Desde que irrumpieron públicamente el 1 de enero de 1994 tomando por las armas las principales ciudades de Chiapas y declarando la guerra al mal Gobierno mexicano, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) dio muestras de que representaba un proyecto distinto y alternativo no sólo del sistema político liberal sino incluso de las guerrillas latinoamericanas.

Su proyecto político alternativo y de confrontación con el actual sistema político y económico quedó plasmado claramente en la primera Declaración de la Selva Lacandona donde plantearon 11 demandas básicas para los pueblos indígenas y para toda la sociedad mexicana: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz.

Desde su irrupción armada, y luego en la primeras negociaciones en la catedral de San Cristóbal de las Casas y en su tránsito hacia constituirse como comunidades que se autogobiernan, el neo zapatismo desplegó una pedagogía política que confirmaba su coherencia entre su discurso y sus actos.

Un buen ejemplo de esta pedagogía política alternativa son los Acuerdos de San Andrés que el EZLN firmó con el Estado mexicano, representado en ese entonces por el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, que terminó traicionando su palabra y su firma al incumplir dichos acuerdos.

El pasado 16 de febrero se cumplieron 25 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés y la fecha es una buena oportunidad para recordar la importancia de dicho documento y lo que representaron y siguen representando no sólo para las comunidades mayas organizadas en torno al EZLN sino como horizonte de lucha y emancipación para las comunidades y pueblos indígenas de todo el país.

Los acuerdos de San Andrés son importantes no sólo por lo que contienen, sino por el proceso en cómo se llegó a ellos y este proceso es parte de esa pedagogía política del EZLN.

A diferencia de otras fuerzas políticas en armas que regularmente hablan por sí mismos en proceso de diálogo o negociación con el Estado con el cual están confrontados, el proceso de negociación que se abrió entre el Gobierno de Ernesto Zedillo y el EZLN en 1995 fue aprovechado por el zapatismo para poner a disposición de todos los pueblos indígenas y de la sociedad civil nacional la mesa de debate abierta con las autoridades.

El EZLN concretó esta apertura invitando a representantes de distintos pueblos indígenas del país y conformando un grupo de asesores integrado por destacados profesores, investigadores, activistas y militantes.

Gracias a ello el proceso de negociación con el Gobierno de Zedillo no fue sólo con el EZLN sino con todos los pueblos indios y una buena parte de la sociedad civil mexicana. Los mismos zapatistas lo explicaron en un comunicado que dieron a conocer el 15 de febrero de 1995, un día antes de la firma del documento: “San Andrés es el espacio de una estrategia más amplia de transformación profunda de las relaciones entre los mexicanos. La conclusión de la actual fase es sólo el punto y seguido de una lucha creciente en donde los actores principales no están directamente sentados a la mesa, sino latiendo al unísono de una negociación que el EZLN ha convertido en un diálogo de nuevo tipo, apoyado en sectores diversos del espectro social, que reflejan la riqueza y variedad de la sociedad civil mexicana”.

Los diálogos de San Andrés, llamados así por el pueblo de Chiapas donde se llevó a cabo la negociación, contemplaban cuatro temas: 1) Derechos y cultura indígenas; 2) democracia y justicia; 3) bienestar y desarrollo y finalmente; 4) derechos de la mujer en Chiapas. Al final sólo se alcanzaron acuerdos sobre “Derechos y cultura indígenas”, y el resto de los temas y acuerdos no alcanzaron a discutirse. El compromiso del Gobierno federal es que lo acordado en San Andrés se traduciría en cambios constitucionales para que los derechos de los pueblos indígenas fueran reconocidos y respetados.

Pero casi cinco años después, ya en el Gobierno de Vicente Fox Quesada, la clase política profesional representada por legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) dieron la espalda a los compromisos y traicionaron los acuerdos de San Andrés.

Desde esa fecha el EZLN ya no tiene trato con representantes del Estado mexicano. La traición a los acuerdos de San Andrés fue la confirmación de que mediante negociaciones con una clase política y representantes de los poderes públicos que no respetan su palabra no se alcanzarían las demandas de justicia y dignidad que exigen los pueblos indígenas. A partir de entonces el EZLN y otras comunidades y pueblos tratan de llevar a la práctica las demandas de justicia, paz y libertad que están en el horizonte de los acuerdos de San Andrés, con independencia de los gobiernos constituidos. De facto, están ejerciendo su autonomía.

Así lo hace el EZLN con sus municipios rebeldes autónomos, sus Juntas de Buen Gobierno y con los Caracoles zapatistas. Pero lo mismo hacen pueblos de la meseta purépecha como Cherán, o la comunidad nahua de Ostula en la costa Michoacana. Al igual que los wixárikas en la sierra norte de Jalisco, colindante con los estados de Nayarit y Durango. Los derechos de los pueblos y la autodeterminación que contienen los acuerdos de San Andrés también son el fundamento con el que se inspiran asambleas comunales como Mezcala y San Francisco Ixcatán (ambas en Jalisco) para dotarse de estatutos comunales que rigen sus relaciones políticas y sociales.

En suma, a pesar de que no fueron respetados ni llevados a la Constitución, como se comprometió el Estado a hacerlo, los acuerdos de San Andrés son llevados a la práctica por decenas de pueblos originarios. Como declaró el extinto subcomandante Marcos en una entrevista para Gloria Muñoz: “Hay un tiempo para pedir, otro para exigir y otro para ejercer”. Para el EZLN, y otros pueblos, el tiempo de pedir y exigir ya pasó y ahora están ejerciendo su autonomía.

A la par de los contenidos programáticos que contienen los Acuerdos de San Andrés, el proceso de diálogo dio pasó también a un proceso organizativo de los pueblos que confluyó en el nacimiento del Congreso Nacional Indígena en octubre de 1996 y 20 años después en la integración del Concejo Indígena de Gobierno que promovió la candidatura presidencial independiente de la vocera María de Jesús Patricio.

En el fondo, la traición de los sucesivos gobiernos llevó a los pueblos indígenas y a sus organizaciones a confiar en sus propias fuerzas. Como escribieron los mismos zapatistas en el comunicado del 15 de febrero de 1995: “Hermanos: Un sistema político injusto y criminal, el sistema político mexicano, obligó a un grupo de ciudadanos, mayoritariamente indígenas, a empuñar las armas para hacerse oír y para llamar la atención sobre los graves problemas de los pueblos indígenas de México. La vía política para el diálogo y la solución de las principales demandas del pueblo mexicano no vendrán del supremo Gobierno, sino de la sociedad civil, las organizaciones sociales y políticas independientes. La paz nueva, la que necesitamos los mexicanos, la que merecemos, vendrá de nosotros mismos, de nuestro empeño, de nuestra esperanza”. Y así lo han hecho tanto los zapatistas como otros pueblos indígenas, tratar de combatir el injusto sistema político y económico, y construir “la paz nueva” por sí mismos, con sus propias fuerzas, caminando hacia la autonomía y la emancipación.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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