Con la colaboración de la Dra. Marisa Macari

El sistema alimentario está en crisis, es un sistema que concentra la tierra, desplaza poblaciones campesinas, dirige la producción a las exportaciones y no a las necesidades alimentarias nacionales, degrada la tierra hasta volverla infértil, atenta contra la biodiversidad y los ecosistemas, genera la tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, atenta contra las poblaciones de los polinizadores, ataca las tradiciones alimentarias y culinarias desarrolladas durante milenios por las diversas culturas y contribuye a la mala alimentación. Es un sistema concentrado en el poder de un puñado de grandes corporaciones que controlan el mercado de semillas y agroquímicos que está dirigido, en esencia, a sustentar modelo de alimentación ultraprocesada que no nos nutre, que genera pobreza y profundas desigualdades y severos daños a la biodiversidad y al clima del planeta.

Ante la necesidad urgente de reformar el sistema alimentario, en diciembre de 2019, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, convocó a una Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios en 2021 con el objetivo de avanzar en la Agenda 2030 afrontando los desafíos del cambio climático, llamando a que los sistemas alimentarios sean sustentables e inclusivos. El resultado esperado de la Cumbre es la elaboración de principios “que orienten a los gobiernos y otros interesados que deseen aprovechar sus sistemas alimentarios para apoyar los ODS” (objetivos de desarrollo sostenible).[1] En este sentido la Cumbre pretende responder a la necesidad de actuar de manera integral para transformar los sistemas alimentarios.

Sin embargo, el camino hacia la Cumbre ha sido fuertemente capturado por intereses privados a la vez que se ha excluido del proceso a la sociedad civil, a los productores del campo que ponen en los mercados el 80 por ciento de los alimentos, a los propios derechos humanos y la agroecología como principios centrales en la transformación de los sistemas alimentarios.

Desde el inicio del proceso, la gobernanza de la Cumbre ha sido problemática. En junio de 2019, las Naciones Unidos firmaron un acuerdo de asociación estratégica (strategic partnership agreement) con el Foro Económico Mundial (WEF) y declaró que el WEF estaría involucrado en el desarrollo y organización del Cumbre. En septiembre del mismo año, más de 400 movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil firmaron una carta dirigida al Secretario General de la ONU exigiendo la terminación del acuerdo. La carta denuncia que este acuerdo ofrece a las corporaciones transnacionales acceso preferencial al sistema de la ONU, cuando justamente las actividades de estas corporaciones contribuyen a los problemas de salud humana y planetaria que la Cumbre intenta resolver. Este acceso de las corporaciones y desplazamiento de las organizaciones civiles, sienta un pésimo precedente para todo el sistema de Naciones Unidas.

La preocupación de la sociedad civil es que el involucramiento del Foro Económico Mundial en la Cumbre puede resultar en acciones de maquillaje frente a la crisis del sistema alimentario que irían en beneficio de las grandes corporaciones agroalimentarias y no al beneficio del planeta, de los campesinos y de los más afectados por la malnutrición. En un comentario, Olivier de Schutter, y otros dos relatores del derecho a la alimentación, explican “El sector privado, organizaciones al servicio del sector privado (en particular el Foro Económico Mundial), científicos y economistas iniciaron el proceso. La mesa se fijó con sus perspectivas, conocimientos, intereses y prejuicios. Los inversores y empresarios que trabajan en asociación con científicos enmarcaron la agenda, y se invitó a los gobiernos y actores de la sociedad civil a trabajar dentro de esos parámetros. Inevitablemente, eso ha significado un enfoque en lo que el pequeño grupo vio como soluciones escalables, favorables a la inversión, «que cambian el juego», el pan y la mantequilla de Davos. Leyendo entre líneas, esto significa sistemas agrícolas controlados por Inteligencia Artificial, edición de genes y otras soluciones de alta tecnología orientadas a la agricultura a gran escala” [2]. El modelo propuesto se niega a hablar de agroecología y de señalar a los productos ultraprocesados como la causa central de la epidemia global de obesidad, diabetes y enfermedades crónicas notransmisibles.

La designada encargada especial de la Cumbre, Agnes Kalibata, ha sido criticada por tener vínculos muy cercanos con la industria. Es presidenta de la Alianza por una Revolución Verde en Africa (Agra), una institución que los grupos de la sociedad civil señala que es “títere de la las corporaciones agroindustriales”.

En una carta escrita en 2020 al Secretario General y firmado por más de 500 organizaciones y movimientos sociales,[3] los firmantes critican la manera en la cual el involucramiento del Foro Económico Mundial pone en riesgo la legitimidad de la ONU y convierten el espacio de multilateralismo, hacia un modelo de multi-accionistas.

En la carta, los firmantes comentan que las Naciones Unidas tiene un comité que se llama el Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) que tiene el mandato del derecho a la alimentación y que está reconocido como el espacio en el ONU. Este Comité está reconocido históricamente como el organismo de Naciones Unidas más inclusivo porque tiene una estructura donde la sociedad civil participa de manera autónoma representada en el Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas. Este Mecanismo, durante años, ha jugado un papel fundamental en las actividades, negociaciones y desarrollo de recomendaciones del Comité de Seguridad Alimentaria.En este comité, la sociedad civil está formada por varios sectores que son los más afectados por el hambre y malnutrición, como los pequeños campesinos, creadores de ganado, los pueblos indígenas, consumidores, la gente sin tierra y comunidades urbanas en situación de inseguridad alimentaria. Es el CSA el que debería ser posicionado de manera central en este Cumbre para que sea una Cumbre inclusiva, para que los pequeños productores que producen 80 por ciento de los alimentos que nos nutren sean voces priorizadas, así como los más afectados por hambre  y no las transnacionales. El CSA ha sido hecho a un lado de su papel central a uno marginal para darle el paso a las corporaciones.

Los tres expertos en derechos humanos que son o han servido como relatores del derecho a la alimentación, declaran que el CSA ha quedado relegado de la Cumbre desde el inicio: “El Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) de Naciones Unidas tiene actualmente la estructura que los organizadores de la Cumbre han estado reconstruyendo apresuradamente: un espacio para discutir el futuro de los sistemas alimentarios, un compromiso global con el derecho a la alimentación, mecanismos para involucrar a la sociedad civil y el sector privado en sus propios términos, y un panel de expertos que proporcionan regularmente informes de vanguardia. En otras palabras, todo el mundo ya está en la mesa. La Cumbre ha desviado flagrantemente -y tal vez deliberadamente- la atención de los gobiernos del Comité de Seguridad Alimentaria” para quedar cooptada por las grandes corporaciones agroalimentarias.

Esto sucede en un escenario en que se requieren cambios profundos en el rumbo que lleva la humanidad, los propios objetivos de Naciones Unidas plantean que es urgente detener el cambio climático, la destrucción de la biodiversidad y la creciente desigualdad social. Para ello se requieren de sistemas alimentarios que: regeneren la tierra, devolviéndole su fertilidad; que dejen de emitir gases de efecto invernadero y se conviertan en sumideros de estos gases, que los atrapen; que den lugar a la producción diversificada de alimentos de acuerdo a las tradiciones culinarias regionales y que permitan recuperar la salud alimentaria atacada por este sistema alimentario actual que sostiene la producción de los ultraprocesados. Un sistema alimentario que proteja la salud del planeta y las personas, sustentado en la equidad.

[1] https://www.un.org/es/food-systems-summit/about

[2] https://www.ohchr.org/SP/Issues/poverty/Pages/OlivierDeSchutter.aspx

[3] https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2020/03/EN_Edited_draft-letter-UN-food-systems-summit_070220.pdf

Alejandro Calvillo

https://dev.sinembargo.mx/author/calvillo/

Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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