinja considerablemente. La sucesión de crisis (ecológica, económica, militar, institucional) y la acumulación de atentados contra la democracia, los delitos contra la salud y las distorsiones presupuestarias han cambiado poco a poco la correlación de fuerzas. El Presidente se ha vuelto tóxico. La probabilidad de que no termine su mandato aumenta cada día.
LA FAMILIA
A largo plazo, el Presidente sólo tiene un objetivo: abolir la Constitución. A medio plazo, quiere ganar las elecciones presidenciales de 2022 a toda costa. A corto plazo, debe evitar la impugnación, principalmente para proteger a su familia. De hecho, si pierde el poder, su familia pierde su protección. Pero lo contrario también es cierto. Si pierde su protección, se cae.
Bolsonaro tiene cuatro hijos y una hija, siendo ésta fruto de un «golpe de debilidad», tal como se ha permitido proclamar para demostrar su pretendido machismo. Sus tres hijos mayores están activos en círculos de extrema derecha y cada uno sigue su propia carrera política. Aunque no son miembros del Gobierno, ayudan a su padre -de forma activa y ruidosa- en la articulación del apoyo a la política del Gobierno y en la indicación de nombres para los cargos más importantes del Estado.
Sus cuatro hijos están implicados en juicios por corrupción. Para protegerlos, el Presidente se infiltra en los organismos gubernamentales e incluso en el aparato represivo.
Flavio, llamado 01 por su padre, es Senador. Acusado de recibir “retro-comisiones” a cambio de la contratación de funcionarios fantasma en el Senado, se encuentra así en el centro de un escándalo de corrupción. También se enfrenta a la justicia por los vínculos probados con las milicias de Río de Janeiro que asesinaron a la Diputada Marielle Franco en 2018.
Carlos, apodado 02, es concejal de la ciudad de Río de Janeiro. Además, es un miembro clave de un «gabinete del odio» que anima las milicias digitales que atacan a los enemigos de Bolsonaro desde el interior del Palacio Presidencial. En cuanto a Eduardo, el 03, es Diputado federal. Forma parte de la Comisión de Asuntos Exteriores y juega un papel importante en la diplomacia por sus vínculos con gobiernos populistas (EU bajo Trump, Israel, Hungría, Polonia) y movimientos de extrema derecha.
POLITIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS
También intenta controlar las fuerzas armadas. A pesar de haber sido expulsado del ejército por indisciplina (había organizado una demanda de aumento de sueldo e incluso había planeado un atentado con bomba), el antiguo capitán nunca dejó de cultivar sus relaciones con los militares. A lo largo de sus tres décadas de carrera como Diputado Federal, ha actuado como sindicalista de las fuerzas armadas y ha sido un incansable defensor de las políticas de seguridad duras.
Más recientemente, ha aprovechado la tensión entre las fuerzas armadas y la izquierda tras la creación, por parte de la expresidenta Dilma Rousseff, de una «Comisión Nacional de la Verdad» destinada a revisar los crímenes cometidos durante la dictadura.
Bajo la Presidencia de Bolsonaro, esta politización de los militares se está metamorfoseando en una militarización de la política. En una versión de extrema derecha, el bolsonarismo recuerda al chavismo de Venezuela. Al promover la participación en el Gobierno de militares de alto rango (10 ministros de 21), en la alta administración (más de seis mil funcionarios) y en la gestión del sector público (un tercio de los directores de empresas estatales), el capitán de la reserva socava la democracia desde dentro y compromete así a las fuerzas armadas.
Las consecuencias son tanto más graves cuanto que el General Mourão, Vicepresidente de la República, ha puesto las políticas públicas de toda la Amazonía bajo el control del Ejército (como presidente de su órgano de coordinación). La institución militar se ve así comprometida en el ecocidio amazónico, al igual que el general Pazuello, exministro de Sanidad, es considerado responsable del «populicidio» vinculado a la propagación de la COVID-19 en Brasil.
Bolsonaro ya no puede contar con las fuerzas armadas para llevar a cabo su golpe. Podemos temer que fomente una insurrección de la policía militar
El peso del ejército ha llegado a ser tan grande que hasta hace poco la prensa cuestionaba abiertamente la posibilidad de que se estuviera preparando un golpe militar. Algunos especularon que, de hecho, ya había tenido lugar, sin tanques ni soldados en las calles. Sin embargo, cuando el Presidente insinuó a finales de marzo que podría haber movilizado a «su ejército» para evitar el bloqueo impuesto contra su voluntad en algunos estados y municipios del país, por primera vez los dirigentes militares se distanciaron del Presidente.
El año pasado, el Ministro de Defensa apoyó las manifestaciones antidemocráticas que exigían, con el apoyo de Bolsonaro, el cierre del Congreso y del Tribunal Supremo, es decir, un autogolpe. Ahora, este mismo ministro se ha negado abiertamente a «transformar una institución estatal en una institución gubernamental». Fue destituido inmediatamente por el presidente, lo que provocó una importante crisis militar, en la que los comandantes de los tres componentes del ejército presentaron su dimisión colectiva.
Por lo tanto, Bolsonaro ya no puede contar con las fuerzas armadas para llevar a cabo su golpe. Podemos temer que fomente una insurrección de la policía militar. Esta última está a las órdenes de los gobernadores de los estados de la federación, por lo que se haría pasar por el defensor de la economía frente a los que quieren instaurar un bloqueo. Si no puede contar con la policía militar, le queda la posibilidad de incitar a las milicias y a su «ejército digital» de partidarios a invadir el Parlamento, empujándolo a cerrar el Tribunal Supremo en el proceso.
¿IMPEACHMENT EN EL HORIZONTE?
Desde que el expresidente Luiz Ignácio Lula da Silva recuperó sus derechos políticos y las encuestas indican que es capaz de vencer a Bolsonaro en las elecciones presidenciales del próximo año, el escenario para 2022 parece trazado.
Mucho antes de la invasión del Capitolio en Washington, Bolsonaro ya había cuestionado la confiabilidad de las urnas electrónicas. Caso de ganar las elecciones, es de temer que derogue la democracia y, si las perdiera, es de temerlo aún más. Ante la amenaza de una catástrofe anunciada, el procedimiento parlamentario de destitución (impeachment), parece ser la única salida. Con más de 100 solicitudes de destitución no faltan razones.
El notorio oportunismo del centrão deja pocas dudas de que esos diputados sacarán sus ases cuando sea necesario.
Pero estas peticiones introducidas en la Cámara de Diputados sólo pueden ser tomadas en consideración por decisión de su presidente, Arthur Lira. Elegido gracias al apoyo que Bolsonaro, con la esperanza de protegerse del impeachment, es un diputado del centrão y es objeto de un juicio por cargos de corrupción, formación de una organización criminal y violencia contra su esposa. Su poder para iniciar o no un procedimiento de destitución contra el Presidente de la República le da, sin embargo, una fuerte posición para negociar puestos y otras prebendas.
Bolsonaro cree que controla el Congreso aliándose con los partidos conservadores del centrão, pero parece que ahora es él quien está bajo su control. El notorio oportunismo del centrão deja pocas dudas de que esos diputados sacarán sus ases cuando sea necesario.
PELIGROSO DESGOBIERNO
Los políticos corruptos del centro que condicionan su apoyo al Gobierno a los beneficios que esperan obtener de él, los militares que han avalado durante demasiado tiempo a un Gobierno que amenaza abiertamente el orden institucional, los megáfonos de los mercados que alientan la política de austeridad ultra liberal en medio de la pandemia, los pastores evangélicos que proclaman estar «dispuestos a morir» para mantener los templos abiertos y el endurecido veinte por ciento de la población que sigue apoyando al Presidente contra viento y marea son todos cómplices del colapso programado de Brasil. Pero, ahora parece fuera de toda duda que Bolsonaro pueda escapar a los efectos de una gestión catastrófica de la crisis sanitaria.
En proporción inversa al número de muertes por COVID-19, su popularidad está cayendo. A pesar del apoyo incondicional del 15 por ciento de los votantes más fanáticos, su índice de confianza podría caer del 30 por ciento al 20 por ciento. Abandonado por los militares, la prensa, las élites económicas y una buena parte de los electores que lo eligieron, el presidente está cada vez más aislado.
Imprevisible e irascible, se vuelve cada vez más peligroso, provocando una crisis tras otra. La irresponsabilidad y la improvisación en la ejecución de las políticas públicas han podido ocultar que la instauración del caos es, en realidad, el camino más seguro para socavar los cimientos de la república y concentrar, poco a poco, el poder en su única persona.
El Presidente no gobierna, estrictamente hablando: se limita a colocar a hombres (y tres mujeres) «antisistema» al frente de su Gobierno. Como en una misión kamikaze, los ministros de Medio Ambiente, Sanidad, Educación, Cultura, Relaciones Exteriores y Derechos Humanos están destruyendo las instituciones democráticas y las políticas públicas desde dentro. Mientras mantienen la fachada del orden constitucional, actúan como termitas que corroen las instituciones desde dentro.
La insistencia en que las instituciones sigan funcionando con normalidad no es nada tranquilizadora: el edificio puede derrumbarse en cualquier momento. Así, cuando en una reunión filmada de su Gobierno, Bolsonaro llama a una insurrección armada de los ciudadanos contra la «dictadura de la contención», a pesar de la consternación e indignación general, esto no desencadenó la apertura de un juicio político. Cuando un general, al que hay que calificar de golpista, miembro del núcleo duro del gobierno, amenaza abiertamente al Tribunal Supremo con «consecuencias imprevisibles», nadie le pide que dimita.
El enaltecimiento de la violencia y la fascinación por la muerte son las señas de identidad de Bolsonaro
En contra de las propuestas del Ministerio Público, Bolsonaro nombra a un fiscal general que actúa como su abogado personal. Para eliminar a sus adversarios políticos, Bolsonaro presionó a la justicia local y a la policía federal, que acusó a los gobernadores de malversar fondos destinados a la compra de ventiladores para los hospitales.
Cuando el exministro Sergio Moro dimitió porque el presidente quería controlar la Fiscalía para proteger a su familia, se abrió una investigación, pero no se siguió.
Cuando la investigación judicial revela una malversación sistemática de fondos públicos por parte de su hijo mayor, los servicios secretos se activan para investigar a Hacienda por movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias.
Cuando un exmiliciano, hombre de confianza de la familia Bolsonaro y operador de la citada trama de sobornos, desaparece tras su denuncia y es encontrado en una casa del abogado de toda la vida del Presidente, es admitido en prisión, pero inmediatamente liberado.
Cuando un periodista le preguntó a Bolsonaro de dónde procedían los 89 mil reales (13.200 euros) que este hombre había ingresado en la cuenta bancaria de su mujer, el Presidente respondió que quería «partirle la cara».
El enaltecimiento de la violencia y la fascinación por la muerte son las señas de identidad de Bolsonaro, quien, cabe recordar, hizo del gesto del «pisto-dedo» (el dedo índice y el pulgar apuntando como una pistola) la señal de convocatoria de su campaña electoral.
GESTIÓN «GENOCIDA» DE LA CRISIS SANITARIA
El Presidente no ha mostrado la más mínima empatía por las víctimas de COVID-19 y ha politizado la pandemia perversamente. Desde el principio, restó importancia a los riesgos de la COVID-19 (que, según él, era una simple «gripecita»). También ha saboteado sistemáticamente el confinamiento y la vacunación. Ha dicho en repetidas ocasiones que no se vacunará. Se opone firmemente a la vacunación obligatoria y proclama que la vacuna puede convertir al ciudadano «en un cocodrilo».
Ante una multitud que, como él, no lleva mascarilla, afirma que «la mejor vacuna es el propio virus, sin efectos colaterales». Los muertos son dejados de lado. Ante la renuncia del Estado, el Gobierno acaba de autorizar la compra de vacunas por parte del sector privado.
Hasta hace poco, el ministro de Sanidad (que acaba de dimitir) recomendaba oficialmente la cloroquina y la ivermectina como «tratamiento precoz», ignorando su ineficacia científicamente demostrada. Si este ministro, el tercero de una serie de cuatro que se han sucedido desde el inicio de la pandemia, hubiera puesto tanta energía en pedir vacunas, oxígeno y anestésicos como la que ha puesto el ejército en producir cloroquina o en manipular las estadísticas oficiales, Brasil no estaría superando las tres mil muertes diarias, como ocurre actualmente.
Sin una contención contundente, Brasil alcanzará rápidamente el medio millón de muertos
Un análisis científico de más de tres mil normas y decretos relacionados con la pandemia durante el año 2020 concluyó que hubo una verdadera estrategia intencional para propagar el virus. La combinación de una campaña de vacunación fallida y un contagio incontrolado está convirtiendo al país en un caldo de cultivo de variantes de Sars-Cov-2. Para muchos investigadores, esta experiencia in vivo es una amenaza para el resto del mundo.
Con cuatro variantes activas en el auge de la segunda ola, el país está al borde de un colapso generalizado de su sistema hospitalario. El colapso de la ciudad de Manaos en enero, el segundo desde que comenzó la pandemia, parece haber sido un presagio de lo que está por venir.
Varias ciudades de Brasil ya no disponen de camas de cuidados intensivos. Los médicos se ven obligados a decidir en la puerta del hospital quién irá a cuidados intensivos y quién a la morgue. Hay escasez de oxígeno. A falta de sedantes, los pacientes son atados por la fuerza a sus camas antes de ser intubados. Las víctimas de COVIDson cada vez más jóvenes. La mitad tiene ahora menos de 40 años. Sin comorbilidad, permanecen más tiempo en las unidades de cuidados intensivos.
Los ataúdes son cada vez más escasos. Los cementerios están saturados. Sin una contención contundente, Brasil alcanzará rápidamente el medio millón de muertos. Con menos del 3% de la población mundial, Brasil ya representa el 10 por ciento de las víctimas de COVID-19. En las últimas semanas, esa cifra ha aumentado al 30 por ciento. Casi un tercio de los muertos del mundo son brasileños. Una comparación estadística con otros países del mundo ha establecido que la probabilidad de morir por COVID-19 es de 3 a 4 veces mayor que en otros lugares. Un corresponsal de la prestigiosa revista médica The Lancet concluye que el 75 por ciento de las 350 mil muertes registradas pueden atribuirse a Bolsonaro.
El Tribunal Penal Internacional de La Haya tendrá que tenerlo en cuenta al examinar los cargos de genocidio de poblaciones indígenas y de crímenes contra la humanidad por ecocidio.
