El artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina en su cuarto párrafo: “Cada cuatro años, el pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”.

Ese artículo no ha sido reformado por el Poder Legislativo actual. Lo que los senadores hicieron el jueves 15 de abril de 2021, fue agregar un transitorio a la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, para ampliar –contra lo dictado en la Constitución- dos años más la presidencia del actual titular de la Corte, el Ministro Arturo Zaldívar, electo como tal el 2 de enero de 2019. El agregado del senador Raúl Bolaños del Partido Verde Ecologista de México, se redactó así en su parte medular: “La persona que a su entrada en vigor (de la nueva Ley Orgánica), ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, quedará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024”.

Con ese transitorio, votado a favor por la mayoría de Morena y aliados en el Senado de la República, se incumple el artículo 97 Constitucional, por lo que a todas luces resulta inconstitucional el acuerdo tomado en la Cámara Alta, que este miércoles 21 de abril se discutirá y votará en la Cámara de Diputados, entidad legislativa donde también Morena y sus aliados tienen mayoría.

El transitorio de Boñalos no refiere que por única ocasión se ampliará el mandato del presidente de la Corte, aunque tampoco determina que en lo subsecuente este periodo constará de seis años y no de cuatro como esta previsto en la Constitución, lo cual indica que es una medida para beneficiar exclusivamente al actual titular del Poder Judicial, el ministro Arturo Zaldívar, y que a partir del 30 de noviembre de 2024, regresarían, ahora sí, a respetar el 97 Constitucional, los cuatro años de periodo sin opción a reelección.

Si los legisladores de Morena hubiesen querido hacer una reforma de fondo, esta tendría que haber sido directamente a la Constitución, al artículo 97, para ampliar de cuatro a seis años el periodo de la presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual habría implicado aparte de la aprobación del Congreso de la Unión con una mayoría absoluta, la aprobación de 50 más uno de los Congreso Estatales. Pero no lo hicieron así. Se fueron por un transitorio que el día de hoy, analistas, constitucionalistas, académicos, catedráticos y columnistas, ven como inconstitucional.

De aprobarse en la Cámara de Diputados, seguramente se presentarán acciones de inconstitucionalidad sobre el transitorio que amplia el periodo del ministro Zaldívar, pero quien definirá esas acciones sería la misma Corte, en este caso, siendo Juez y Parte.

El Ministro Arturo Zaldívar ha guardado silencio. Su último posicionamiento en sus redes sociales, donde suele, como el resto de los políticos, emitir opinión, es precisamente del 15 de abril y es un retuiteo de la cuenta oficial del Consejo de la Judicatura Federal que a la letra dice, “El CJF reitera que no se pronunciará sobre el artículo transitorio hasta que no concluya el proceso legislativo. Y expresa su respeto a las y los legisladores que votaron a favor y en contra en relación con las leyes reglamentarias del #PJF”. Lo que indica que continuará con el silencio autoimpuesto, más allá de que en caso de presentarse la acción de inconstitucionalidad el ministro presidente no debería haber opinado previamente sobre el asunto. También cabría la duda de sí estaría impedido para votar sobre dicho medio de control de constitucionalidad y tendría que excusarse. Y de tener que quedar al margen de la votación, quedarían 10 ministros en el Pleno. ¿Cómo habría voto decisorio en caso de empate?

Para quienes han opinado en contra del transitorio que amplia el mandato, es que de entrada resulta inconstitucional, va pues contra lo estipulado en la Constitución; en segundo término, que esta medida convierte al Poder Legislativo en elector del presidente de la Corte cuando es claro que quienes lo eligen son los ministros, no los senadores o los diputados; y en tercer lugar, pero no menos importante, la pérdida de la autonomía del Poder Judicial, uno de los tres que junto con el Legislativo y el Ejecutivo conforman el Estado Mexicano, y esto dado debido a las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien se ha pronunciado, casi todos los días desde la aprobación en el Senado, a favor de la permanencia de Zaldívar, lo que implica que el senador del Verde que introdujo de último momento el transitorio, contaba con la línea o venia del presidente López Obrador.

Efectivamente, en su defensa sobre la permanencia de Arturo Zaldívar al frente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, el presidente López Obrador ha dado por lo menos dos razones que destacan: primero, que está bien “porque es un hombre íntegro, honesto, con principios” y su permanencia es necesaria para la renovación del Poder Judicial.

Además, denostando al resto de los ministros que integran la Corte, ah justificado que no hay otro como Zaldívar, “porque la mayoría en la Suprema Corte la tienen quienes vienen del antiguo regimen, y se requeire que los jueces, los magistrados, los ministros, estén al servicio el pueblo, no al servicio de los grupos de intereses creados, que los jueces no sean empleados de los potentados, que los jueces defiendan al pueblo”.

Finalmente, el presidente aceptó que la ampliación del periodo del presidente de la Corte es para que coincida con el fin de su administración, es decir, que el Ministro Zaldívar le acompañe los seis años de su gobierno de la 4T.

Con estas declaraciones, es más que evidente que la idea de la permanencia de Zaldívar vino de la presidencia de la República, López Obrador lo ha defendido a capa y espada, y ha declarado muy a su estilo, que esta acción no es inconstitucional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ya tiene el Poder Legislativo. La mayoría de su partido y sus aliados en la Cámara de Senadores y en la de Diputados federal, le permite realizar los cambios que más convengan a sus planes, vayan o no, como es el caso, contra la Constitución Política de los Estados Unidos, y con el transitorio a la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. El presidente busca tener el control de la Corte, en una persona que, evidentemente, no representa a “quienes vienen del viejo regimen”, a pesar que Zaldívar fue electo ministro el 1 de diciembre de 2009, precisamente cuando el más señalado enemigo por el presidente, era titular del Ejecutivo Nacional, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Si los diputados aprueban la reforma tal cual, con la ampliación del periodo de Zaldívar, estarán decidiendo sobre un tema que compete exclusivamente a la Corte, y responderían a una “necesidad” del presidente, de tener gente afin a su pensamiento para administrar el País, afectando con ello la Constitución y poniendo en peligro la autonomía al Poder Judicial.

Los animos reelecionistas, allende la Constitución, están enraizados en Morena, e iniciaron con la pretendida ampliación de mandato del gobernador Jaime Bonilla en Baja California, que también con una medida legislativa quiso ampiar su gobierno de dos a cinco años, pero en cuyo caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó a favor de la constitucionalidad, y declaró la Ley Bonilla inconstitucional y como un fraude. Habrá qué ver, en su momento, como reaccionará la Corte ante esta nueva inconstitucionalidad, especialmente, siendo Juez y Parte.

Adela Navarro Bello

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