El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que «personas, organizaciones y empresa afines al antiguo régimen» han conformado un llamado buró jurídico para oponerse a las obras, acciones que su Gobierno impulsa. El mandatario llamó al Ministro presidente de la SCJN a investigar el actuar del Juez Juan Pablo Gómez Fierro, luego de que el juzgador detuviera la reforma a la Ley Eléctrica sólo 24 horas después de ser aprobada.
Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en una carta enviada al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, en que investigue al Juez Juan Pablo Gómez Fierro por haber amparado a quienes se oponen a su reforma conocida como “Ley CFE” o “Ley Eléctrica”.
“Sería lamentable el abuso y la prepotencia bajo la excusa del Estado de derecho, pues en honor a la verdad, quienes hoy invocan ese principio para preservar sus intereses han sido y quieren seguir siendo los violadores más tenaces de la Constitución y de las Leyes de la República”, dice en su carta.
Además de exigir que el Juez que frenó la Ley Eléctrica sea investigado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el Presidente denunció a dos personajes en particular: a Claudio X González Guajardo y al exministro José Ramón Cossío Díaz.
Del primero recordó que su padre y él participaron en la guerra sucia que llevó al fraude de 2006. Del segundo, dijo que cuando estuvo en la Suprema Corte votó en contra de varios proyectos que procuraban justicia para las víctimas, como los padres de la Guardería ABC; como Florence Cassez; como indígenas que luchaban contra una eólica. Y en el Caso Atenco, denunció López Obrador, Cossío se negó a responsabilizar a Eduardo Medina Mora y a Enrique Peña Nieto por los hechos violentos. Medina Mora fue Procurador de Justicia de la Nación cuando Peña era Gobernador del Estado de México.
En su carta, el mandatario acusó a X. González y a Cossío de conformar un buró jurídico para poner trabas a los proyectos de su administración.
«Esta clase de intereses corporativos que cuenta con el apoyo de la prensa proempresarial, nacional y extranjera, ha conformado un llamado buró jurídico para oponerse a las obras, acciones que hemos emprendido para la transformación del país, en este agrupamiento conservador y reaccionario destaca Claudio X. González, seudodefenseor de la sociedad civil, pero en realidad beneficiario, junto con su familia, de la política de privatización impuesta desde el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Entre ellos también se encuentra el exmnistro José Ramón Cossío, que cuando estuvo en funciones en el Poder Judicial, legalizó injusticias de grupos minoritarios y guardó silencio cómplice ante corruptelas», leyó hoy en su conferencia de prensa.
López Obrador calificó como «lamentable» que este tipo de intereses continúe como «los violadores más tenaces de la Constitución y de las leyes de la República».
«Sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía a causado al país, sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia bajo la excusa del Estado de Derecho, pues en honor a la verdad quienes convocan ese principio para preservar sus intereses han sido y quieren seguir siendo los violadores más tenaces de la Constitución y de las leyes de la República», dijo.
Sobre el Juez, López Obrador pidió al Consejo de la Judicatura dela Federación investigar si corresponde al juzgador otorgar el amparo contra la Ley CFE.
«De manera respetuosa y en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el consejo que usted preside determine e informe si la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no, resolver sobre este caso. Asimismo, y si mi petición el legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a acabo una investigación para esclarecer la actuación del Juez Gomez Fierro en este episodio».
El pasado 12 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que solicitaría al Consejo de la Judicatura Federal revisar el actuar del Juez de Distrito Juan Pablo Gómez Fierro, luego de que el juzgador detuviera la reforma a la Ley Eléctrica sólo 24 horas después de ser aprobada.
“Están muy molestos los dueños de las empresas extranjeras y también algunos mexicanos, pero la verdad es que estaban abusando vendiendo cara la energía eléctrica, recibiendo subsidio. Ellos fueron beneficiados con contratos leoninos“, aseguró el mandatario federal.
Tras ello, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito defendió que su único compromiso es con la Constitución y la independencia, esto luego de de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investigar al Juez que ordenó la suspensión de la llamada Ley Eléctrica.
La asociación opinó en un breve comunicado que las expresiones del mandatario federal ponen en duda la actuación de las y los juzgadores federales.
“La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, enfatiza que su único compromiso es con la Constitución y la Independencia para garantizar un efectivo Estado de Derecho”, señalaron las y los juzgadores.
El único compromiso de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF es con la Constitución y la independencia para garantizar un efectivo Estado de Derecho. pic.twitter.com/2pxEe5UoFh
— Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) March 12, 2021
La asociación está conformada por 65 por ciento de los juzgadores del país, según informó el director nacional Ariel Alberto Rojas Caballero, Juez del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, en una entrevista que dio en octubre de 2020 a la revista de actualidad jurídica El mundo del abogado.
Posteriormente, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que los jueces federales actúan con independencia y autonomía.
“Las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía. El CJF garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial”, aseguró Zaldívar en su cuenta de Twitter.
Las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía. El #CJF garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial.
— Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) March 13, 2021
LA POLÉMICA LEY
El 9 de marzo la Secretaría de Energía (Sener), publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LIE.
La reforma cambiará el criterio de despacho eléctrico para priorizar siempre la generación de las plantas viejas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables, además de revisar de forma retroactiva los contratos con el Gobierno.
Además, establece la obligación de que los permisos a que se refiere la LIE se encuentran sujetos a los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional emitidos por la Secretaría de Energía.
También precisa que el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias (CEL) no dependerá de la propiedad o la fecha de inicio de las operaciones comerciales en las centrales eléctricas y además elimina la obligatoriedad de comprar por subastas para el Suministrador de Servicios Básicos.
Luego de la entrada en vigor del decreto, la Sener, la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía dispondrán de “un plazo máximo de 180 días naturales” para realizar las modificaciones que sean necesarias a todos los acuerdos, resoluciones, lineamientos, políticas, criterios, manuales y demás instrumentos regulatorios expedidos en materia de energía eléctrica, con el fin de alinearlos.
Posteriormente, el Juez Segundo de Distrito en materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México ordenó suspender los efectos y consecuencias del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
