La minera canadiense Cuzcatlán, que extrae plata en Valles Centrales de Oaxaca desde hace una década, tiene concesiones hasta 2059, pero su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) vence este año. Ante dos derrames de desechos en los ríos El Coyote y Santa Rosa, las comunidades zapotecas aledañas al proyecto exigen a la Semarnat no aprobarle la segunda MIA solicitada.
PRIMERA PARTE
Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).– El Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, integrado por comunidades zapotecas de Valles Centrales de Oaxaca, pide a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no aprobar la segunda Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) solicitada por la minera canadiense Cuzcatlán. El proyecto «San José», ubicado en San José del Progreso, tiene concesiones con vigencia incluso hasta 2053 y 2059. Aunque su operación es subterránea, la extracción de plata con contenido de oro desde 2011 ha contaminado el río El Coyote y el río Santa Rosa, de acuerdo con estudios.
«¿Quién va a limpiar su cochinero cuando se vayan?», cuestionó el Regidor de Obras Francisco Valencia desde Magdalena Ocotlán, un aledaño poblado zapoteco donde pasa el río Coyote. Ahí se dedican al cultivo de maíz, frijol, garbanzo y calabaza.
«La contaminación está en el aire, en el agua donde va a tomar nuestro ganado de autoconsumo y está en el tejido social, porque los que trabajan en la mina te critican si estás contra la empresa. Los mantos freáticos ya no son los mismos. Un poco por la escasez de lluvias y otro poco porque tantito llueve y la empresa echa sus desechos al río; ese es el enojo de la población porque aquí está escasa y no nos alcanza para el riego», explicó.
La Minera Cuzcatlán —acusó el Frente en un comunicado— opera en la ilegalidad al construir 75 obras irregulares que no fueron declaradas en la MIA original de 2009 que vence este 2021, por lo que ha presentado ante la Semarnat una nueva MIA denominada “San José II” para regularizar esos trabajos. La empresa dice estar sujeta a «una ola de desprestigio» y que opera en la legalidad. En Magdalena Ocotlán, resaltó en una tarjeta informativa, ha construido dos bordos de agua en favor del almacenamiento.
«El Frente exige a la Semarnat que no autorice la MIA, ya que el documento presentado por la empresa no considera los impactos sinérgicos, residuales y acumulativos del proyecto», solicitan las comunidades aledañas a la mina Magdalena Ocotlán, Monte del Toro y La Noria de Ortiz, San Nicolás Yaxe, San Martín de los Cansecos, San Matías Chilazoa, Santa Catarina Minas, Los Ocotes y El Vergel.
La Semarnat informó esta semana que el diálogo entre autoridades federales y el Frente inició desde el 14 diciembre de 2020 por órdenes del Presidente Andrés Manuel López Obrador. El sábado pasado se comprometieron con los pobladores a realizar estudios de calidad del agua para detectar posibles daños ocasionados por el derrame de desechos en el río El Coyote en 2018, «el cual no fue atendido por autoridades de administraciones pasadas».
El 8 de octubre de 2018 se registraron fuertes lluvias en el municipio de San José del Progreso, donde se ubica la mina. El volumen de precipitación —explicó la empresa— excedió la capacidad de bombeo de la pileta de colección de agua de la presa de jales, lo que ocasionó el escurrimiento de agua de lluvia con sedimentos de jales (desechos) acumulados en los canales de protección. El escurrimiento alcanzó el «arroyo» El Coyote, lo que también afectó a Magdalena Ocotlán.
El Frente No a la Minería solicita una visita de la Secretaria María Luisa Albores para que vea personalmente los daños ambientales y sociales que les ha causado la actividad extractiva, y entienda por qué exigen que se cancele la mina.
MINERA NIEGA CONTAMINAR
Sin una consulta indígena previa e informada, esta filial de la canadiense Fortuna Silver Mines —que cotiza en la Bolsa de Nueva York y Toronto— arribó en 2006 a explorar a San José del Progreso y arrancó la explotación en 2009. Los ejidatarios tomaron la mina en protesta, pero el entonces Gobernador Ulises Ruiz Ortiz (2004-2010) les envió a los granaderos y hubo detenidos, recordó el Regidor de Obras de Magdalena Ocotlán y miembro del Frente No a la Minería, Francisco Valencia. Hasta 2016 se organizó una consulta sólo en ese poblado zapoteco, pero, dijo el Regidor, fue «amañada» y limitada al «Sí o No».
Diez años después de iniciada la producción, se han contaminado el río El Coyote por el derrame de octubre de 2018 y el río Santa Rosa en un segundo derrame en julio 2020. El color de éste último cambió a rojizo. El Director de la mina Luis Camargo lo negó recientemente, pero de acuerdo con estudios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), EDUCA Oaxaca y Oxfam, en ambos afluentes detectaron luego de los derrames la presencia de aluminio, fierro, plomo y hierro, los cuales pueden afectar la salud humana.
«En estos años de explotación minera, en nuestras comunidades han disminuido considerablemente los niveles de nuestros pozos de agua. Minera Cuzcatlán contamina impunemente el agua de nuestra región, ya que hasta el momento ninguna autoridad federal se ha hecho responsable de estos actos», acusó el Frente No a la Minería. «Nuestra demanda principal es la cancelación del proyecto minero y la salida de nuestros territorios en respeto de nuestro derecho a la libre determinación».
La empresa por su parte, de acuerdo con un reportaje de Avispa Midia, contrató a un laboratorio para otros análisis de agua más de 70 días después del derrame de 2018 y concluyó que las concentraciones de metales pesados estaban por debajo de los límites permisibles por la NOM-001-Semarnat-1996. Por el derrame, la empresa pagó una multa de 42 mil dólares.
A mediados de marzo el Presidente López Obrador exigió a las mineras canadienses Cosalá en Sinaloa y de Tayoltita en Durango pagar salarios dignos e impuestos o, de lo contrario, perderían sus concesiones. SinEmbargo informó que de 58 conflictos mineros que existen en el país por despojos de tierras, violaciones laborales, afectaciones a los recursos naturales y hasta asesinatos, 29 involucran a empresas de Canadá. De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros (OCMAL), México encabeza la lista de países con el mayor número de conflictos en América Latina, por encima de Chile (49) y Perú (46).
Ante las declaraciones del Jefe del Ejecutivo, el miércoles la Minera Cuzcatlán reportó que cumplió en tiempo y forma con más de 660 millones de pesos por el total de impuestos correspondientes al ejercicio anual de 2020. La unidad minera San José, agregó, genera mil 100 empleos directos e indirectos «bien remunerados y estables» con el 75 por ciento de sus colaboradores originarios del municipio de San José del Progreso y comunidades cercanas.
En su sitio Web reconoce que los Valles Centrales de Oaxaca son una región con alto estrés hídrico por lo que, asegura, capta, trata y reutiliza las aguas residuales del municipio de Ocotlán de Morelos. Y, para separar los minerales, no usan cianuro sino recurren a un proceso de flotación, seguro y amigable con el ambiente.
Luego de la publicación del reportaje «Minera Cuzcatlán: con licencia para contaminar» de Avispa Midia, en colaboración con Connectas e ICFJ, el Director país de la empresa Luis Camargo aseguró en entrevista con Aristegui Noticias que hay «imprecisiones» en la investigación. Aseguró que el río El Coyote «es seco y sólo tiene subidas en épocas de lluvias». Negó que afecten a «varias comunidades» como Magdalena Ocotlán, donde «tienen una muy buena relación», lo que negó el Regidor de Obras, Francisco Valencia.
«El río sale con un polvo de jale, que la propia Profepa ha categorizado como un producto inerte, no tóxico, no inflamable ni reactivo, lo que no ofrece peligro a nadie», destacó Camargo.
