«Nosotros estamos trabajando al 100 por ciento para tratar de acabar con la defraudación fiscal, si tenemos que dar el 150 por ciento lo vamos a dar”, dijo en entrevista Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, quien destacó que tiene el mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que nadie, ni empresas ni personas físicas, queden impunes por este delito que fue pasado por alto en anteriores sexenios y que le ha costado al país miles de millones de pesos.
Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).– El caso de la minera canadiense First Majestic, que adeuda a México 500 millones de dólares en impuestos y que está envuelta en un proceso legal para cumplir con esa obligación ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), no quedará impune, como tampoco lo serán los de todos aquellas empresas y personas físicas que traten de defraudar al fisco, dijo Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En entrevista en el programa “Los Periodistas” que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela por SinEmbargo al Aire, en YouTube, Romero Aranda planteó que, aun cuando no puede ofrecer detalles de casos que tienen en procesos legales, “sí puedo decir es que cualquier persona física o moral que defrauda al fisco federal podrá ser denunciada y en los casos relevantes no vamos a dejar pasar el tema”.
El Procurador respondió a una pregunta de Páez Varela en torno al abuso de la canadiense First Majestic, denunciada varias veces ¡por el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que la compañía pretende eludir el pago de 500 millones de dólares en impuestos bajo el amparo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canada, mejor conocido como T-MEC. El Presidente incluso ha pedido la intervención del Embajador de Canadá en México para hacer entrar en razón a ese consorcio internacional y que cumpla son su obligación de pagar impuestos, como lo hace en otros países donde opera.
—Hay un caso muy notorio de especial atención del Presidente López Obrador: es el de la minera canadiense First Majestic Silver Corp y que viene de muchos años atrás, como sabemos. Para explicárselo a la gente, estuvieron reportando un costo sobre la plata de manera artificial para poder reportar menos ingresos y por lo tanto llevarse más. Esta minera básicamente se lleva plata de México y es un caso casi de soberanía nacional. Se ha planteado mucho en la conferencia matutina del Presidente y aunque sabemos que no puede hablar mucho la Procuraduría Fiscal, le podemos preguntar ¿en qué momento del proceso se encuentra este caso? –preguntó Páez.
—Como le digo, yo no puedo hablar de casos que tenemos en proceso, lo que sí le puedo decir es que cualquier persona física o moral que defrauda al fisco federal podrá ser denunciada y en los casos relevantes no vamos a dejar pasar el tema.
—Procurador, entiendo que hay un juicio de lesividad que involucra a First Majestic porque hubo un acto de corrupción entre funcionarios del SAT y un despacho de la propia minera canadiense, ¿es así?
—Le reitero, estos son casos que se están llevando conjuntamente con el SAT y son casos de los que no podemos revelar mayor detalle, lo que sí le puedo decir es que la corrupción no la vamos a tolerar y si tenemos que promover 20 juicios, 20 juicios vamos a promover y no vamos a dejar pasar uno.
—¿Hay compromiso rotundo de la Procuraduría Fiscal para evitar que este caso emblemático de explotación de una minera canadiense en territorio mexicano no quede impune?
—No sólo hay compromiso de la Procuraduría Fiscal, tenemos la instrucción del Presidente de la República de que en cualquier asunto donde exista corrupción y defraudación fiscal, debemos tenerlos como los asuntos más importantes.
OUTSOURCING, DEFRAUDACIÓN Y SANCIONES
Sobre la reforma al outsourcing y los ajustes que significará para la Procuraduría Fiscal horas extras para ir por todos los que
estaban acostumbrados en años pasados a a evadir impuestos, Delgado Gómez preguntó, ¿cómo harían para atacar este negocio de miles de millones de pesos para quienes quieren mantenerse en la ilegalidad?
—Nosotros estamos trabajando al 100 por ciento para tratar de acabar con la defraudación fiscal, si tenemos que dar el 150 por ciento lo vamos a dar. Lo que sí le puedo decir, es que la reforma por un lado es persecutoria, porque al final de cuentas nos dan una calificativa adicional en el Artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, con lo cual una persona que defraude vía outsourcing o vía servicios especializados podría estar hasta 13 años y medio en la cárcel. Entonces, eso nos da un carácter persecutorio pero, además, hay carácter inhibitorio si las personas que se dedican a este supuesto siguen en ese esquema o no se regularizan, ahí podríamos también perseguirlas por defraudación fiscal calificada o incluso en algunos de los supuestos hasta por delincuencia organizada. Entonces, la gente que decida quedarse en este esquema y no regularizarse pues es jugar con fuego porque es un tema de cárcel –respondió Carlos Romero, quien también ha sido el responsable de atacar a las llamadas factureras.
—¿Procurador cuántos asuntos relacionados justamente con factureras, quienes hacen una simulación laboral, lleva la Procuraduría Fiscal? –le cuestionó Delgado.
—Estamos atacando a diversos grupos de factureros, pero digamos que tenemos varias estrategias. Por un lado estamos persiguiendo a los grupos de factureros que se dedicaban al servicio de outsourcing o tercerización con lo cual era una simulación de relaciones laborales o simulación de actos para defraudar al fisco y al Seguro Social. Tenemos diversos asuntos donde estamos peleando estos temas contra diversos grupos, pero paralelamente estamos presentando denuncias contra los clientes de los outsourcings; es decir, los que al final de cuentas deducían las facturas que les daban por servicios administrativos, lo que era el outsourcing, o para los que acreditaban el IVA indebidamente. Entonces, tenemos dos vertientes si esto lo hicieron después de 2020 incluso podrían tener prisión preventiva oficiosa –expuso el también licenciado en Derecho por la Universidad Marista (Centro Universitario México) y doctorando por la Universidad Panamericana.
En su oportunidad, Páez interrogó Romero sobre el caso emblemático de Raúl Beyruti. «Es un personaje que se enriqueció de manera escandalosa en muy pocos años, muy conocido por la élite empresarial porque de repente brincó a la notoriedad por traer inversión incluso en medios de comunicación españoles. Leí que traía una revolución allá en el diario El Economista, el diario español, en fin tenía inversiones por todos lados. ¿Cómo va ese caso?, ¿en qué momento se encuentra, Procurador?”, inquirió el conductor de “Los Periodistas”.
—A mí me rige el secreto fiscal, el principio de presunción de inocencia y el sigilo de las investigaciones. Yo no puedo hablar de casos que tenemos en curso, pero lo que sí les puedo decir es que la instrucción que traigo por parte del Presidente de la República es que aquí no hay intocables y aquí no somos tapadera de nadie. Si encontramos que existe un delito lo tenemos que denunciar –dijo el funcionario federal.
—También la Procuraduría Fiscal tiene la facultad de hacer acuerdos reparatorios, ¿a esto se ha avocado la Procuraduría y cuánto ha logrado obtener para el erario de estos acuerdos reparatorios? –cuestionó Delgado.
—Nosotros a partir de la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio existen medios alternos de solución de controversias, entre ellos tenemos los acuerdos reparatorios. Se habían ocupado en muy pocas ocasiones para asuntos no relevantes, a partir de la administración del Licenciado Andrés Manuel López Obrador hemos robustecido este esquema, incluso el año pasado firmamos uno sobre todo que es el acuerdo reparatorio más grande en la historia de la Procuraduría Fiscal que fue por alrededor de 10 mil millones de pesos. Con estos esquemas, en el trabajo conjunto que hemo
s hecho con Servicio de Administración Tributaria conjuntamente pudimos cobrar en estas mesas de trabajo alrededor de 30 mil millones de pesos. Ahorita estamos trabajando también en varios casos junto con el SAT, con los cuales si el contribuyente decide solicitar un acuerdo reparatorio lo analizaremos y en caso de ser procedente se firmará, se extinguirá la acción penal y ellos pagarán lo que deben.
—Le hago una consulta que va a parecerle un poco vaga, pero para que me oriente: un caso de defraudación fiscal con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por seis millones, no le voy a decir que es de un exfuncionario, eso me lo voy a quedar yo, pero un caso de defraudación por seis millones, ¿amerita qué Procurador? –le consultó Páez Varela.
—Depende el ejercicio de que se trate. Si es anterior a 2020 no amerita prisión preventiva, pudieran llevar el juicio en libertad, pero tiene que comparecer ante un juez. Al final de cuentas, ya en un juicio penal lo llegan a determinar culpable y lo obligarían a la reparación del daño y a una pena privativa de la libertad que pudiera ser de los tres a los nueve años de prisión –explicó Romero Aranda.
—Es decir, si yo defraudé más de seis millones de pesos en el ejercicio fiscal 2016, puedo llevar mi juicio en libertad, no amerita prisión preventiva, pero si me encuentran culpable no solamente debo pagar eso que evadí al fisco, ¿debo ir a la cárcel? –insistió el periodista.
—Sí, exactamente. Los delitos se condena a dos cosas: a la reparación del daño, es decir a pagarle a la Hacienda Pública todo lo que se debe, y también a una pena privativa de la libertad –dijo el Procurador.
—Bueno, no puedo preguntar específicamente un caso muy notorio que salió a la luz pública el día de hoy de Arne Sydney Aus den Ruthen Haag, pues es un caso notorio porque él mismo se hizo notar a partir de que pues daba públicamente lecciones de civismo, pero es un caso muy parecido al que le acabamos de preguntar. ¿Ustedes esperan, Procurador, qué niveles de recaudación a partir de que se combata la evasión? ¿Ustedes esperan un repunte en la recaudación a partir de esta estrategia de perseguir la corrupción? –le insistió.
—Mira, te voy a poner un ejemplo para que veas de qué tamaño estamos hablando. En el año 1995 tuvimos una crisis económica en México y la recaudación se cayó 350 mil millones de pesos, además nos costó un Fobaproa y el IVA que subió del 10 al 15 por ciento. Vámonos al año 2009, año de otra crisis económica, donde la deuda pública subió 10 puntos del PIB, subieron el IVA del 15 al 16 por ciento, se legisló y se creó el IETU y el Impuesto sobre Depósitos en Efectivo, eso es lo que costó al país. En 2020, estamos en la parte baja de la curva económica, preveíamos una crisis económica mundial, el precio del petróleo estuvo a cero, por la pandemia la actividad económica se fue a cero, no había actividad alguna, sin embargo no se pidió deuda, no se legislaron nuevos impuestos, no se subieron impuestos y no sólo no se cayó la recaudación, sino que subió en relación a 2019 cerca de 170 mil millones de pesos. Entonces, si seguimos la misma línea, si seguimos persiguiendo los delitos fiscales, como lo estamos haciendo, si seguimos persiguiendo la defraudación fiscal, si seguimos actuando coordinadamente con el SAT y el SAT sigue llevando la misma política fiscal, creo que vamos a seguir en la misma vía ascendente, y con eso vamos a poder seguir manteniendo la Ley de Ingresos, que fue lo que estableció el Congreso de la Unión –afirmó el Fiscal.
—Y también que no queden impunes quienes delinquen fiscalmente, Procurador, porque también además de que muchos eluden, evaden impuestos, pues quedan absolutamente impunes aún cuando no la hayan hecho en los dos años y medio que lleva el actual Gobierno sino en los ejercicios anteriores –atajó Delgado Gómez.
—Nosotros, de los asuntos que llegamos a tener conocimiento que hay defraudación fiscal, presentamos las querellas respectivas. Entonces, en lo que nos corresponde estamos haciendo todo lo necesario para que los delitos no queden impunes –concluyó el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación.
