No hay Toro, pero hay tiro. En un acto de machismo político tan común en nuestra cultura primero Félix Salgado Macedonio, y luego el Presidente Andrés Manuel López Obrador, amenazaron al INE con desaparecerlo por la resolución de quitarle las candidaturas a los dos aspirantes de Morena que no cumplieron con los requisitos de ley para ser candidatos. Perece que en esto último hay acuerdo: el mismo presidente de Morena, Mario Delgado, ha dicho que fue un exceso, que era muy poco dinero el que no declararon, pero nadie discute el monto sino la omisión del informe. El derecho a votar y ser votado, dijo la Ministra del Tribunal Electoral Jazmín Otaola, no es absoluto, tiene normas y, ni modo, hay que cumplirlas.

El Presidente deslizó, no sabemos si como ocurrencia (él mismo ha dicho que no prepara lo que va a decir en las conferencias mañanera) o producto de un consejo de su Consejero Jurídico, Julio Scherer Ibarra (el que propone que para que el Presidente no violente las leyes electorales hay que callar a los periodistas) que propondrá que sea el Poder Judicial quien organice las elecciones.

De entrada, parece totalmente fuera de lugar que el poder judicial lleva a cabo una acto que es administrativo: organizar una elección. Al Poder Judicial lo que le toca, a través del Tribunal Electoral, es resolver las inconformidades que existan con la autoridad administrativa, ahora el INE y, por si fuera poco, calificar la validez de la elección. La propuesta de que sea el mismo Poder Judicial quien organice las elecciones, revise las inconformidades y las califique violenta, de entrada, el necesario equilibrio entre poderes pues los convierte en juez y parte. Decir, además, que  el Judicial es un poder realmente independiente justo en este momento que está siendo víctima de una intromisión del Legislativo y del Ejecutivo suena a ironía o chiste de mal gusto.

México necesita un sistema electoral simplificado, de eso no hay duda. Pero no hay que olvidar que el INE es lo que es y las reglas son lo que son por la desconfianza básica, por la convicción que tenemos los mexicanos de que los poderes constitucionales –del Presidente de la República para abajo, pasando por gobernadores, presidentes municipales, diputados, magistrados–y los fácticos -sean empresarios, líderes sindicales, medios de comunicación o caciques– no van a respetar la voluntad popular. Hay que amarrarles las manos a todos, porque por experiencia sabemos lo que son capaces de hacer. Para eso necesitamos un órgano de Estado, no de Gobierno, que sea autónomo y otro revisor, inapelable, que dependa del único poder que no está sujeto a la elección popular: el Judicial.

No queda claro, pues, si se trata de una ocurrencia, de un dardo envenenado o solo de enseñarle la chuleta al Poder Judicial para ver si saliva. Los ministros saben de sobra cuál es su papel en las elecciones. Bienvenida una reforma electoral, pero debe partir de un principio muy claro: en la independencia del órgano electoral ni un paso atrás. Construir las instituciones costó mucho trabajo, mucha sangre y muchas vidas. La democracia es más importante que cualquier gobierno y cualquier Presidente por importante, trascendente, transformador o popular que sea.

Diego Petersen Farah

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